Tras la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés, la gobernadora aprovechó para hacer propaganda sobre el trabajo que se está haciendo en relación con las políticas de género en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que en su gestión se subejecutaron las partidas para las políticas públicas de género para el territorio que encabeza el triste récord de ser la región del país con mayor cantidad de femicidios. Entre esas políticas está la Línea 144, que tras la denuncia de la actriz duplicó sus llamados.

“Todos tenemos que hacer nuestro aporte para terminar con la violencia de género, desde el Estado, la Justicia, la educación y la sociedad debemos ayudar y trabajar para poner fin a la realidad tan dolorosa que viven miles de mujeres”, escribió Vidal en sus redes sociales tras mostrar su “dolor” a raíz de la denuncia de Fardin a Darthés. La gobernadora resaltó que “desde el Estado estamos acompañando para que las mujeres no estén solas”, al tiempo que destacó “la aplicación Seguridad Provincia para que las víctimas de violencia puedan hacer denuncias anónimas y sin ir a la comisaría, y la Línea 144”.

Dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos comandada por Santiago Cantón y de la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual conducida por Agustina Ayllón, la Línea 144 atiende mensualmente alrededor de 30.000 llamados con setenta operadoras totalmente precarizadas que vienen exigiendo la incorporación de más personal y mejores condiciones laborales, en un marco en el que el 90% de está en una situación de precarización, siendo la mayoría monotributistas o tercerizadas.

Cabe recordar que con la llegada de Cantón a la Secretaría también llegó la tercerización a través de la empresa Provincia Net, bajo la forma de “empleadas de comercio”, recibiendo sueldos que en algunos casos no superan la canasta familiar y en otros directamente apenas pasan la línea de indigencia.

En estas condiciones, las trabajadoras de la Línea 144 vienen haciendo un trabajo crucial en un territorio que tiene el triste récord de registrar la mayor cantidad de femicidios de todo el país, alcanzando el 32% del total según datos aportados por la organización feminista Mumalá, quienes destacaron que en otros años la cifra era menor, no superando el 25%.

Estos días, la cantidad de llamados a raíz del efecto que generó la denuncia de Thelma se han duplicado. “Operadoras que atendían a cinco o seis mujeres por día ahora están teniendo el doble. Del total de las llamadas, el 80% son de abusos. Está un poco colapsado el call center y también el equipo de seguimiento al cual se derivan”, explicó a Contexto Guadalupe Rodríguez, delegada de ATE en la Secretaría de Derechos Humanos y trabajadora de la Línea.

Desde ATE advierten que, además de la situación de precarización que atraviesan en la provincia, hay una falta total de coordinación y articulación entre las políticas públicas. “Ya sea con las mesas locales de violencia, los hogares, la articulación en territorio, que son la otra pata que debería tener un sistema integral de violencia”, destacó Rodríguez.

Cabe destacar que durante su gestión Vidal se encargó de subejecutar el programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, que depende del Ministerio de Salud provincial. Este programa en 2016 fue directamente vaciado para reasignar partidas a otras áreas. El mismo año, del presupuesto de la Dirección Ejecutiva de la Secretaría de Derechos Humanos, que era de 34 millones de pesos, sólo se gastaron 4 millones de pesos, es decir, un 14,15%.

En 2019 la situación será preocupante. La diputada Lucía Portos, consultada sobre cuál es el presupuesto destinado en materia de derechos para la mujer, aseguró que no hay “absolutamente nada: un recorte del 100% de todas las políticas públicas que tienen que ver con las áreas de género”.

Para Portos, las políticas al respecto deben ir más allá de la prevención hacia la violencia de género, “sino lo que tiene que ver con la real inclusión de las mujeres en la vida socioeconómica de la provincia”.

“Todas las áreas que estaban vinculadas al trabajo, a la producción, a la salud, a la educación de las mujeres han sido desmanteladas a lo largo de los últimos años y no recuperan presupuesto en este Presupuesto 2019. Todo lo contrario. Pierden al ritmo que pierden todos los Ministerios, pero con el doble impacto de dejar en mayor situación de vulnerabilidad a quienes más necesitan de la política pública para poder incluirse en una vida comunitaria plena”, consideró en declaraciones recientes la diputada de Unidad Ciudadana.