Los operativos ordenados por Julio Garro para barrer de la ciudad de La Plata a vendedores y vendedoras ambulantes volvieron a mostrar su peor cara con un reciente atropello a un migrante senegalés esta semana. El hecho tuvo lugar el último martes en calle 59, donde un grupo de la Policía Local junto a Control Urbano hostigó y secuestró la mercadería de un hombre de 38 años que estaba con su manta.

La noticia no tardó en llegar a la colectividad local y los organismos de derechos humanos y asociaciones civiles por los derechos de los migrantes, que volvieron a denunciar la violencia con que se aplican reprimendas y, muchas veces, traslados a comisarías.

“El martes empezaron a hacer operativos en la calle y los hacen como se les da la gana, eso es lo que más nos molesta. En este caso, bajaron cinco oficiales de Control Urbano, le sacaron las cosas sin decirle nada y se fueron. No es la manera. Él estaba ahí para trabajar”, dijo a Contexto Cheikh Guaye, miembro de la comunidad senegalesa y pariente del vendedor perseguido.

“Sabemos que lo que nosotros hacemos es una contravención, no un delito. Somos responsables, somos padres de familia. No vamos a cometer delitos para que el día de mañana nos manden a la cárcel. Lo único que podemos hacer es la venta ambulante. Pero no nos respetan como trabajadores”, expresó Guaye, quien volvió a hacer foco sobre el explícito sesgo racista que exponen los operativos.

Guaye repudió el rol de la Policía Local platense que, sin intención de fortalecer el vínculo con la comunidad para el que fue concebida, recae en las mismas lógicas de persecución que el resto de las fuerzas.

“Lo más triste es lo que hace la Policía Local. La labor de ellos sería estar entre Control Urbano y el vendedor. Ellos vienen, insultan y golpean igual que Control Urbano, como si fuéramos esclavos. No nos respetan como personas”, agregó el trabajador senegalés.

Por su parte, la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes, nucleada en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, ya emitió un comunicado para repudiar el retorno de estas prácticas, en pleno contexto electoral y de avance contra los derechos humanos.

“Repudiamos el accionar de los funcionarios públicos contra los trabajadores ambulantes los días 22 y 23 de enero y convocamos a las organizaciones de la sociedad civil y al público en general a estar alertas por cualquier práctica xenófoba y discriminatoria que pueda surgir”, expresó la Coordinadora, y agregó: “Es preocupante cómo en este contexto, en lugar de generar las condiciones para las personas que necesitan trabajar para llevar los alimentos a sus hogares, el gobierno municipal, con una insensibilidad estricta, los criminalice”.

Cabe destacar que durante 2018, en el marco del Día de los Refugiados (20 de junio), Amnistía Internacional Argentina emitió un comunicado de profunda preocupación por la escalada de violencia provocada por las fuerzas de seguridad hacia el colectivo de migrantes senegaleses desde 2016, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en La Plata, y en localidades del Conurbano bonaerense sur.

En tanto, la Coordinadora de Migrantes apuntó contra las condiciones de pobreza y exclusión en que se encuentra la ciudad de La Plata y la vulnerabilidad laboral en la que recaen los sectores más marginales.

“Nuestra ciudad cuenta con uno de los cordones frutihortícolas más importantes de la provincia de Buenos Aires, donde el trabajo migrante es fundamental para producir los alimentos de millones de habitantes; sin embargo, a causa de las políticas económicas que viene llevando a cabo el gobierno nacional, el Gran La Plata (según los datos del INDEC del primer semestre de 2018) ocupa el tercer lugar en cuanto a pobreza e indigencia: El 30% de los habitantes son pobres”, expresaron.