Con cuestionamientos de la oposición, comenzaron ayer las comisiones para debatir el presupuesto para La Plata que podría votarse el próximo 26 de diciembre. Las principales expectativas están puestas en las decisiones que tome Provincia respecto de transferir responsabilidades a los municipios y cómo afectaría esto a la gestión de Julio Garro.

La Comisión de Hacienda de la Municipalidad de La Plata se reunió ayer en lo que fue el puntapié inicial para las discusiones. La reunión entre los concejales de todos los bloques tuvo lugar en el Salón de Relatorías del palacio comunal, donde se presentaron los principales montos a distribuir entre las distintas áreas locales, del total estipulado en 9.950 millones de pesos. Desde el bloque Unidad Ciudadana-FpV fueron arrojados los primeros cuestionamientos ante lo dispuesto en este presupuesto, donde, según prevén, será clave observar qué papel jugará el presupuesto provincial y las medidas que Vidal disponga sobre los municipios.

Las cifras fueron expuestas por el titular de la Secretaría de Economía Horacio Prada, así como por el administrador de la Agencia de Recaudación Platense, quienes resaltaron un aumento del 57% respecto del presupuesto del último año. No obstante, los señalamientos vinieron de parte de los ediles opositores, quienes coincidieron en “imprecisiones” en las tasas de recaudación y los criterios de distribución para las distintas áreas. Esto se combinó con la discusión sobre la deuda que Provincia mantiene con La Plata por la tasa de capitalidad, vinculada a los servicios edilicios que la ciudad ofrece a la gestión pública provincial.

Las miradas están también puestas sobre el presunto traspaso de la administración de los subsidios a medios de transporte desde Provincia hacia el Municipio, hecho que modificaría las finanzas locales de manera crucial. La transferencia de gastos ya se vio plasmada este año en el retiro de Nación del financiamiento del programa de médicos comunitarios de las unidades de salud de la periferia platense.

Otros señalamientos llegaron en referencia a la transferencia de presupuestos que antes ocupaban un lugar en Producción y ahora serán destinados a Desarrollo Social. El propio Ejecutivo había destacado la impronta del presupuesto de generar “una fuerte suba en la productividad”. Asimismo, señalaron como “nula la inversión en insumos en centros de salud”.

Según lo presentado ayer, en materia de Obras y Servicios Públicos se proyecta una ejecución de 1.730 millones de pesos, compartidos entre las partidas presupuestarias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (1.300 millones) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Económico (430 millones). Este punto fue también cuestionado debido a que “la obra pública ni siquiera tiene aún pensada la redeterminación de precios”.

A su vez, el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de reforma fiscal para adaptar las Tasas de Servicios Urbanos Municipales a la nueva estructuración económica, contemplando la inflación del año en curso, con un incremento promedio del orden del 35%. Este punto también fue cuestionado ayer por la oposición, ya que se observaron allí desfasajes en la dinámica de progresividad –que prevería proteger a los sectores de menor patrimonio e incrementar la presión impositiva en los de mayor–. “Hay que rever este punto, ya que según los cálculos de valuación hay sectores intermedios que terminarían pagando mucho menos que sectores más vulnerables”, manifestaron.