Ni bien comenzó el año, el intendente Julio Garro avanzó con el vaciamiento de la Dirección General de Niñez y Adolescencia que depende de la Secretaría de Desarrollo Social. Fue a través de seis despidos de trabajadores y trabajadoras que se desempeñaban en su mayoría en el servicio local de Altos de San Lorenzo, en condiciones laborales precarias. Desde que se efectivizó la medida, hubo reclamos en la sede central de calle 59 y en la Municipalidad, a lo que se sumó el rechazo de sectores políticos de la oposición local.

Los repudios a la decisión del intendente han ido en aumento. Ayer, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana publicó un comunicado donde expresaron su “repudio y preocupación ante el abandono y el desmantelamiento” de la Dirección. “Es irresponsable, por parte del gobierno de Cambiemos, tomar una decisión como esta en un contexto donde la crisis económica no para de profundizarse y de golpear cada vez peor a los más desprotegidos”, afirmaron desde el espacio que encabeza Gastón Castagneto.

El gobierno se mantiene en su posición de no dar marcha atrás con las cesantías. “No hemos tenido ninguna respuesta del Ejecutivo. Seguimos pidiendo reuniones para discutir el tema, pero no han abierto ningún ámbito serio de discusión ni por los despidos, ni por las condiciones de trabajo ni por la implementación de la Ley N° 13.098 de Niñez y Adolescencia”, dijo a Contexto Germán Mogilner, empleado de la comuna y secretario de finanzas de ATE Buenos Aires, quien responsabilizó al intendente Julio Garro y al secretario de Desarrollo Social, Raúl Cadaa.

Mogilner: «Seguimos pidiendo reuniones para discutir el tema, pero no han abierto ningún ámbito serio de discusión».

La particularidad de esta Dirección de Niñez y Adolescencia, que funciona desde 2009, es trabajar de modo interdisciplinar en la promoción y defensa de los derechos de niños y adolescentes, de acuerdo con lo que establece la Ley provincial N° 13.298 de Promoción y protección integral de los derechos de los niños.

Tiene una marcada presencia en los barrios, donde la crisis golpea de modo más crudo a los sectores más vulnerados. Allí trabajan en equipo y en estrecha relación con escuelas y unidades de salud, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, docentes y abogados/as, con dos mil casos a diario que abordan el no acceso a derechos esenciales como educación, salud y vivienda. Situaciones de violencia y de adicciones también son corrientes.

Además del aspecto social del conflicto, el recorte deja sin trabajo a seis trabajadores y trabajadoras que desde hace tiempo venían reclamando por mejoras en sus condiciones laborales. Falta de personal y de recursos materiales y edilicios afectan la calidad de su trabajo.

En La Plata, en total son ochenta empleados, incluidos los del programa educativo Envión, entre la sede central y los servicios barriales, de los cuales sólo siete están en planta permanente y los demás contratados.

Desde el bloque de concejales opositor también refirieron a estos pedidos de los trabajadores y las trabajadoras ante la “falta de insumos, deterioros edilicios y la ausencia de otros recursos necesarios para brindar un servicio adecuado”.

“Dichas personas se encuentran en un justo reclamo debido a que el intendente Julio Garro decidió no renovar sus vínculos contractuales, deteriorando aún más el acompañamiento del Estado hacia los sectores de la sociedad que más lo necesitan”, concluyeron.

ATE había organizado un reclamo en la puerta de la Municipalidad para ayer a la mañana que se suspendió por la lluvia. El gremio lo pasó para el próximo martes. Participarán trescientos chicos y chicas de las barriadas platenses en actividades artísticas y culturales.