El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, visitó el martes la ciudad de La Plata, donde firmó convenios con el intendente Julio Garro, visitó una empresa de tecnología y se reunió con directivos de Edelap, la distribuidora eléctrica platense propiedad del empresario Rogelio Pagano, que actualmente ostenta el monopolio de las cuatro principales distribuidoras de la provincia de Buenos Aires.

“La sociedad está cansada de los dos polos, del gobierno y de Cristina, y cada vez es más creciente la demanda de algo alternativo. Vamos a ser exitosos si podemos construir algo que responda a esa demanda”, dijo durante la recorrida por la ciudad, y cerró las puertas a una eventual unidad del peronismo.

“1° acto: Urtubey pone el gerente de Edelap. 2° acto: Vidal autoriza a Edelap a aumentar las tarifas hasta un 1200% y sus ganancias suben un 675% anual. 3° acto: Urtubey visita a sus socios y declara contra la unidad opositora”, le respondió en sus redes sociales la diputada provincial de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout. Y completó: “¿Cómo se llama la obra? Ellos festejan. Vos pagás”.

El “primer acto” se produjo en el año 2017, cuando Pagano nombró a Guillermo Coltrinari, un hombre cercano a Urtubey, al frente de la distribuidora platense que presta servicio a más de 350.000 usuarios. Coltrinari formaba parte hasta comienzos de 2017 de la distribuidora Edesa, de la provincia de Salta, que había sido adquirida por Rogelio Pagano junto al empresario venezolano Miguel Martínez Mendoza en 2012.

Desarrolladora Energética S.A. (DESA), la empresa de Pagano, actualmente concentra más del 65% del total de la energía distribuida en territorio bonaerense a través de la propia Edelap, Edes (sur), Eden (norte y centro) y Edea (Costa Atlántica).

En septiembre de este año, Contexto dialogó con Sergio Procelli, abogado de la Asociación Argentina de Consumidores, que en aquella oportunidad había denunciado penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal, a Rogelio Pagano, al ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, al secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, al presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y a integrantes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Valiéndose de la irregular concentración del mercado eléctrico bonaerense que viola las normativas vigentes, por un lado, y los nexos entre el empresario y los funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, la denuncia que presentó la asociación de consumidores es por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

“La concentración es una gran transferencia de los usuarios hacia las distribuidoras de electricidad en este caso, y esto tiene que ver con una decisión política que se ha tomado, donde los usuarios pagamos el costo que implica la electricidad, pero también las inversiones que las empresas dicen que hacen y las deudas que tienen”, había dicho Procelli a este medio durante la presentación de la denuncia.