Por Pablo Pellegrino

“A nuestro modo de ver, independientemente de la responsabilidad que supone en sí misma la entrega o el ofrecimiento de dinero a un funcionario público en pos de determinada actuación (delitos de dádivas o cohecho), entendemos que ello no es suficiente para considerarlos miembros de una misma asociación criminal con las características que han sido definidas”, dice el fallo de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que el jueves decidió convalidar el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner al mismo tiempo que redujo el tenor de los delitos que se le imputaban a los empresarios.

Concretamente, los hombres de negocios que aparecen en la causa de las fotocopias del chofer Centeno dejaron de ser parte de la organización ilícita que investiga Bonadio y pasaron a ser simples coimeros. Cohecho activo es el delito que cometieron, según los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –ascendido este último hace pocas semanas, luego de condenar a Amado Boudou–.

Sin embargo, hay dos empresarios que no corrieron la misma suerte: Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, fueron señalados como miembros de la asociación ilícita.

Cabe destacar que el juez de instrucción, Claudio Bonadio, los había imputado a todos bajo esa figura que ahora revirtió el tribunal de alzada. También es importante señalar que el polémico juez insistirá seguramente con el pedido de desafuero al Senado de la Nación contra la exmandataria. Según había dicho, el pedido de prisión preventiva contra CFK quedaría sujeto a la decisión que tome la Cámara.

“Ahora bien, lo que cabe preguntarse es si esos aportes de dinero implican per se el ingreso de estos particulares a la asociación ilícita montada desde la cúspide del poder estatal”, sostienen los magistrados en su decisión, y agregan: “Pues recuérdese que si bien parte de ese dinero culmina en el aumento de su patrimonio, una significativa porción se destina a lo que la práctica define como ‘gastos de la política’ y para lo cual poco interés podía despertar en quienes no comulgaban con ese objetivo criminal”.

Es decir que, a pesar de que los empresarios se enriquecieron con las supuestas maniobras criminales de la “asociación ilícita”, los pagos irregulares que permitieron ese incremento patrimonial y la cartelización de los representantes de las distintas firmas no son parte de la aparente maquinaria de corrupción.

Sobre ese último punto, los jueces reconocen que “subyace que no eran los mecanismos legales de selección los que definían a los ganadores de las distintas licitaciones públicas, sino una posible actuación coordinada entre los propios interesados y fundamentalmente, el pago de sobornos a los funcionarios o sus intermediarios como condición necesaria”. Sin embargo, argumentan que “esas circunstancias no permiten incluirlos sin más en el esquema asociativo que, conforme al objeto procesal de autos, se centraba en la recaudación de fondos por medios ilícitos, cuyo destino era decidido en definitiva por quienes se hallaban en la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”.

Bonelli, Clarín y «Partido Judicial a la carta»

Una semana atrás, el periodista del Grupo Clarín Marcelo Bonelli escribió una columna en la que, premonitoriamente, adelantaba las principales características del fallo que la Cámara hizo público este jueves.

“Los hombres de negocios insisten en que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzi tienen redactado un borrador del fallo y que podrían introducirse cambios en las imputaciones a constructores e industriales”, relata el periodista en su columna del 13 de diciembre.

En el artículo también advierte: “La versión tuvo una confirmación en la propia Casa Rosada, donde muchos empresarios protestaron por la ‘pasividad’ de los funcionarios ante las denuncias que provocaron un tembladeral en los grandes holdings. Fuentes oficiales comunicaron a los hombres de negocios lo siguiente: ‘Va a haber un fallo satisfactorio’”.

Bonelli también se refiere a una reunión de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la que el vicepresidente de esa entidad, Daniel Funes de Rioja, habría dicho “en la intimidad” que “desde la Rosada insisten en que se esperan correcciones por parte de la Cámara Federal”.

“Los hombres de negocios aspiran a que la Cámara les saque –por lo menos a algunos– la tipificación de ser “miembros de la asociación ilícita que comandaba Cristina. Este sería el paso previo para pedir ser desprocesados o culpados por un delito menor, como cohecho”, concluye el periodista.

La propia Cristina Fernández de Kirchner se refirió en sus redes sociales a esta coincidencia entre el fallo y la nota. “Una semana después, esa Cámara Federal hizo exactamente lo que publicó Clarín: dijo que soy la jefa de una asociación ilícita (una más y van) y dejó afuera a los empresarios”, dijo la expresidenta, y añadió: “Digo yo: ¿dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta”.