Por Pablo Pellegrino

La polémica por la ley de presupuesto bonaerense para el ejercicio 2019 sigue generando resistencias en los jefes comunales, que a partir del año próximo deberán afrontar nuevas obligaciones que hasta ahora solventaba Provincia.

Uno de ellos es el traspaso de subsidios al transporte, compuesto por una doble erogación que por un lado compensa el precio del boleto y, por el otro, subsidia el precio del gasoil para las empresas transportistas. Pero, por el modo en que está redactado el artículo 96 de la denominada ley de leyes, se generó confusión respecto de cuáles serán los municipios que deban afrontar ese costo.

La norma sostiene que se destinarán unos 25 mil millones de pesos para “atender el pago de compensaciones tarifarias, así como también las referidas al precio diferencial del gasoil, con destino a las empresas prestadoras de transporte público automotor de pasajeros, urbano y suburbano, de tipos provincial y municipal de la provincia de Buenos Aires, durante el ejercicio 2019”.

Pero en el mismo párrafo aclara el modo en que se calculará el costo para “los pagos que correspondan a la compensación tarifaria de los servicios prestados en los Municipios comprendidos en el articulo 2° de la Ley Nacional Nº 25.031”. Ese artículo define lo que se entiende por AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), que comprende a la Capital Federal, todos los municipios del Conurbano bonaerense y suma a las ciudades de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Cañuelas, entre otros.

La interpretación que muchos hicieron sobre este artículo es que esa región continuaría recibiendo recursos de Provincia en concepto de subsidios al transporte. Sin embargo, una alta fuente del Ministerio de Economía allegada a Hernán Lacunza explicó a Contexto que, a pesar de esas versiones, el gobierno de María Eugenia Vidal destinará esos 25 mil millones a las líneas intermunicipales, que “son la gran mayoría”.

Pero algunas comunas, principalmente las que mayor territorio abarcan, deberán afrontar el costo del subsidio para las líneas “que nacen y mueren dentro de su territorio”, según explicaron desde Economía. También agregaron, en la misma línea que hasta ahora sostuvieron los intendentes, que todavía no se conoce el dato de cuánto le correspondería costear a cada uno de ellos.

De cumplirse esta norma, la Municipalidad de La Plata debería desembolsar una enorme cifra para subsidiar ocho de las trece líneas que, según figura en la página web del gobierno local, funcionan en su territorio.

Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), las líneas de transporte automotor se dividen de la siguiente manera según su nomenclatura: de la 1 a la 199 son las que atraviesan más de una provincia incluida la CABA y tiene jurisdicción la CNRT (es decir, Nación); de la 200 a la 499 son líneas que atraviesan dos o más municipios y la jurisdicción es provincial (en este caso, las que mantendrían el subsidio desde las arcas bonaerenses); y, finalmente, del 500 en adelante son líneas municipales.

En La Plata, a las líneas 506, 508, 518 y 561 hay que sumarles las otras cuatro municipales: Este, Oeste, Norte y Sur. Estas ocho son, según la explicación que dieron desde la cartera de Lacunza a este medio, las que deberá costear a partir del año que viene la ciudad de Julio Garro, quien en un principio se había mostrado reacio al traspaso, pero luego aclaró que “los intendentes haremos el esfuerzo que Provincia necesite”.

Aunque todavía no se conoce en números finos cuál es el monto que deberá presupuestar en el próximo ejercicio la Municipalidad de La Plata, la Defensoría del Pueblo estimó que las líneas requerirían una financiación comunal de 831 millones de pesos y el total de los municipios pagarían unos 8 mil millones de pesos. Sin embargo, desde Provincia insistieron en que la cifra representa unos 2.500 millones.

Además, en la semana se conoció también el traspaso de una nueva carga sobre las arcas municipales que afectará, principalmente, a los intendentes del Conurbano. A partir de 2019 deberá ser cada uno el que afronte el costo de los acuerdos con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Según estima Provincia, serán unos 2.500 millones que deberán afrontar los 33 municipios que actualmente tienen convenios de tratamiento de residuos con esa empresa.

Si se suma a estas nuevas obligaciones el traspaso de la tarifa social energética, los márgenes presupuestarios con los que se moverán algunos municipios, entre ellos La Plata, serán tan angostos como las ganas de “hacer el esfuerzo”.