Día a día, los hechos parecen consolidar la hipótesis que señala que el gobierno de Estados Unidos pretende repetir en Venezuela la estrategia llevada adelante en Libia: provocar un fin antidemocrático y extremadamente violento de la Revolución Bolivariana.

Para recuperar el control sobre los recursos naturales de Venezuela (el país con mayores reservas petroleras del mundo) y extender ese dominio en el tiempo, el gobierno norteamericano y sus socios necesitan erradicar todo vestigio de chavismo, cuyo núcleo duro representa una clara mayoría electoral y, aunque pudiera perder una elección, podría recomponerse y recuperar el control en el siguiente proceso electoral.

Sólo en ese marco se entiende la dilapidación que la derecha venezolana hizo del caudal electoral que le permitió un contundente triunfo de las elecciones legislativas de diciembre de 2015, como así también su negativa a firmar el acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo con el gobierno. Acuerdo por el cual, a pedido de la oposición, se había decidido adelantar las elecciones, que debían realizarse en diciembre de 2018, y llevarlas a mayo de ese mismo año.

En aquel momento, cuando estaba todo listo para la firma del acuerdo, del que había sido mediador el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, la oposición se retiró abruptamente de la Mesa de Diálogo y se negó a firmar lo pactado. Tiempo después se sabría que una llamada desde Bogotá, donde estaba reunido el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos y el entonces secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, fue fundamental para que la oposición decidiera dejar de lado el camino del diálogo y las vías democráticas.

La última jugada de la derecha, realizada este 23 de enero, fue que el presidente de la Asamblea Nacional (órgano que se encuentra en desacato y por lo cual todas sus funciones son nulas), Juan Guaidó, se autojuramente como “presidente interino” de Venezuela. Además de ser una medida inconstitucional, la acción representa el delito de usurpación de funciones y, por lo tanto, un claro intento de golpe de Estado.

El 20 de mayo de 2018, en elecciones libres, abiertas, con gran participación popular y control de veedores internacionales, el pueblo de Venezuela eligió a Nicolás Maduro como presidente de la República para el período 2019-2025. Como marca la Constitución, el 10 de enero de 2019, Maduro prestó juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia (dado que la Asamblea Nacional continúa en desacato). Estados Unidos y un reducido conjunto de países serviles a sus intereses, en particular los que integran el autodenominado Grupo de Lima (con la excepción de México), anunciaron que desconocerían al gobierno de Nicolás Maduro y, por ende, también a la voluntad popular del pueblo de Venezuela expresada en las urnas. Un ataque al derecho de autodeterminación de los pueblos y un claro acto de injerencia en los asuntos internos de otros países, lo que es claramente violatorio del derecho internacional.

Mediante mensajes públicos -y estrategias en las sombras- el gobierno norteamericano llamó al pueblo de Venezuela, a la oposición y a los militares a dar un golpe de Estado contra el legítimo gobierno venezolano. El video del vicepresidente Mike Pence que circuló por las redes sociales y por WhatsApp fue un claro ejemplo de ello.

Como consecuencia de esta actitud golpista y de la clara injerencia en los asuntos internos de Venezuela, el presidente Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Donald Trump.

Con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, Estados Unidos y los actores locales y regionales de la derecha cierran cada vez más los caminos para un posible diálogo, clausuran todo espacio para transitar la vía democrática.

El plan parece ser repetir la estrategia llevada adelante en Libia. Sobre ese país del norte de África, los medios construyeron un discurso totalmente falso para demonizar al entonces presidente Muamar el Gadafi. Tras la construcción de una imagen satanizada del líder norafricano, Estados Unidos y sus cómplices europeos de la OTAN robaron los fondos que el gobierno libio tenía en bancos extranjeros y luego, tras inventar un falso ataque a manifestantes en la Plaza Verde, Trípoli, el gobierno norteamericano y los mercenarios a su servicio invadieron Libia, asesinaron a Gadafi y destruyeron todo el país quedándose con el control del petróleo y dejando el territorio en las manos de los diversos grupos mercenarios que ahora lo asolan.

Libia era el país con mejor nivel de vida de la región. Hoy, tras la invasión norteamericana, que según afirmaban iban a “llevar paz, democracia y libertad al pueblo libio”, se transformó en un infierno de muerte, tráfico de personas para la esclavitud y la prostitución, y todo tipo de aberraciones. Un país que había logrado un alto nivel de vida hoy se ha convertido en un infierno del que su pueblo huye con desesperación.

El sueño de convertir Venezuela en una nueva Libia ronda en la cabeza de los halcones de Washington. Sólo la unidad del pueblo de Venezuela y de toda la Patria Grande podrá evitar que esa pesadilla se convierta en realidad.