Por Carlos Ciappina

¿Demócratas en contra de la democracia?

¿Qué es lo que se discute en Venezuela? Si hay un gobierno votado por millones de personas, ¿cómo puede haber un coro tan extenso que habla de “régimen” y solicita el golpe –institucional o militar– cuando las instituciones funcionan a tal punto que la Asamblea Nacional es opositora habiendo sido electa también por el voto popular?

Para no enredarnos con las palabras, digamos que en las repúblicas latinoamericanas la definición de democracia no debe verse como una cuestión referida al funcionamiento institucional sino vinculada al sentido de las políticas que un gobierno democrático lleva adelante.

Si las políticas de un gobierno electo por el voto popular se orientan hacia la ampliación de derechos civiles, las mejoras en las condiciones de vida populares, la reglamentación, orientación y conducción del proceso económico no por parte de las empresas sino a cargo del Estado democrático, si las políticas públicas amplían la educación y la salud desmercantilizadas, si se intenta democratizar la palabra y ampliar las modalidades de la comunicación social, y si, en última instancia, se busca rebalancear sociedades donde impera desde hace siglos una desigualdad e inequidad profundas, entonces esos gobiernos serán catalogados como “regímenes”, sus líderes como “caudillos populistas” y su situación política como una “dictadura”. No importa en absoluto si –como en el caso de Allende en Chile, Bosch en República Dominicana, Dilma Rousseff en Brasil o ahora Maduro en Venezuela– las instituciones republicanas funcionan en plenitud o millones de personas han votado a esos gobiernos: son sus políticas populares –no su calidad institucional– lo que las élites económicas, junto a los medios de comunicación y los Estados Unidos, evalúan como antidemocráticas.

Por el contrario, si los gobiernos electos llevan adelante políticas elitistas, de transferencia de ingresos masivas desde los sectores populares hacia las élites económicas, si son las grandes empresas las que están a cargo de definir la economía del país según sus propios intereses, si los derechos civiles se restringen y las condiciones de salud y educación empeoran, ninguno de los sectores elitistas señalará a esos gobiernos como “regímenes antidemocráticos”. Más aún, graves violaciones institucionales y a los derechos humanos cometidos por gobiernos electos por el voto (pensemos en la Colombia desde la década de los sesenta hasta hoy, el interinato de Temer en Brasil o los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala) no han significado nunca que se los denominara desde los medios de comunicación como “regímenes antidemocráticos”.

Así, en el caso latinoamericano, debemos manejarnos con cuidado cuando hablamos de democracia y/o autoritarismo. Debemos tener muy presente que para el establishment comunicacional, político y económico, mejores condiciones de vida para los sectores tradicionalmente excluidos de la fiesta capitalista significa “regímenes autoritarios”, y que los gobiernos que buscan sostener y profundizar el orden desigual en el continente son “democracias republicanas”.

Porque, en definitiva, las élites económico-sociales y sus representaciones mediático-comunicacionales en América Latina consideran “democrático” aquel gobierno que permite continuar y ampliar el proceso de acumulación capitalista para ellas mismas. En ese sentido, la tan mentada “democratización de las derechas” que se propuso para hablar de los gobiernos post-Caída del muro de Berlín en América Latina no deja de ser una ilusión: ¿democracia? –nos dicen–, sí, pero si no se afectan los modos de acumulación de capital y ganancias siderales de las que venimos disfrutando hace décadas.

Entonces, cuando los sectores y gobiernos populares hablan de democracia, hablan de un proceso de redistribución creciente de bienes reales y simbólicos, del poder y de la participación. Cuando los que hablan de democracia son las élites, hablan de sostener y aumentar la distancia con los sectores populares.

La misma palabra representa dos objetivos diferentes y hasta opuestos. Hecha esta primera y fundamental salvedad, revisemos lo que pasa en Venezuela hoy.

OEA, derechas y Estados Unidos: la vieja y nueva Triple Alianza con un cuarto miembro: los medios masivos de comunicación

No por ser repetido deja de asombrarnos y enojarnos que los viejos recursos imperialistas, atacando un proyecto nacional y popular en nuestra América Latina, sigan repitiendo los modos más desvergonzados del intervencionismo: la “crisis” venezolana actual –como si los demás países latinoamericanos, con tasas de pobreza, indigencia, mortalidad infantil, desempleo y endeudamiento externo galopantes estuvieran nadando en la abundancia y el desarrollo económico-social– es la representación de procesos que ya vimos en Cuba 1960 (con un estrepitoso fracaso imperialista), en República Dominicana 1965 (con el derrocamiento del presidente democrático Bosch), en 1973 en Chile con el derrocamiento de Salvador Allende, en Argentina en 1976 con el derrocamiento del tercer gobierno peronista, en Nicaragüa 1979-1990 (con el sostenimiento de una milicia paramilitar como los CONTRA, que atacaba al gobierno democrático del FSLN), en Honduras 2009 con el golpe de Estado contra el mandatario legal y democrático Zelaya, en el Paraguay de 2012 con el derrocamiento del presidente democrático Fernando Lugo, y en Brasil de 2016 con el derrocamiento de Dilma Rousseff (y la lista sigue hacia atrás y adelante).

El procedimiento, no por conocido, debe dejar de desenmascararse: gobiernos democráticos, con apoyo popular, en muchos casos triunfantes luego de dejar atrás dictaduras sangrientas, son tildados de “antidemocráticos” por los medios de prensa hegemónicos. A partir de allí, la OEA reúne a varios países latinoamericanos y les transmite la posición norteamericana sobre ese gobierno, y el grupo de civiles y/o militares elitistas y oligárquicos del país seleccionado para intervenir se erigen en la “oposición democrática”.

De allí al golpe de Estado hay un paso: la prensa hegemónica internacional martilla una y otra vez contra las “atrocidades” del que comienza a llamarse “régimen” y los cancilleres de la OEA comienzan a expresarse públicamente contra el gobierno democráticamente electo. Antes, el golpe lo daban las Fuerzas Armadas, y OEA, medios hegemónicos y los Estados Unidos reconocían rápidamente al nuevo gobierno surgido de las bayonetas. Hoy –no sabemos por cuanto tiempo– hay una cierta “sutileza”: se busca uno de los poderes del Estado que esté en manos de la oposición o sea cómplice de la estrategia de las élites junto a la OEA y los Estados Unidos y se la erige en la verdadera “institución democrática”.

¿Casos recientes? En Honduras fue la Corte Suprema la que abrió la puerta para la destitución de Zelaya en 2009; en Paraguay fue el vicepresidente y el Parlamento quienes destituyeron en forma exprés al presidente Lugo; en Brasil fue el Parlamento y el vicepresidente quienes destituyeron en una parodia de proceso político-parlamentario a Dilma Rousseff.

Como puede apreciarse, no hay en este procedimiento nada de “democrático”: nadie vota (al contrario, son los votados a quienes se expulsa del poder) y quienes ejercen el cargo supremo de la República en cada caso no surgen del voto popular sino que ocupan el cargo interinamente hasta que pueda amañarse una nueva elección sin los líderes populares. Burdo, ¿no? Sí, pero ocurre, y está ocurriendo hoy, ante nuestros ojos, en Venezuela.

Veamos los pergaminos democráticos de los actuales adalides de la democracia que buscan reencauzar el “régimen” venezolano: primero, los propios Estados Unidos, país de interminables injerencias e invasiones por todo el mundo. Según el propio presidente del Estado Mayor norteamericano, los Estados Unidos tienen tropas en 177 países del mundo (de un total de 205 países) y participa hoy de conflictos armados en Irak, Siria, Afganistán, Yemen, Somalía, Libia, Niger, pero, más increíble aún, la potencia que señala con el dedo a Venezuela tiene un número no determinado de centros de detención clandestinos en diversos países del mundo donde están detenidos sin juicio y sin condena –en una situación de absoluta violación de derechos humanos– a cientos de presuntos terroristas. Está perfectamente documentado que en la base norteamericana de Guantánamo (en territorio usurpado a Cuba) hay detenidos sin juicio ni condena, que han pasado por ella más de ochocientos detenidos ilegales (muchos de ellos menores de edad). Todo ese sistema de detenciones ilegales funciona ante los ojos de toda América Latina y sin embargo, para la OEA del señor Almagro, “el régimen” es la Venezuela de Maduro.

Pasemos a los otros –en muchos casos muy recientes– “demócratas”, en especial del llamado Grupo de Lima. El grupo se creó para “encontrar salidas a la crisis de Venezuela”, eufemismo que esconde la forma de expulsar al presidente democráticamente electo bajo el paraguas de una intervención de la OEA apoyada por los Estados Unidos. ¿Quiénes conforman este grupo? El gobierno de Brasil (primero de Michel Temer, golpista de Dilma Rousseff y encarcelador de Lula da Silva, quien, en elecciones con el principal candidato a ganar preso, le otorgó el gobierno a Jair Bolsonaro, un fascista, racista y homófobo declarado). El gobierno argentino, bajo el mando de Mauricio Macri, que cuenta con presos/as políticos/as desde los primeros días de su mandato; que adeuda explicaciones sobre asesinatos de militantes pacíficos en diversos puntos del país; el presidente colombiano Iván Duque Márquez, bajo cuyo mandato –y sin ninguna resolución por parte de las autoridades– fueron asesinados 226 líderes sociales y de derechos humanos sólo en 2018; el presidente Piñera de Chile, quien considera que Pinochet no terminó la democracia sino que fue Salvador Allende, y quien ha militarizado la Araucanía chilena con asesinatos impunes de jóvenes mapuches y apresamientos de dudosa legalidad; el presidente de Honduras que fuera reelecto en un proceso de denuncia de fraude tal, que hasta Almagro tuvo que decir que algo no había funcionado correctamente en las elecciones. En fin, como podrá apreciarse, los pergaminos democráticos del Grupo de Lima son muy endebles (sin dejar de mencionar que el actual presidente de México se ha negado a firmar las declaraciones de este grupo, quitándole el apoyo del segundo país de América Latina en población y peso económico).

La situación de la OEA es quizás mucho más vergonzosa: su titular, el señor Luis Almagro, no tiene ningún problema en declarar frente a cuanto micrófono que al presidente de Venezuela hay que derrocarlo y que allí hay una dictadura. Sin siquiera tener el pudor de esperar que los países de la OEA se reúnan, el secretario general tiene un discurso destituyente y golpista que compite con las declaraciones del propio Donald Trump –y eso ya es mucho decir–. Tan grave es su compromiso golpista que su partido de origen en el Uruguay –el Frente Amplio en el gobierno– lo ha expulsado de sus filas por considerar que su posicionamiento es profundamente antidemocrático.

Para completar el cuadro de presión sobre el gobierno legal y legítimo de Venezuela, un grupo de expresidentes de América Latina tuvo la impertinencia de salirle al cruce al papa Francisco pues se atrevió –en su calidad de líder religioso– a pedir por la paz y la reconciliación en Nicaragüa y Venezuela: expresidentes del perfil de Fernando De La Rúa, Álvaro Uribe, Juan Carlos Wasmosy, Vicente Fox, Cesar Gaviría… todos del arco de las derechas conservadoras en la región, dejaron en claro que ningún mensaje que no sea el golpe será bienvenido.

La democracia en Venezuela: presente y futuro

Lo que se disputa hoy en Venezuela no es, por lo tanto, la calidad institucional de su democracia, sino la capacidad que ha tenido la revolución bolivariana (con Chávez y Maduro) de limitar la superfabulosa renta de las empresas capitalistas petroleras y redireccionar esa renta desde el Estado hacia la mejora en las condiciones de vida de millones de venezolanos.

¿Qué debería ocurrir en Venezuela? En principio, con un recientemente electo presidente en un proceso electoral limpio y masivo, no debería ocurrir nada y el mandatario elegido por el pueblo venezolano debería transcurrir su período de gobierno hasta 2025. No es lo que piensan la OEA, los Estados Unidos y la derecha venezolana.

El problema de la estrategia de la derecha (en Venezuela y hacia el exterior) es que cada vez que se ha votado (y siempre ha sido con el sistema electoral más transparente del mundo, según el propio Jimmy Carter) ha triunfado el candidato chavista. Ese apoyo popular está lejos de haberse diluido, sobre todo porque la “oposición democrática” es un variopinto conglomerado de millonarios y empresarios a los que se les nota demasiado su sed de revancha de clase.

Lejos de los deseos de los Estados Unidos, la OEA y los medios de comunicación, ese apoyo popular no ha desaparecido y se sostiene.

Lo mismo ocurre con el apoyo y reconocimiento internacional: más allá de la esperable y reprobable conducta de la OEA y los países genuflexos a la política exterior norteamericana (y sus aliados europeos), 112 países del mundo han reconocido al gobierno democrático de Maduro, entre ellos la primera potencia mundial (China) y la tercera potencia militar mundial (Rusia). Venezuela no está asilada como nos lo quieren mostrar los medios masivos.

Sin un consenso interno y externo antibolivariano, las maniobras, las noticias con título catástrofe, los llamados al golpe y las operaciones de la OEA se estrellan permanentemente contra una verdad inamovible: el pueblo venezolano continúa apoyando –aún con todas las dificultades que existen y son reales– el proyecto bolivariano. Allí radica la fortaleza de un proceso político que está lejos de haber agotado sus potencialidades.