“Será importante resistir las presiones en el sentido de mantener los subsidios a la energía y aumentar los salarios”. Esa es una de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional plasmó en el documento con el que concluyó la segunda revisión del acuerdo stand by firmado con el gobierno de Mauricio Macri, que recibirá otros 7.600 millones de dólares de los 57.000 comprometidos. De esta forma, desde que el gobierno acudió al salvataje financiero, ya recibió 28.090 millones.

“El peso se ha estabilizado y, a pesar de que continúa siendo elevada, la inflación ha empezado a bajar, a medida que se desvanecen los efectos de la depreciación del peso. Con todo, la economía argentina aún se está contrayendo y continúa siendo vulnerable a los giros de la actitud de los mercados”, dijeron en un comunicado las autoridades del Fondo.

La búsqueda del “déficit cero” para el ejercicio del año próximo, que implicó un feroz ajuste que se reflejó en el presupuesto votado por el Congreso de la Nación, sigue siendo el centro de las exigencias del organismo que conduce Christine Lagarde.

En uno de los párrafos del comunicado difundido, el Fondo vuelve a insistir en las reformas laboral y jubilatoria y pide que los trabajos técnicos en ese sentido comiencen cuanto antes para alcanzar las nuevas regulaciones para fines de 2019.

“También sería importante continuar eliminando las distorsiones del sistema tributario, mejorando la normativa del mercado laboral, creando una base financiera sostenible para el sistema de pensiones, y fortaleciendo la gobernanza”, dice el comunicado.

el organismo internacional de crédito pide “resistir las presiones” sociales, como las que frenaron la compensación a las empresas energéticas por la devaluación.

Otro de los ajustes exigidos por el organismo de crédito internacional está referido a las tarifas energéticas, por un lado, y a los salarios, por el otro. Para ambos casos, el FMI pide “resistir las presiones en el sentido de mantener los subsidios a la energía y aumentar los salarios”. Para el primer caso, el Fondo pide crear un marco regulatorio que permita trasladar el costo de la devaluación a los usuarios y que no sea el Estado el que pague la diferencia, como sucedió luego de la escandalosa decisión del secretario de Energía, Javier Iguacel.

A comienzos de octubre de este año, además de un nuevo tarifazo en las facturas de gas, Iguacel había creado una nueva carga en las boletas como compensación a las empresas por los efectos de la devaluación. Luego de que el escándalo llegara al Congreso, el gobierno dio marcha atrás.

Ahora, el organismo de crédito pide “resistir las presiones” que llevaron al gobierno a no avanzar con esa medida. La decisión este año de evitar ese traslado a precios implicó un costo extra del 0,1% del PBI para el gobierno federal (que pagará a los distribuidores de gas entre 2019 y 2021).

Por otro lado, en el mismo párrafo, el FMI exige también poner un límite a los aumentos salariales para el año que viene. Teniendo en cuenta la proyección de un acumulado del 34% de inflación para los próximos doce meses, dice que la paritaria que rija desde junio no podrá superar el 25%, debido a los aumentos que ya se anunciaron para diciembre, enero y febrero en el sector público.