Por Bruno Inchausti

Sobre calle 8, en pleno centro platense, donde se amontonan las tiendas de ropa, artículos electrónicos y casas de comida, los potenciales compradores pululan casi arrastrándose perdiendo sus miradas en las vidrieras coloridas. Van y vienen, por una y otra vereda, y en su andar también esquivan las mantas de quienes se dedican a la venta ambulante. Senegaleses que se alternan cada tanto desplegando su arsenal de anteojos de sol, gorros, gorras, cintos y una gran variedad de bijouterie. Artesanos que ofrecen palo santo, pipas y algunos juegos de ingenio. Mientras que en el aire el olor a algodón de azúcar se mezcla con la polución que flota.  Repentinamente el murmullo de ese hormiguero de personas se interrumpe por los chiflidos que crecen desde 8 y 47. Es una señal que al parecer sólo los senegaleses alertan, y con una velocidad inusitada toda su mercadería desaparece dentro de unos bolsones azules. Corren y encuentran solidaridad en los puestos de revistas y flores para esconder todo. Por la esquina aparecen las patrullas verdes de Control Urbano y parece que solamente vinieran por ellos.

La llegada de Control Urbano no sólo implica el decomiso de la mercadería ante la falta de las facturas correspondientes. También acarrea una situación de hostigamiento y violencia, con un componente de xenofobia y racismo. La distancia idiomática, sumada a las provocaciones de los agentes policiales hacia los vendedores senegaleses, deriva en la reacción de estos y decanta en detenciones por resistencia a la autoridad.

Khadim Bamba Leye vive hace cinco años en La Plata, es trabajador de la construcción, encargado de la parte de cañerías en la planta de Siderar y futuro luchador de UFC. Lo detuvieron en una situación similar aunque no se encontraba vendiendo; uno de sus amigos que se dedica a la venta ambulante lo llamó para que se acercara en el mismo momento en que se llevaban su mercadería en un operativo. Dadas sus facilidades con el lenguaje se acercó para poder hablar con la policía. Sin embargo, no hubo lugar para el diálogo y la policía decidió llevárselo detenido, para que luego se le abriera una causa con las caratulas de “resistencia a la autoridad” y “disturbios en la vía pública”. Después de lo sucedido, Bamba manifestó: “Me reconocieron. Yo hice varias notas para varios medios criticando a Garro y ellos sabían quién era. Por eso me pegaron”.

Si bien no hay cifras oficiales, se estipula que son alrededor de doscientos senegaleses que viven en la ciudad y solamente cuatro mujeres. La falta de estadísticas certeras se debe a la ausencia de un Consulado Senegalés en el país, lo que imposibilita que tengan un sello de llegada, además de limitarles el acceso a la documentación necesaria. Por eso, antes de llegar a Argentina, vuelan desde Senegal hasta Ecuador, desde allí comienzan a bajar, pasan por Perú, a veces por Brasil –donde también suelen radicarse– hasta llegar a tierras argentinas.

En 2013, la “Dirección Nacional de Migraciones” aprobó un régimen especial de regularización de extranjeros de nacionalidad senegalesa y dominicana con la finalidad de facilitar y agilizar su situación. Lo que permitió la obtención de la residencia transitoria y permanente de muchos migrantes, hasta mediados de ese año. Los que llegaron después no corrieron la misma suerte.

Sonia Voscoboinik es profesora de psicología, aunque ella se define como “migrantóloga en proceso”, forma parte del Equipo en Investigación en Afrodescendencia y Migraciones Africanas de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y desde hace tres años trabaja con el tema. “Yo hago campo con ellos, este año me voy de nuevo a Mar del Plata, los voy siguiendo a donde se van moviendo. En mi tesis de maestría trabajo con las mujeres, y en mi tesis de doctorado voy a trabajar con los varones”, comenta.

A través de sus investigaciones y seguimientos, desmiente los dichos que asocian a la comunidad con una mafia y describe: “Cada uno de ellos se autogestiona en forma independiente, aunque existen redes de solidaridad en caso de que a alguno le decomisen la mercadería. La distribución del espacio la arreglan entre ellos, se rigen por el criterio de edad, aquellos de más edad tienen prioridad para elegir los lugares. Para adquirir la mercadería viajan a Once, o esperan a que los proveedores pasen por sus casas. En algunas ocasiones organizan tontinas, pero debido a la crisis económica esto ya casi no sucede”.

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Juan Quesquén es licenciado en Comunicación Social graduado en la UNLP, pertenece a la comunidad peruana y desde el año 2017 integra la Coordinadora y Consejería Migrante, que surge en el marco de la promulgación del DNU 70/2017. Tal DNU, emitido el 30 de enero de 2017, buscaba modificar la Ley de Migraciones 25.871 y robustecer las condiciones de migración. Con la finalidad de acelerar los procesos de expulsión de extranjeros, endurecer las condiciones de ingreso y para obtener la ciudadanía. Además de reducir de 180 a 80 días la autorización de permanencia precaria, y luego de la expulsión se alargaría el tiempo de reingreso al país.

En el mismo sentido, otro de los proyectos que maneja el gobierno es crear un fuero migratorio para que una parte del Poder Judicial se encargue exclusivamente de tratar esos temas. Además, y en el mismo sentido, impulsaron la creación de una aplicación para celulares, para que tanto los agentes de seguridad como los médicos la utilicen para saber en qué situación migratoria se encuentra la persona que está enfrente de ellos.

El decreto fue declarado inconstitucional, luego de que el CELS elevara una denuncia, por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El voto mayoritario argumentó que el Poder Ejecutivo utilizó sin justificación la herramienta del decreto de necesidad y urgencia, además de que las medidas adoptadas son contrarias a los derechos humanos de las y los migrantes. En la actualidad la Corte Suprema tiene el caso.

Juan, junto a otros compañeros migrantes y militantes barriales llamaron a una reunión para comenzar a realizar acciones de visibilización porque pese a todo el DNU generó efectos, “Lo que nosotros veíamos es que esta situación iba a generar un caldo de cultivo, de discriminación, xenofobia y precarización laboral, un año después vimos que realmente empezó a pasar eso. Recibimos denuncias de bullying en las escuelas a los hijos de migrantes por parte de sus compañeros. Ninguneo en los hospitales. Abuso policial en los barrios con los jóvenes migrantes. […] Dijimos ‘no nos quedemos solamente en denunciar el decreto, sino vayamos a buscar también actores que nos puedan acompañar en esta denuncia’. Llegamos a la UNLP a través del Consejo Social y se elaboró un documento de preocupación, al que se adhirieron catorce de las diecisiete Facultades, docentes y grupos de derechos humanos”, sostiene Juan.

A raíz de los efectos del DNU y teniendo en cuenta los hechos ocurridos durante la detención de Bamba, la Coordinadora llamó a realizar una asamblea en el mes de junio en la Facultad de Trabajo Social, ya que no tenían contacto con la comunidad senegalesa. “Lo que pasó fue que a la primera reunión llegaron cerca de 34 organizaciones, lo que reafirmaba que había una preocupación que no era solo nuestra. A nosotros no nos interesaba que sea un espacio de la Coordinadora, nos interesaba que de ese espacio se apropiaran todos los que participaran. Y ahí se constituye como una Asamblea por los derechos de los trabajadores migrantes”.

A esa asamblea se acercó Bamba, que había sido liberado el día anterior, junto a dos chicos más. Se paró frente a todos y describió cómo había sucedido todo, cuáles eran los principales problemas a los que se enfrentaba la comunidad. Desde ese día la Asamblea se afianzó y comenzaron a reunirse quincenalmente.

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Quienes se sostuvieron en el tiempo y participaron activamente de la Asamblea fueron la Coordinadora Migrante, la comunidad senegalesa, el Equipo de Investigación al que pertenece Sonia, el Taller de Español, el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, en articulación con la Comisión Provincial por la Memoria. Una de las primeras iniciativas que surgió desde ese espacio fue la producción en conjunto de un protocolo de actuación contra detenciones arbitrarias, redactado en español y en wolof. Ese protocolo describe cómo debe ser el accionar de Control Urbano; deben labrar un acta en el momento, contar la mercadería secuestrada y asignar un traductor, entre otras cosas.

Damián Brumer es abogado e integrante de La Ciega, que surgió hace alrededor de diez años y funciona en La Plata y también en Capital Federal. Son quince abogados, que en su mayoría tuvieron una experiencia de militancia en la Facultad de Derecho de la UNLP, en la organización estudiantil MIU. Se reúnen en comisiones que van desde derecho laboral, violencia de género y aspectos penales, y funcionan en centro cultural y político Awkache.

Luego de la gestación del protocolo, se impulsaron nuevas actividades. Es que muchos de los chicos senegaleses tenían incorporada la idea de que eran ilegales. Por eso es que desde La Ciega propusieron realizar talleres sobre derechos básicos. “La idea de los talleres era poder socializarlo de la manera más didáctica y lo mas fácil posible, socializar el contenido del protocolo, entre otras cosas, al conjunto de la comunidad […] El planteo desde el inicio fue tratar de entender que ninguna persona es ilegal, que los seres humanos somos seres humanos y nada más, en todo caso tenemos algún tipo de irregularidad administrativa, irregularidad migratoria”, cuenta Damián.

El primero de los talleres se realizó en el salón más grande de Awkache. La convocatoria superó las expectativas y participaron cerca de noventa senegaleses. El salón quedó chico y muchos debieron sentarse en el piso. Ante la dificultad por el idioma, el taller se volvió lento y caótico. Damián apenas esbozaba algunas frases o párrafos cortos, y Cheik, que era uno de los que mejor manejaba el español, traducía para el resto. El taller giró en torno a la construcción de un mapa jurídico en el que ubicaban dónde se encontraba una contravención, un delito, y los derechos humanos más elementales, como el derecho a migrar y a trabajar.

“Hubo una apropiación del espacio por parte de la comunidad, pasaron de no involucrarse, a tener la presentación del protocolo en el Rectorado, donde fueron un montón. Empezaron a verse de otra forma. Discutían el tema de la movilización”, comenta Juan Quesquén. Sobre el día de la presentación, agrega Sonia: “La propuesta que nosotros teníamos de la ronda de prensa era super estructurada, iba a hablar Damián, Juan y Cheik, porque así se habia votado en la asamblea. Y al final habló Damián, breve, habló un chico de la Coordinadora y cuando le tocó hablar a Cheik habló y después pasó el micrófono y hablaron como diez más. Que eso ni lo habíamos pensado nosotros, como que tenían otra manera de pensarlo y organizarse, más horizontal. Se apropiaron realmente”.

Cheik tiene casi cuarenta años y llegó en 2014 al país. Previamente, en 2006, viajó hasta Mauritania –que limita con Senegal– para luego embarcarse hacia Tenerife entregándose a la incertidumbre y los peligros del mar durante tres días. “Sentí demasiado miedo porque en cualquier momento te puede pasar lo peor, es un riesgo. No lo volvería a hacer nunca más, ni tampoco dejaría que algún conocido lo haga. Una vez que estás dentro del mar, durante tres días solo se ve agua”, narraba Cheik al portal 0221.

En las Islas Canarias la Cruz Roja los rescató, y quedaron en suspenso durante cuarenta días a la espera de que tomaran la decisión de deportarlos o dejarlos allí. En su estadía en tierras españolas mejoró su español, y aprendió el oficio de vendedor ambulante ofreciendo cds y películas. Luego de ser deportado y pasar un año en Senegal, en 2014 aterrizó en Argentina.

Cheik Gueye se volvió uno de los referentes más activos de la asamblea. Una de las tantas tardes de reunión asamblearia, en uno de los pequeños gabinetes de la Facultad de Trabajo Social, llegó y se encontró con una novedad. Un grupo de mujeres paraguayas se había acercado a compartir sus experiencias. Habían llegado hacía más de veinte años al país. Pero en los últimos años su situación había empeorado, muchos de sus familiares habían viajado a Paraguay y no pudieron reingresar a Argentina. Cheik, que creía que al ser integrantes del Mercosur tenían mayores beneficios, se encontró con que la realidad de muchos migrantes de otras comunidades era parecida a la de ellos.

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Afuera del salón de eventos ubicado en 526 entre 31 y 31 bis, un grupo de senegaleses vestidos con túnicas de colores varios se mojan la cabeza con botellas de agua para combatir el calor. Reciben a quienes se acercan con la amabilidad de un acomodador de teatros, y van ubicando a los recién llegados en las mesas cubiertas con manteles blancos, que se encuentran una vez cruzado el portón. Ofrecen bebidas y un plato de comida típica que consiste en arroz, verduras y pollo.

Dentro del salón, y sobre un piso cubierto de alfombras con dibujos exóticos, decenas de senegaleses se arrodillan, descalzos, y forman una ronda frente a algunos micrófonos. Cantan y rezan en árabe, mientras leen el Corán. Se trata de la ceremonia Seydina Moukhamet, que celebra el nacimiento de Moukhamet, maestro de Alá.

La ceremonia se inició a las 9 de la mañana y finaliza a las 10 de la noche. Mientras tanto se van rotando para que los cantos y los rezos nunca cesen. En tanto que algunos que visten remeras con la inscripción “Jeunesse Coskas” se encargan de que nada esté librado al azar. Entran y salen de la cocina, se mueven entre los presentes ofreciendo agua, leche caliente y comida. Cada tanto los que están sentados se paran y dejan billetes en las rondas de los que rezan, a manera de diezmo.

Cuando se trata de eventos de contenido religioso, el consenso al interior de la comunidad senegalesa es mayor. Pero cuando se trata de espacios como la Asamblea, adoptan una actitud más reticente por su contenido político. “Yo me acuerdo de las primeras reuniones de la Asamblea, eran un poco más reacios a la idea de marchar, de cortar la calle. Le comentaba a Cheik la importancia de que fueran a la marcha (contra el Código de Convivencia), por la cantidad de personas que iban a participar, y me acuerdo que me dijo: ‘bueno, algunos vamos a ir, pero no vamos a ir todos’”.

Ese día finalmente terminaron siendo aproximadamente setenta senegaleses los que se acercaron a Plaza San Martín para participar de la marcha contra el nuevo Código de Convivencia impulsado por el oficialismo, que encabezaban la columna junto a las trabajadoras sexuales. Y Damián recuerda a un Cheik entusiasmado diciendo: “No nos dimos cuenta de haber hecho una bandera”.