La sumatoria de percances en el servicio de las aerolíneas lowcost no cesan: días atrás, pasajeros de Flybondi criticaron en las redes sociales a la empresa tras la cancelación de seis vuelos por fallas electromecánicas en dos de sus aviones, que quedaron varados en el aeropuerto El Palomar. Fueron 1.500 los usuarios que quedaron en tierra en medio de largas demoras. El 29 de diciembre, en tanto, un avión de la misma compañía tuvo un incidente cuando un vuelo procedente de Asunción tuvo que ser desviado de emergencia al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó con una de sus ruedas destrozadas.

Al igual que otras firmas de bajo costo como Norwegian y JetSmart, Flybondi funciona gracias a la política aerocomercial del gobierno nacional, encabezada por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, de abrirle paso a este tipo de empresas. Los gremios del sector se oponen porque sostienen que los bajos costos son posibles por la precarización laboral y de las condiciones de infraestructura de esos servicios, que redunda en situaciones de riesgos.

“Cuando se habla de empresas de bajo costo, el que termina pagando ese bajo costo finalmente es en gran parte el usuario, y por otro lado también los trabajadores, que tienen que poner la cara ante los pasajeros sin contar con los recursos adecuados”, afirmó a Contexto Juan Pablo Mazzieri, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Mazzieri: “el que termina pagando el bajo costo de las empresas aéreas finalmente es en gran parte el usuario, y por otro lado también los trabajadores”.

El gremialista explicó que la lógica de las lowcost es reducir costos a partir de achicar personal, lo que conlleva, entre otros factores, a tener un menor plantel de mantenimiento acorde al volumen de las operaciones que llevan a cabo. “Las fallas en sí no son un problema, el tema es la carencia de estructura técnica y de operaciones que presentan estas empresas a la hora de responder a eventualidades”, señaló.

En este sentido, de la mano del apoyo del gobierno, el alcance de los vuelos de Flybondi creció durante su primer año en las rutas áreas. Según un informe de Chequeado, de acuerdo con datos oficiales de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), “en 2018 volaron por Flybondi 865 mil pasajeros en vuelos de cabotaje”. Ese número representa cerca de un 6% del total de pasajeros dentro del país.

Otro dato que arroja ese informe es que por los vuelos de Flybondi aumentaron los vuelos desde y hacia el aeropuerto El Palomar, en el oeste del Conurbano bonaerense. “En 2017 hubo 63 vuelos comerciales que despegaron o aterrizaron en dicho aeropuerto y en 2018 el número subió a más de 5.300. Así, mientras en 2017 ocupó el puesto 43° dentro de los aeropuertos nacionales con más vuelos comerciales, en 2018 subió al puesto 14°”.

De la mano de ese crecimiento comercial ocurren los incidentes y las demoras que generan el fastidio de los usuarios. Esos inconvenientes se explican por la precariedad del servicio prestado.

“Flybondi no tiene servicio de mantenimiento en las escalas en las que opera, entonces en caso de que haya fallas en esas escalas, la nave queda fuera de servicio y tienen que mandar personal para que la repare, con la demora que eso implica”, apuntó Mazzieri.

El aumento en las ganancias de estas empresas a lo largo del último año también ha ido de la mano de la disputa del gobierno con las organizaciones gremiales, que remarcan que no se oponen a la generación de nuevos puestos de trabajo pero sí al modelo laboral impuesto por el gobierno a través de Flybondi. “En la aviación, la desregulación laboral viene de la mano con la seguridad operacional”, repite Pablo Biro, titular de APLA, en sus declaraciones durante los conflictos con el gobierno.

La estrategia del gobierno ha ido por dos líneas. Por un lado, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, oficializó la creación de la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi Línea Aéreas, como un plan para excluir de las discusiones a los gremios aeronáuticos con los que mantiene una larga e intensa disputa. A su vez, Sica le otorgó “categoría 1” a la flamante asociación, lo que le permite negociar paritarias.

Por otro lado, Dietrich autorizó a que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitiera el año pasado una resolución que otorgaba de manera expedita la autorización a pilotos extranjeros para comandar aeronaves en la Argentina. Las medidas de fuerza de los gremios hicieron que la resolución quedase sin efecto.

En este punto, Mazziere afirmó: “El gobierno ha desatado en los últimos dos años un ataque constante hacia los trabajadores organizados, y lo que busca permanentemente es desarticular a las organizaciones sindicales porque ve que ese es su problema. Entonces opera para formar gremios amarillos favorables a las empresas o en pos de la apertura de licencias a extranjeras para romper medidas sindicales”.

“Pero el problema no somos los gremios, es la falta de planificación de la política aerocomercial del gobierno, cuyas consecuencias las pagan los usuarios y los trabajadores”, concluyó.