El pasado 14 de noviembre un incendio en la Comisaria 3ª de Esteban Echeverría se cobró la vida de nueve detenidos. Las versiones oficiales hablaron rápidamente de un motín y un intento de fuga, pero horas después fueron desmentidas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM): se trató de una masacre en una comisaría que, a pesar de estar clausurada por la Justicia, seguía funcionando en un marco de superpoblación.

Desde la CPM, que se encuentra ahora acompañando a las familias de los nueve detenidos masacrados, detallaron que el Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora, con sede en Monte Grande, había ordenado la clausura de la Comisaría 3ª y había notificado de esto en marzo al ministro de Seguridad Cristian Ritondo y a la gobernadora María Eugenia Vidal. Sin embargo, ninguno hizo nada al respecto y se siguió alojando personas allí: al momento del incendio había veintiséis personas, cuando la capacidad era de diez.

“Ellos sufrían condiciones de hacinamiento horrorosas que los llevaron a la muerte”, dijo a Contexto Ezequiel Soto, hermano de Elías Soto, una las víctimas. Con veinte años, Elías estaba detenido por robo calificado y tenía una condena de tres años. A pesar de tener el pedido de traslado a una cárcel común, siguió en la comisaría, donde murió junto con ocho jóvenes más, siendo la mayor masacre en una comisaría y la segunda bajo la gestión de Vidal.

Su hermano Ezequiel desestimó las versiones del motín e intento de fuga y manifestó: “Si bien el fuego pudo haber sido iniciado por ellos, no creo que ellos se hayan querido matar”. Los testimonios concuerdan con esta versión: según los sobrevivientes, no fue un intento de fuga, sino que el incendio se dio en un reclamo por las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban. Los relatos advierten que, si bien los detenidos prendieron fuego una frazada, los efectivos les tiraron unos colchones, lo que prendió rápidamente. “Cuando ese fuego alcanza a los detenidos es cuando la policía les grita ‘Ahora se van a quemar como las ratas que son’”, detalló Soto.

Ayer los familiares de las víctimas de esta masacre marcharon pidiendo justicia hasta la comisaría, ubicada en Restelli y Camino de Cintura, pegada al cuartel de bomberos, que tampoco actuó como debía.

“Movilizamos para pedir justicia y responsabilizar a la policía, fundamentalmente los que estaban en el turno, sumado el comisario, porque claramente podría haber actuado”, dijo Soto. “Nosotros consideramos que los responsables políticos son Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal.”

A más de diez días de la masacre, tanto el ministro como la gobernadora se han llamado al silencio. Sin embargo, el archivo dejó expuesta la visión de Ritondo, quien en septiembre de este año aseguró preferir “a los delincuentes amontonados que liberados”.

En la provincia la superpoblación es estructural tanto en cárceles como en comisarías, donde no es legal alojar detenidos. Sin embargo, la cantidad de detenidos en estos lugares creció un 14% en el último año y acumula un 93% desde diciembre de 2015. El resultado es una superpoblación del 246%: hay espacio para mil personas pero alrededor de 3.500.

Soto consideró que estas declaraciones y el silencio mantenido ahora “es aberrante”. “Dicen ‘amontonemos’ y le da vía libre a la policía; ‘métanlos presos y ya está’. Para la policía, que es un poder tan hegemonizado, le dan un aval de violencia institucional”, sostuvo.