La Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció el martes, por cuatro votos contra uno, que el índice de ajuste de los haberes jubilatorios es el promedio de los salarios de la industria y la construcción (índice ISBIC) en detrimento del RIPTE (índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que el gobierno de Mauricio Macri empezó a implementar a través de la denominada Reparación Histórica.

Luego de aprobada esa norma en 2017, que incluyó el bochornoso blanqueo de capitales que permitió a familiares y amigos de funcionarios ingresar a la amnistía fiscal, unos 150.000 que se negaron a aceptar la mentada “reparación” podrán verse favorecidos por la nueva disposición.

La demanda inicial, sin embargo, resuelve sobre el índice para el cálculo del haber inicial entre los años 1995 y 2008. Desde 2009, el Estado utilizaba el ISBIC, pero a partir de 2016 ANSES resolvió que debía utilizarse el RIPTE.

Los votos favorables fueron aportados por Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, mientras que en disidencia sólo votó el recientemente designado presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.

Horas después de la sentencia, y en el marco de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, pidió que se incluya en la agenda de sesiones fuera del calendario parlamentario la discusión por el modo de ajuste de las jubilaciones.

“Mi pedido es que el presidente, que definió un temario que debe ser importante para él, incorpore un tema tan sensible como es el ingreso de cientos de miles de jubilados”, dijo Rossi en el recinto, y recordó que “hace un año el Congreso sancionó una ley (la de Reparación Histórica) que nosotros dijimos que era inconstitucional y les quitaba derechos a los jubilados y pensionados de la Argentina”.

Su compañero de bancada cordobés, Pablo Carro, reforzó el pedido de Rossi y recordó: “Hace exáctamente un año estábamos citados aquí para tratar la reforma previsional, lo tengo muy presente porque fue mi primera sesión en la Cámara”. “Lo tengo presente también porque muchos diputados cordobeses que se definen opositores votaron a favor del despojo a los jubilados, y en esa oportunidad, el miembro informante, Eduardo Amadeo (PRO), dijo ‘Afirmo que a fines de 2018 las jubilaciones crecerán un 22%, o sea, un 5% más que la inflación proyectada’, y hoy estamos llegando al 50% de inflación”, sostuvo.

En diálogo con la señal de Todo Noticias, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, explicó que el alcance de la sentencia no es para los 7 millones de jubilados, sino que se circunscribe a 150 mil que no aceptaron la Reparación Histórica porque esa ley implicaba “un recorte del 45%”.

“Hay dos círculos. Por un lado, los jubilados relacionados con el caso Blanco, que son 11 mil, cuyos casos con sentencia están en conocimiento de la Corte. Y después hay otros 150 mil, que no aceptaron la Reparación y que estarán atados a la doctrina que fije la Corte, y de eso dependerá cómo se genere su liquidación”, dijo.

Además, Semino explicó que, contrariamente a la versión del gobierno sobre el peligro que pueda tener en términos fiscales para el ejercicio de 2019 en el marco del acuerdo con el FMI, que apunta a alcanzar en ese período el “déficit cero”, la sentencia no causa efecto inmediato porque “en el Presupuesto 2019 la partida para la liquidación de sentencia ya está aprobada”.

En esa línea, el Defensor de la Tercera Edad explicó: “Si hubiera algún impacto, se sentiría en 2020. ¿Por qué digo esto? Porque las sentencias pagadas este año se hicieron con el ISBIC. Lo que pretende la actual apelación de ANSES es hacer una reducción de lo que ya estaba presupuestado. Traduciéndolo: se busca pagar menos sentencias con menos plata”.