Después de dos años de acefalía tras el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público está en riesgo de quedarse con diecisiete trabajadores menos. El organismo creado en el marco de la «Ley de Medios» quedó intervenido de manera provisoria en 2016 por Emilio Jesús Alonso, cuando culminó la gestión de Cynthia Ottaviano.

La renovación de los cargos corre riesgo, debido al vacío jerárquico provocado con la salida de Ottaviano que las intervenciones temporarias no resolvieron. La organización gremial de los trabajadores del organismo logró poner en discusión la situación de los puestos de trabajo a la deriva. Este miércoles al mediodía realizaron un abrazo simbólico a la sede ubicada en Alsina 1470, en CABA.

“Nosotros desde hace rato planteábamos como exigencias el mantener los puestos de trabajo. Este es un organismo reciente, en desarrollo, con una estructura presupuestaria que alcanza incluso para tomar nuevos cargos, mucho menos para cesantearlos”, dijo a Contexto el delegado de ATE dentro del organismo, Marcos Ocampo.

El referente gremial explicó: “Desde 2016 quedamos en estado de acefalía. Tras las modificaciones de leyes por la fusión de AFTIC y AFSCA, se conformaron comisiones con un nuevo reglamento y un interventor para dejar sin efecto las disposiciones anteriores. Ahí en la figura de interventor no hay competencias de defensor, sino meramente de conservación hasta elegir a un nuevo defensor”.

El organismo nacional tiene 120 trabajadores, por lo tanto, los despidos afectarían a casi el 13% de la planta. Estos trabajadores pertenecen a distintas áreas y forman parte de equipos consolidados. “Estamos hablando de áreas que se encargan del mantenimiento informático, sin las cuales se pondría en riesgo el funcionamiento administrativo, como así también trabajadores que realizan actividades de capacitación”, remarcó Ocampo.

Ocampo: “Estamos hablando de áreas que se encargan del mantenimiento informático, sin las cuales se pondría en riesgo el funcionamiento administrativo».

Según informaron, el 90% de la planta está concursada y quienes aún no lo han hecho es debido al vacío legal provocado por la acefalía vigente. “Necesitamos la voluntad política de pronunciarse para garantizar la continuidad de esos cargos, que vencen el próximo 31 de diciembre”, agregaron.

Cabe destacar que el objetivo mismo de la Defensoría se vio en pleno riesgo ante el inminente desmantelamiento mediante decreto de las disposiciones de la LSCA a principios de 2016, cuyas consecuencias repercutieron de manera paulatina en todos los órganos de control y aplicación, tal como sucedió con la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

“Nos hemos pronunciado en la Defensoría ante todos los decretos, tenemos hechos análisis integrales del impacto de los decretos en el marco del derecho internacional, en el marco de la libertad de expresión. Nosotros seguimos funcionando, pero nos afecta la acefalía, porque, al no tener las competencias plenas, no podemos incidir, por ejemplo, en debates legislativos sobre leyes como la de convergencia”, sintetizó el delegado de ATE.