Por Pablo Pellegrino

“El presupuesto refleja una situación de quiebra fiscal y lo que quiere Provincia es socializar el ajuste con los municipios”, dijo a Contexto Roberto Feletti, secretario de Hacienda de La Matanza, el municipio más grande de la Argentina y uno de los grandes perjudicados en la asignación de recursos en el presupuesto que la gobernadora María Eugenia Vidal envió el lunes a la Legislatura.

En números, el gigante del Conurbano recibirá en 2019 casi un 30% menos de recursos de los presupuestados en 2018, pasando de casi 1.000 millones de pesos a unos 700 millones. La Plata, en cambio, gobernada por Cambiemos, será la más beneficiada en la ley de leyes bonaerense, con más de 2.200 millones; tres veces más que el municipio más poblado del país.

Según Feletti, la virtual quiebra que describe el proyecto se compone por un combo de megaendeudamiento, reducción de recursos por imperio del Pacto Fiscal firmado por la gobernadora, la desaparición del financiamiento del Fondo Federal Solidario (conocido como Fondo Sojero) y el traspaso de las millonarias erogaciones para el subsidio de servicios como Aysa, tarifa social eléctrica y transporte.

“El presupuesto tiene un fuerte incremento del resultado financiero negativo, del déficit financiero, de casi un 60% con un superávit primario que cae y con una duda muy grande de cómo va a afrontar vencimientos fuertes el año que viene por casi 70.000 millones pesos que están calzados con el pedido de autorización de nuevo endeudamiento por 68.500 millones”, explicó el funcionario matancero, y agregó: “La provincia va camino a tener que reestructurar su deuda”.

La socialización del ajuste es uno de los puntos más resistidos por los representantes del último eslabón de contención del Estado: los intendentes. El traspaso de los subsidios que Nación pactó con los gobernadores en el caso bonaerense es doble, ya que gran parte de esos recursos deberán salir de las arcas municipales.

“Con este presupuesto Provincia va lesionando la autonomía municipal: ya lo hizo con el Pacto Fiscal para aquellos que lo firmaron con la limitación en la suba de tasas y el manejo del gasto, ahora da una nueva vuelta de rosca con el traslado de servicios públicos”, sostuvo Feletti. Y añadió que los municipios ni siquiera conocen cuál es la cifra que en sus presupuestos deberán destinar a ese fin. “Vamos a rechazar este presupuesto desde el arranque: hoy no hay nada para negociar, no estamos en 2016 o 2017 donde recién arrancaban a gobernar y podíamos negociar; hoy directamente hay un mazazo sobre los municipios y la política de Provincia es definidamente de ajuste”, manifestó.

Roberto Feletti (La Matanza): “hay un mazazo sobre los municipios y la política de Provincia es definidamente de ajuste”.

Asimismo, afirmó que la difícil situación apaña “una gran transferencia al sector privado”, con la rebaja de Ingresos Brutos, por ejemplo, o la reducción de la tributación que las distribuidoras eléctricas hacían en concepto de contribución territorial, mientras que “paralelamente presionás sobre el impuesto inmobiliario urbano con subas importantes, como está planteado en el presupuesto, estás jorobando a la clase media de las zonas residenciales”.

El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, coincidió en que el presupuesto implica una quita de autonomía para los municipios y advirtió que el proyecto “pone de rodillas a los intendentes”. “La distribución de la inversión en obra pública es totalmente discriminatoria. En el caso de los vecinos nuestros, como Juárez, Tres Arroyos o San Cayetano, tienen montos altísimos en las planillas de inversión contra los municipios de Gonzales Chaves y Laprida, que somos los que protestamos y nos opusimos al Pacto Fiscal, por ejemplo, y tenemos montos irrisorios”, dijo el jefe comunal.

marcelo santillán (adolfo gonzales chaves): “La distribución de la inversión en obra pública es totalmente discriminatoria”.

El municipio que conduce Santillán, por ejemplo, recibirá para obras de Provincia poco más de 4 millones de pesos, mientras que San Cayetano, que tiene una población similar, recibirá casi 22 millones. Laprida, también mencionado por el intendente, recibirá unos magros 60.000.

“Es un presupuesto que, aparte de mostrar un ajuste permanente con el objetivo de cumplir con el sistema financiero, convierte a los intendentes en delegados del poder central. Si opinás como yo opino tenés esto, si no, no tenés nada”, dijo el intendente de Gonzales Chaves.

Por otro lado, también consideró que es “alarmante para los municipios del interior que el presupuesto del Ministerio de Producción y Asuntos Agrarios decrece, es decir, no sólo no cubre la inflación sino que baja en términos nominales”.

“Con respecto a los subsidios a la energía, se ve una vez más cómo se les transfieren responsabilidades a los municipios sin transferir recursos ni poder de decisión: en el caso de nuestra ciudad, no sabemos cuántas tarifas están subsidiadas y tampoco sabemos si esas tarifas subsidiadas son justas, hemos tenido casos de vecinos que tienen hasta cinco propiedades y tienen tarifa social”, sostuvo Santillán, y cuestionó: “Quien va a decidir qué medidor es beneficiario de esa tarifa diferencial es Provincia, es decir, el gobierno decide a quién subsidiar con plata de los municipios”.

Su par de Laprida, Gustavo Cocconi, consultado por Contexto, también se mostró disconforme con el proyecto: “Es importante que por el control del clima social y por la autonomía de los municipios se haga otro planteo respecto del presupuesto provincial”.

“A nuestros vecinos que no pueden pagar la luz, el gas, o que no tienen posibilidades de que la obra social les cubra algún remedio, los tenemos que atender nosotros como si fuéramos los generadores de la crisis”, se quejó el jefe comunal, y completó: “Se hace muy difícil con un gobierno nacional y provincial que derivan en los municipios un ajuste que nos cuesta afrontar”.

La doble intención detrás del debate por el Fondo Educativo

“Provincia quiere que le devolvamos lo que nos da de coparticipación en arreglar las escuelas, que es responsabilidad de ellos, y también está buscando licuar la responsabilidad que le cabe por el luctuoso hecho que ocurrió en Moreno para que se responsabilice a los municipios por el deterioro de las escuelas”, analizó Roberto Feletti sobre la polémica que desata la modificación que el gobierno bonaerense busca en la implementación del Fondo Educativo.

El presupuesto estipula un aumento en los recursos que componen ese fondo, pero una modificación crucial: los municipios del Conurbano bonaerense deberán destinar el 100% de ese dinero a infraestructura escolar, mientras que los del interior deberán usar para ese fin el 70%.

Un dato no menor de esta norma es que el Fondo es coparticipable y el gobierno provincial se queda con la mayor tajada: el 83,5% de los fondos los retiene Vidal y el 16,5% restante se divide en los 135 distritos provinciales.  

“Nosotros, como muchos municipios, usamos ese Fondo para atender las debilidades sociales que genera un modelo como este: hoy estamos dando en las escuelas técnicas, por ejemplo, viandas, porque el chico tiene a la mañana secundaria y a la tarde tiene taller y antes comía en la cantina o se llevaba un tupper pero ahora no lo pueden hacer y lo asistimos con viandas”, explicó Feletti sobre el caso de La Matanza, y agregó: “No es menor que una parte importante del Fondo se usa para subsidiar socialmente o facilitar el acceso a la educación de los chicos más vulnerables”.

Marcelo Santillán, en la misma línea, destacó que la responsabilidad del mantenimiento edilicio y de infraestructura educativa le corresponde al gobierno provincial, y también detalló el uso que le dan en el caso de Gonzáles Chaves: “Yo en este momento traslado 180 chicos todos los días a localidades vecinas donde tienen Universidad para que estudien, traslado a los que estudian para policía. Para nosotros es fundamental el transporte en el tema educativo porque los papás se ahorran de pagar un departamento”.

Además, dijo que “en los municipios hay realidades completamente distintas: que visiten las escuelas y hagan un relevamiento de aquellas que necesitan infraestructura”, y concluyó: “Lo que hay que preguntarse es qué hace Provincia con los 83 pesos cada 100 que recibe del Fondo Educativo: en 2018, el Fondo Educativo de la provincia de Buenos Aires se invirtió casi todo en sueldos y no en infraestructura”.

Garro, el caprichoso

“No es un capricho, no es un antojo, es una realidad: el municipio no puede subvencionar al transporte y mucho menos imaginarse que puede hacerse cargo de un año para el otro”, había dicho a los medios el intendente de La Plata, Julio Garro, el miércoles luego de una reunión con María Eugenia Vidal en la República de los Niños. “Los municipios de Cambiemos están peor que los municipios peronistas. Quilmes, La Plata, ni que hablar Mar del Plata, son municipios absolutamente desequilibrados y este mazazo los va a complicar muchísimo. Es razonable la reacción de Garro”, analizó Feletti en este punto.

Sin embargo, quizás con un tirón de orejas mediante, el intendente de la capital bonaerense, el más beneficiado en el reparto de obras, se contradijo el jueves luego de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y afirmó: “Los intendentes vamos a hacer el esfuerzo que la provincia necesite”.

Según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, aquella “realidad” que en un principio describió Garro sobre el transporte suma 831 millones de pesos entre compensación por el precio del boleto y el subsidio al gasoil. Si se suma el otro “esfuerzo” que deberá hacer la ciudad, el de la tarifa social eléctrica, La Plata superaría los 1.000 millones en desembolsos por el traspaso del ajuste que Nación hizo sobre Provincia y esta sobre los municipios.

Por ahora, el intendente capitalino parece estar conforme con ser el niño mimado de la gobernadora en el reparto de obras, y los 2.200 millones de pesos serán bien recibidos en un año electoral.