La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en su primera actividad como regional provincial, presentó un informe con duras críticas a la aplicación del Protocolo ILE en la provincia de Buenos Aires. Realizado en conjunto por la Red de Profesionales a Decidir, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP), la diputada Lucía Portos y el diputado Guillermo Kane, con el apoyo de Florencia Saintout, el trabajo evidenció cómo María Eugenia Vidal, junto con sus intendentes aliados, vulnera sistemáticamente el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de un embarazo (ILE) está vigente desde 1921 de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L.” de 2012. Esta normativa es de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” por parte de “todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales, y establece que el aborto no es punible en ninguna de las siguientes causales: si representa un peligro para la vida o salud de la persona embarazada o si es producto de violación. De esta normativa se desprende la Guía Técnica de Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación.

En 2017, la por entonces ministra de Salud Zulma Ortiz adhirió al Protocolo ILE, pero María Eugenia Vidal dio marcha atrás y la titular de la cartera renunció a su puesto. Fue reemplazada por Andrés Scarsi, un confeso opositor a la legalización del aborto, al igual que la propia Vidal, quien manifestó su alivio ante la no sanción de la ley. En este marco, las mujeres y personas gestantes ven sus derechos vulnerados cada vez que recurren a realizarse un aborto legal.

En Zona Norte

Según detallaron en la presentación, en Zona Norte, los partidos de San Martín y Tigre garantizan el acceso al ILE, pero en Vicente López se encuentran grandes obstáculos y es quizá San Miguel el territorio donde más se vulnera este derecho. Gobernada por Jaime Méndez, un hombre de Joaquín de la Torre, ministro de Gobierno de Vidal con fuertes vínculos con el Opus Dei, las dificultades son notorias. Su hermano, Pablo de la Torre, es el secretario de Salud y fue uno de los oradores en el Congreso de Diputados contra el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este Municipio llegó incluso a declararse “provida”.

En su gestión, De la Torre no sólo se encargó de perseguir con despidos a aquellos profesionales que buscaran garantizar este derecho, sino que también impulsó la Consejería Guadalupe, parte de las “políticas públicas para salvar a las dos vidas”. Agostina Felice, referente del lugar, destacó que en San Miguel, “lejos de acompañar a las mujeres, se las persuade para que su voluntad de interrumpir un embarazo se vea coartada, y en caso de que efectivamente decida continuar ese camino, aparece la criminalización, la revictimización y el Estado que omite su intervención o cuando interviene lo hace para seguir violentándonos”.

“Lo que estamos haciendo con este informe es tomar el rol que el Estado no está cumpliendo, que es poder caracterizar seriamente cuál es la situación real, la información que contamos, producir esta información para poder resolver una problemática social”, destacó Felice.

En Zona Sur

Silvia Noguera, referente de la regional de Zona Sur, destacó que en cada municipio han realizado un pedido de informe respecto de la situación del Protocolo ILE, pero ninguno brindó respuestas. “En los Centros de Atención Primaria carecen de medicación, de los estudios necesarios para acceder al ILE, y últimamente nos enteramos, acompañando a las mujeres, que la mujer que tiene que acceder al ILE tiene que pasar por tres mediaciones”, y detalló que estas maniobras dilatorias ponen muchas veces en riesgo la vida de la mujer. “Tuvimos un caso en el Hospital Narciso de Lanús –gobernado por el macrista Néstor Grindetti– que la compañera llegó a las dieciocho semanas. Esto es lo terrible, es empujar a la compañera a esa situación de desesperación y al borde de su pérdida de vida”, destacó la activista.

En La Plata

En La Plata el Protocolo ILE tampoco es garantizado y es el propio intendente quien vulnera los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. “Julio Garro prohibió que se realicen consejerías en los centros de salud del Municipio de La Plata. Sin fundamentos, pero con una línea política que es antiderecho y fundamentalista”, detalló Sandra Di Seri, referente local de la Campaña.

“Les compañeres de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir nos plantean que no solamente les prohíben realizar prácticas, sea brindar información, sea brindar un método anticonceptivo o facilitar una interrupción legal del embarazo en los términos que el Código Penal lo plantea, sino que son perseguides”, agregó Di Seri.

Desde la Campaña denunciaron que en La Plata ya no hay anticonceptivos de ningún tipo, ni siquiera preservativos, al tiempo que el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que en última instancia era el que garantizaba el ILE, “fue totalmente vaciado y no hay ninguna persona responsable que pueda garantizar una interrupción legal del embarazo”.

Por otro lado, los hospitales provinciales de La Plata son otro obstáculo: “Ninguna de sus áreas de ginecología garantiza el acceso a la práctica de la interrupción legal del embarazo. Son todos objetores de conciencia”.

“El estado de situación en La Plata es bastante crítico y termina dependiendo de la voluntad política de las compañeras y compañeros organizados en el sector primario de la salud, así como en el secundario”, concluyó Di Seri.

En la provincia

Valeria Bonetto de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de CICOP y parte de la Campaña, destacó que en la provincia hay “muchos obstáculos” en la aplicación del Protocolo ILE. “Queremos hacer responsable al ministro de Salud. El gobierno es responsable de todas las deficiencias que hay con respecto a garantizar los derechos de la salud sexual, reproductivos y no reproductivos, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”, apuntó.

“El aborto es legal en Argentina por tres causales, y la posibilidad de garantizar el acceso a ese derecho es ni más ni menos el establecimiento de políticas públicas que así lo garanticen y que haga que las mujeres que se acerquen a los centros de salud lo hagan sin mayores dilaciones ni intermediaciones, ni juzgamientos por el sistema de salud. Esa herramienta, esa posibilidad, está en las manos de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal y de su ministro de Salud, y sabemos que no se cumple ni se realiza ni siquiera en esos casos de mayor evidencia de la necesidad”, destacó Portos, de Unidad Ciudadana.

“Esto tiene que ver también con el ajuste que ha determinado la gobernadora sobre las áreas de políticas públicas que nos atendían a las mujeres. Y además con una concepción ideológica que tiene que ver con no considerarnos sujetos de derechos, entonces retacear todas aquellas prestaciones que el Estado debe brindarnos por ser servicios públicos, y que han dejado de ser de la agenda”, agregó Portos, quien invitó a salir a las calles a rechazar el Presupuesto 2019.

Guillermo Kane, del FIT, recordó el veto a la adhesión del Protocolo en 2015 y consideró que fue un “lobby del Opus Dei en el propio gabinete de María Eugenia Vidal. Ha pesado más la opinión de religiosos que la vida de las mujeres y la propia ley”. De cara al año próximo, planteó también el rechazo al Presupuesto 2019, que consolida el ajuste. “La gobernación está teniendo una política para bloquear los derechos”, aseguró.

Ana Negrete, parte del equipo de trabajo de Saintout –presidenta del bloque de diputados del FpV/PJ– en la Legislatura, destacó que “uno de los ejes que tiene como diputada tiene que ver con los derechos de las mujeres y nuestras políticas de géneros”, por lo que manifestó la voluntad de acompañar este informe desde la Cámara. “Para poder visibilizar en las legisladoras, en otros diputados y diputadas de otros bloques, pero primordialmente en el Poder Ejecutivo de la provincia, que las mujeres nos seguimos muriendo por abortos clandestinos”, advirtió. 

“Vamos a seguir pidiendo, visibilizando y responsabilizando al gobierno provincial de la gobernadora Vidal, que tiene que administrar los mecanismos necesarios, que tiene que generar políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres, que tiene que fortalecer el sistema público de salud”, aseguró Negrete.

En el documento elaborado por la Campaña, al que pudo acceder Contexto, detallan que hay dificultades “en la accesibilidad a la información sobre los derechos sexuales y reproductivos, como a las prácticas o dispositivos de atención respetuosos de los derechos, sobre todo en lo que respecta a las situaciones que requieren de una intervención de los servicios hospitalarios de gineco-obstetricia”.

Por otro lado, los pocos equipos de consejería que se encuentran en la provincia se ven con un faltante de recursos tanto en dependencias municipales como provinciales, destacando las dificultades para acceder al misoprostol, así como también a ecografías o estudios complementarios que son parte del protocolo de atención de estos equipos.

En este relevamiento, la Campaña denuncia que son reiteradas las situaciones de maltrato que reciben las personas con embarazos no deseados, encontrándose muchas veces con comentarios culpabilizadores, moralizadores, ejerciendo violencia verbal e incluso haciéndoles escuchar los latidos del feto sin su consentimiento.

Por otro lado, los Programas de Salud Sexual Regionales, que deben dar respuestas a los equipos de consejería en gestas de más de doce semanas, dilatan la respuesta o directamente la niegan, poniendo en riesgo la vida de las mujeres y personas gestantes.