Por Juan Alonso

Ya nadie habla del G20 y de la vocación por el ansia de seguridad que comprime los sentimientos humanos con el voltaje químico de una pastilla de amnesia. Nadie recuerda al presidente Mauricio Macri patinando en el ridículo con Donald Trump farfullando su inglés de los bribones. Nadie se acuerda del dinero líquido de China ni de las palabras de Putin con los cuadros de Perón y Evita detrás, y las promesas sobre el bidet de Estados Unidos. La inflación galopa como un caballo azabache sobre la conciencia de los ojalateros de salarios flacos, pensionados pobres, jubilados famélicos, con una tasa del 47% de inflación que crece como la apatía. La Argentina tiene la misma inflación que Ucrania antes de la descomposición política y social. El genio iluminado de Macri nos endeudó por un siglo en casi 200 mil millones de dólares: el presupuesto de Defensa de China, que orilló los 215 mil millones de dólares en 2017. Rusia gastó 70 mil millones de dólares y Trump 600 mil millones.

Como es notorio, en este universo estirado como un chicle de glucosa hay más lunáticos que pajaritos volando por el fresco aire veraniego. ¿Qué anhelan? La normalización de la esclavitud, la cadencia mortal de la alienación y la dependencia, tamizada con la constante siembra del miedo y la sugestión imprevisible sobre un destino fuera de los otros. En suma: el consumo del consumidor consumido. La base de sedimentación de la lógica que legitima la pérdida de derechos, la pobreza, el hambre y la represión masiva de la protesta social. Una fórmula alquímica que tuvo su correlato con el fallo del juez Gustavo Lleral sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y continuó con la negación del asesinato de dos militantes sociales en Villa Celina y Córdoba. Para derivar en la nueva reglamentación del Ministerio de Seguridad de la Nación, que avala el asesinato con armas de fuego de presuntos sospechosos con la excusa de la huida y la flagrancia, bajo criterio de las fuerzas federales y la tutela de la ministra Patricia Bullrich, condesa del G20.

Contra el olvido

El juez Lleral dio a conocer el 29 de noviembre un fallo de más de 260 páginas y pretensiones aristotélicas. Sostuvo que Santiago Maldonado se topó con la muerte en soledad y que la Gendarmería no tuvo ninguna responsabilidad en la represión ilegal con armas de fuego, palos y piedras, que realizó el 1º de agosto de 2017 en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. En un arrebato literario, Lleral dictó: “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron […] La verdad es esa”.

Ayer la familia Maldonado, acompañada por organismos de derechos humanos y varios legisladores de distintos partidos políticos, anunció en una conferencia de prensa realizada en la cooperativa Bauen que rechazó la sentencia en primera instancia de Lleral y apeló ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En su alegato, cuestionó con dureza la actuación de la fiscal Silvina Ávila y del anterior juez de la causa, Guido Otranto, separado por supuesta parcialidad. “Trabajaron de manera oculta en sentido contrario al objeto procesal”, aseguró la abogada de Sergio Maldonado, Verónica Heredia. Entre los sólidos argumentos de la representación de la principal querella se cuentan las afirmaciones de dos peritos expertos: el criminalista Enrique Prueger y la doctora e investigadora principal del CONICET, Sara Maldonado, quienes abundaron sobre el espinoso asunto de las diatomeas en la autopsia. En este sentido, Heredia remarcó que “la operación de autopsia no logró precisar con exactitud la data de muerte y la temperatura de la escena del río Chubut donde fue hallado el cuerpo de Santiago el 17 de octubre de 2017”.

En agosto del 17 se registraron temperaturas de 6 grados bajo cero allí, pero los expertos del INTI Plásticos estimaron una temperatura promedio del agua de 7 grados. Un punto que difiere del registro que tomó la autopsia, que marcó entre 3,2 y 3,9 grados. Y el DNI era otro, no el hallado en el bolsillo de Santiago. La comparación se realizó con otros dos documentos. Por eso Sergio Maldonado denunció que se rompió la cadena de custodia del DNI de la víctima, lo mismo ha dicho otra de las querellas, el caso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Según el juez, redactó Heredia: “Habiéndose concebido un ensayo de simulación con la mejor aproximación, factible de implementación, de las condiciones en que fuera encontrado el DNI de Santiago Maldonado en el lugar del hallazgo, y a la luz de los resultados obtenidos en cuanto a que los DNI tarjeta ensayados durante 90 días de inmersión en agua (a 7 °C), no sufrieron cambios significativos permanentes de brillo, color, legibilidad y contraste, es decir no presentaron deterioro, se concluye que el DNI de Santiago Maldonado pudo haber estado sumergido en el lugar en que fue hallado, por un periodo de hasta 90 días”. Y agregó que “las láminas de PVC con las que están confeccionados los DNI mostraron una resistencia a cuestiones de humedad que no alteran significativamente la impresión del documento ni su soporte de cobertura plástica”.

En tanto, el perito Prueger enfatizó: “Si no observaron ninguna modificación o alteración significativa en ninguno de los documentos peritados, significa que no pueden determinar el tiempo que estuvo sumergido el DNI de Santiago. Y eso es porque el PVC se caracteriza por su elevada resistencia ambiental y a la abrasión, y su degradación es centenaria. Por lo cual la ausencia de modificaciones o alteraciones significativas en las muestras peritadas determinan la imposibilidad de relacionar deterioro y tiempo. Esto quiere decir que un DNI sumergido 10 días, 20 días, 30 días o 90 días se encuentra en condiciones similares, sin deterioro”.

Pero quizá lo más significativo y tortuoso fue lo que sospechó la experta Sara Maldonado sobre el estado del cuerpo: “La crioconservación es el proceso en el cual las células o tejidos son congelados a muy bajas temperaturas, generalmente entre -80 ºC y -196 ºC […] Es la prueba que el cuerpo fue extraído del agua y llevado a una cámara”. Una sospecha avalada por el estudio realizado por el perito Prueger, quien dijo que el cuerpo fue “plantado”.

“Por esto, el Informe de autopsia –afirmó Heredia en su apelación de más de cincuenta páginas– carece de controles, los análisis biológicos no aportan evidencia alguna. Carecen de rigor científico, se trata de datos generales, imprecisos, incompletos, especulativos. Omite datos. La toma de muestras no asegura la no-contaminación”.

Otro de los puntos nodales de la apelación de la principal querella es la denuncia sobre el rol direccionado del Ministerio de Seguridad en las causas de Habeas Corpus y Desaparición forzada de personas, con la actuación de los funcionarios Gonzalo Cané y Daniel Barberis. Ambos completaron una narrativa de diseño que apeló a negar a la víctima durante 78 días y defender el accionar del grupo de gendarmes que llegó al río con la excusa de la figura de la flagrancia.

Por su parte, la APDH sostuvo que la Gendarmería utilizó la famosa flagrancia “como un artilugio para poder reprimir sin control judicial”. Ese fue el origen de la cacería que llevó a Maldonado, fotografiado a las 11:32:33 del 1º de agosto antes de iniciar su corrida hasta el río. Unos veinticinco segundos después pueden verse otras imágenes de efectivos yendo hacia el río. Tal como lo reconstruyó Sebastián Premici en su libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado.

“En la resolución que impugnamos –insistió la APDH–, la hipótesis delictiva de que la flagrancia fue un ardid para actuar no sólo no es investigada, sino que ni siquiera es analizada como hipótesis delictual a pesar de las consecuencias penales que podrían surgir de una investigación en este sentido. Sobre todo, de confirmarse que presumiblemente existió una premeditación, organización y planificación del asalto con dolo eventual en el resultado de la muerte de Santiago Maldonado.”

apdh: “En la resolución que impugnamos, la hipótesis delictiva de que la flagrancia fue un ardid para actuar no sólo no es investigada, sino que ni siquiera es analizada como hipótesis delictual a pesar de las consecuencias penales que podrían surgir de una investigación en este sentido”.

Durante la conferencia de prensa en el Bauen, Sergio Maldonado reiteró sus acusaciones contra Patricia Bullrich, y Stella Peloso contó que en el diálogo que el juez Lleral mantuvo con ella el pasado 29 de noviembre le explicó que antes de hablar con el hermano mayor de Santiago quería comunicarle su resolución a ella y a su hijo Germán, que vive en 25 de Mayo.

“Me están amenazando después de este fallo y no son trolls: ‘así como lo matamos a Santiago te vamos a matar a vos también’. Que Bullrich se haga cargo”, dijo Sergio Maldonado, y agregó: “Patricia Bullrich se siente empoderada para salir a aplastarnos”.

sergio maldonado: “Me están amenazando después de este fallo y no son trolls: ‘así como lo matamos a Santiago te vamos a matar a vos también’. Que Bullrich se haga cargo”.

La madre de Santiago reiteró: “Me dijo (el juez Lleral) que se había sentido presionado, apretado”, y volvió a dar detalles de esa llamada: “Lleral me dijo que Santiago se ahogó solo, que nadie lo había movido y se sentía muy mal trabajando con su gente. Y que se había sentido muy presionado y apretado”.

Desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas señaló la continuidad de la lucha: “Las mentiras sobre este hecho tan grave no van a quedar ocultas por siempre, porque vamos a seguir acompañando a la familia de Santiago”. Lo propio adelantó Taty Almeida y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien pidió unidad en la lucha en el marco de reclamos y objetivos comunes para defender los derechos humanos.

Presos por musulmanes

Al cierre de esta nota, el juez federal Sebastián Ramos decidió liberar a los hermanos musulmanes Kevin y Axel Abaham Salomón, quienes estuvieron veintidós días detenidos en el penal de Ezeiza, acusados de ser parte del Hezbollah. La denuncia la había realizado la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la fuente era “un mail anónimo”. El gobierno había presentado la detención de ambos jóvenes como “un logro” del Ministerio de Seguridad antes del G20. Incluso la Agencia Judía de Noticias (AJN) afirmó en un cable publicado hace quince días: “El Mossad frustró el plan terrorista de Hezbollah contra objetivos judíos en Argentina”.

La noticia era absolutamente falsa. Uno de los hermanos salió libre con falta de mérito y el otro resultó insolitamente procesado por conservar una carabina obsoleta de su bisabuelo de 1930.

El abogado de los jóvenes, Ismael Jalil, se mostró satisfecho por la resolución judicial y adelantó que demandará al Estado por haber apresado sin justificación a los hermanos.

“No entiendo por qué quieren estigmatizar tanto. debe ser porque somos musulmanes, pero no me voy a ir de mi país, no voy a negar mi religión”, declaró el papá de Kevin y Axel.

“No entiendo por qué quieren estigmatizar tanto. Debe ser porque somos musulmanes, pero no me voy a ir de mi país, no voy a negar mi religión. Mire si no somos argentinos, tengo un primo que fue a la Guerra de Malvinas”, declaró el papá de Kevin y Axel Abraham Salomón.

Cuervos de cornisa

Pese a su inclinación al bolsonarismo militante, la ministra Bullrich sufrió un golpe de justicia. El juez porteño Roberto Gallardo dictó una medida cautelar y declaró la inconstitucionalidad de la resolución decretada por el Ministerio de Seguridad para el uso de armas de fuego letales por parte de las fuerzas federales contra sospechosos en presunta fuga. La Justicia porteña rechazó la aplicación de ese “Reglamento” en CABA.

La medida del juez en lo Contencioso Administrativo se originó en un pedido realizado por la legisladora Myriam Bregman y por María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi).

Todo indica que la ministra promotora de la represión continuará con su accionar al borde de la ilegalidad. El exjuez de la Corte, Eugenio Zaffaroni advirtió sobre este “Estado gendarme” en el verano de 2016. Se cumplió todo que lo dijo. Pero ahora su mirada hizo foco en los policías que imiten la motivación mortal del agente Luis Chocobar, procesado en tres instancias por el homicidio agravado de Juan Pablo Kukoc. Si la democracia no logra frenar estos niveles de locura social, la Argentina padecerá inevitablemente los funestos acontecimientos de los años del comisario Rubén Santos, cuando la Alianza dejó 39 muertos antes de huir en helicóptero con un país devastado.