Ayer se realizó la primera audiencia pública convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que había aceptado el pedido de la cadena Farmacity para instalarse en territorio bonaerense. Expusieron quince amicus curiae en representación de los farmacéuticos y seis de la cadena comercial, quienes dieron sus argumentos ante los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. El miércoles 14 será la segunda y última audiencia, donde hablarán directamente las dos partes, tras lo cual se espera el fallo definitivo.

Entre los farmacéuticos hay un clima de incertidumbre a raíz de la injerencia política que hubo en el conflicto, que se inició en 2012. Desde entonces, la Justicia de la provincia emitió fallos unánimes en las distintas instancias a favor del actual sistema sanitario. Pero el clima cambió drásticamente desde la asunción de Cambiemos al gobierno nacional, y la Corte Suprema dio lugar al pedido de Farmacity mientras su fundador, Mario Quintana, era vicejefe de Gabinete. A su vez, el estudio jurídico del presidente de la SCJN, Carlos Rosenkrantz, cercano al oficialismo, fue asesor de la empresa. Por eso, mientras se desarrollaba la audiencia, cientos de farmacéuticos se concentraron en los alrededores del Palacio de Justicia de la Nación para defender la Ley Nº 10.606 que regula su profesión. Hubo delegaciones de distintos puntos de la provincia y también de otras provincias, que temen que el caso de Buenos Aires sea puntapié para otros.

cientos de farmacéuticos se concentraron en los alrededores del Palacio de Justicia de la Nación para defender la Ley nº 10.606 que regula su profesión.

En concreto, Farmacity embiste contra los artículos 3 y 14 de la Ley Nº 10.606. El primero indica que las farmacias deben garantizar la extensión del sistema de salud, distribuidas “racionalmente” por el territorio provincial. Mientras que el segundo define el criterio para establecer la propiedad de las farmacias, impidiendo que los dueños sean sociedades anónimas.

“No es lo mismo que una farmacia sea propietaria del farmacéutico o de una sociedad anónima, como pretenden estas empresas. Esta ley es en favor de la gente; si se declara inconstitucional se rompe este tejido social, el acceso al medicamento”, dijo a Contexto María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. “Los medicamentos no son un bien de consumo, por lo tanto, quienes los utilizan no pueden ser considerados ‘consumidores’ sino ‘pacientes’”, añadió.

María Isabel Reinoso (CFPBA): “Esta ley (10.606) es en favor de la gente; si se declara inconstitucional se rompe este tejido social, el acceso al medicamento”.

Reinoso afirmó que en los lugares donde se instalaron monopolios como Farmacity, en favor de una lógica mercantilista del medicamento, hubo retrocesos en los resultados sanitarios con aumento de muertes y enfermedades.

Entre los expositores en la audiencia estuvo Ginés Mario González García, exministro de Salud de la Nación y exembajador en Chile durante los gobiernos de Cristina Kirchner, quien detalló que en aquel país, donde funcionan farmacias-shopping, se desreguló el sistema sanitario y localidades alejadas de grandes centros urbanos –donde se asientan las cadenas– han visto restringido su acceso a los medicamentos.

Expusieron también la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) y los juristas Andrés Gil Domínguez y Alberto Bianchi. A favor de la empresa lo hicieron especialistas contratados por la propia Farmacity, Lucas Grosman, rector de la Universidad de San Andrés –el mismo cargo que ocupó Rosenkrantz antes de llegar a la Corte–, y Fermín Víctor Carricarte, de la Asociación de Empleados de Farmacia.

Entre las entidades y organizaciones que apoyaron a los farmacéuticos hubo colegios de otras profesiones, científicos, asociaciones de consumidores, universidades, ONG de salud, médicos sanitaristas, centros de jubilados y la Defensoría del Pueblo de la provincia.

En el Palacio de Justicia estuvieron presentes legisladores nacionales y bonaerenses. Entre ellos, la diputada nacional Fernanda Raverta (Unidad Ciudadana) y el diputado de la provincia Fernando Bonelli (Frente Renovador), quien había presentado un proyecto de ley que considera “taxativo” el artículo 14, es decir, que no se puede modificar mediante ninguna ley.

También hubo un fuerte respaldo desde los municipios bonaerenses, donde 122 de las 135 comunas han sancionado ordenanzas y resoluciones de apoyo a la ley vigente.

En tanto el vicepresidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó que la CSJN no haya permitido exponer a los intendentes de la provincia. En su cuenta de Twitter escribió ayer por la mañana: “Lamento profundamente que la Corte Suprema no escuche a los intendentes de la provincia de Buenos Aires por el caso Farmacity. Con esta determinación se dejó sin voz a quienes defendemos las farmacias de barrio”.