A través del Enacom, mediante la Resolución Nº 4.951, el gobierno nacional abrió el proceso de regularización de licencias para que las radios de los grandes centros urbanos normalicen su situación. Sin embargo, sólo reconocen emisoras hasta 2006, dejando por fuera todas aquellas que nacieron al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada posteriormente. En este marco, las diferentes redes de medios se manifestaron frente a la sede porteña del ente de comunicaciones para exigir “legalización sin exclusiones”.

Fueron de la partida el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Contá, Red Colmena, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Comunicación Popular (CTEP), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), la Tecnicatura en Comunicación Popular y la de Gestión Popular de la UNLP.

“Hoy nos estamos movilizando una vez más frente a la sede del organismo encargado de implementar las políticas públicas de comunicación en Argentina. En esta oportunidad, específicamente en la subsede que lleva adelante en los últimos meses el llamado trámite de normalización, es decir, el procedimiento que aprobó el gobierno para acceder a licencias en zonas de conflicto. Dicho proceso deja afuera a todas las radios que nacieron posteriormente a la Resolución 753, a las radios hijas de la Ley”, explicó el presidente de FARCO, Pablo Antonini. Según Antonini, las radios quedaron fuera de esta normalización “como consecuencia de una política destinada a destruir esa ley”.

Para los medios comunitarios, “hay una política sistemática de discriminación y de exclusión que se vuelve a manifestar acá como se manifiesta con la pauta publicitaria, con la continuidad y vigencia del protocolo que permite los decomisos arbitrarios, y como se manifiesta en cada acción destinada a seguir garantizando la concentración y el cerco mediático que necesita este gobierno para implementar el plan económico que tenemos”, expresó el presidente de FARCO.

Cerca del mediodía comenzó una movilización hacia Canal 13, del Grupo Clarín, para exigirle que pongan en la grilla aquellos canales comunitarios, entre ellos Barricada TV y Urbana TV, que cumplieron todos los requisitos legales, con intervención de la Justicia inclusive, y que hoy ven coartado su alcance al ser excluidos por Cablevisión, principal prestadora del servicio de teledifusión del país.

“Logramos acceder a licencias a través de concursos públicos con antecedentes. Hicimos todos los pasos legales hasta completar la habilitación, y la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las resoluciones que el propio gobierno sacó el año pasado, que establecen que las compañías de cable nos tienen que incluir en la grilla de programación de manera gratuita. Nosotros pusimos nuestros contenidos en sus manos para que los puedan transmitir, llevamos adelante un montón de medidas para que nos atiendan, y nunca nos respondieron. Largamos una acción judicial demandando que se termine con la exclusión y la discriminación que supone que estos canales no podamos estar en la grilla de cable”, explicó Natalia Vinelli, referente de Barricada TV.

“El Grupo Clarín está censurando un canal de televisión comunitario y el derecho de los trabajadores de medios comunitarios y de los usuarios de poder oír una voz distinta”, denunció en tanto Juan Grabois, referente de la CTEP. “Teniendo en cuenta que Clarín no hace cumplir la ley, que venga a explicarnos por qué no está en la grilla Barricada TV, cuando hemos cumplido exactamente todos los pasos legales”, exigió.