Ayer murieron dos presos de la Comisaría 3º de Esteban Etcheverría, que se suman a los cuatro que habían fallecido previamente, tras el incendio que habrían desatado en medio de un intento de fuga, según la versión policial. Estaban detenidos allí a pesar de que el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora había dictado una orden de clausura por las condiciones de hacinamiento del lugar.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) calificaron el hecho como una “masacre” y responsabilizaron al gobierno de María Eugenia Vidal y a la Suprema Corte bonaerense por las condiciones inhumanas de la comisaría. “No hubo motín ni intento de fuga, como pretende instalar la versión policial. Fue un reclamo desesperado de los detenidos por sus condiciones de detención”, señaló el organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel.

Las expresiones de repudio por el accionar del Estado que permitió las muertes apuntaron a que, además de las condiciones deplorables en las que vivían los detenidos, sin colchones y durmiendo por turnos con frazadas, eran veintisiete cuando el cupo máximo para ese lugar es de diez personas. A su vez, al jueves a la noche, cuando fue el incendio, superaban el tiempo máximo de 48 hs que una persona puede estar alojada en ese tipo de dependencias. Casi la mitad llevaba más de cuatro meses.

El diputado bonaerense Miguel Funes (Unidad Ciudadana-FpV), presidente de la comisión de Derechos Humanos, presentará una solicitud de informes la semana próxima en la Legislatura para que el oficialismo rinda cuentas sobre lo sucedido.

“Esto es responsabilidad del Estado y se explica por el hacinamiento y la sobrepoblación que hay en el sistema de encierro bonaerense”, sostuvieron por su parte desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En este sentido, según un informe de la CMP, en la provincia hay 252 inhabilitadas, que representan el 55% del total. De estas, 109 siguen siendo utilizadas para alojar detenidos. Además, se encuentran sobrepobladas en un 246%: con espacio para mil personas, alojan a 3.500. También indicaron que durante la gestión del ministro Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, hubo once jóvenes muertos bajo custodia del Estado en las comisarías.

La CMP también remarcó que la policía no auxilió a los detenidos e incluso les cerró la llave de paso de agua de las celdas para que no pudieran apagar el fuego.

Los fallecidos ayer son Elías Soto (20) y Miguel Sánchez, quien estaba detenido por tenencia simple de estupefacientes, un delito menor y excarcelable. Ambos estaban procesados. Habían sido internados en hospitales de la zona junto a ocho presos más. El jueves, día del incendio, habían muerto Jeremías Rodríguez (19), Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60) y Juan Lavarda (59).

Según la versión policial, el jueves a la madrugada un agente encontró a dos presos que intentaban forzar los barrotes de una reja, tras lo cual alertó a sus superiores. Del operativo participaron diez móviles para evitar la fuga.

Los detenidos prendieron fuego colchones que ubicaron en la puerta de ingreso a los calabozos. Luego se habría producido una pelea entre dos grupos, entre quienes estaban a favor y en contra del fuego. Tras el incendio, cuatro presos murieron y diez fueron trasladados por quemaduras e intoxicación por inhalar monóxido de carbono.

La causa fue caratulada provisoriamente como “averiguación causales de muerte” y recayó en el fiscal de turno de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Esteban Echeverría, quien ordenó el traslado de todos los presos que resultaron ilesos a otras dependencias.