El martes ingresó en la Legislatura bonaerense el proyecto de Presupuesto General de Gastos de la Administración provincial que, como era esperable, llega con el mismo sesgo de ajuste que a nivel nacional.

Tal como en la “ley de leyes” votada hace pocas semanas por los diputados nacionales, en provincia de Buenos Aires en el presupuesto se duplican los servicios de la deuda y, tomando en cuenta la inflación que marcó como horizonte Cambiemos para el año que viene, muchas áreas tendrán incrementos por debajo de ese indicador.

Uno de los ejes en los que más ha puesto el foco la oposición es la deuda que ha tomado la provincia desde que asumió María Eugenia Vidal. Según la letra chica del Presupuesto, los fondos para el pago de la deuda subirán un 100% el año próximo, pasando de poco más de 28.000 millones de pesos en 2018 a 56.400 millones aproximadamente. La deuda sobre el total presupuestado pasó de representar el 4,5% al 6,1% para el próximo ejercicio.

Además de los 68.500 millones de pesos de deuda que la provincia planea tomar el año que viene, se continuará con el esquema de colocación de Letras del Tesoro para conseguir financiamiento, por otros 8.500 millones. En suma, la gobernación pedirá unos 77.000 millones en 2019.

Otro de los temas que seguramente se instalará en la agenda provincial, en el marco del debate por la norma, es la transferencia de obligaciones a los municipios que se produce luego de que el gobierno nacional volcara el pago de subsidios a distintos servicios a las provincias. En este sentido, las comunas bonaerenses deberán hacerse cargo de unos 8.000 millones de pesos en concepto de subsidios energéticos (tarifa social). También deberán afrontar los subsidios al transporte, que alcanzarían unos 2.500 millones de pesos.

Pero además del problema de la transferencia de esas obligaciones, Cambiemos buscará modificar la afectación de los recursos que los intendentes reciben por el Fondo Educativo. Esa línea tendrá un incremento de casi el 50%, pero el vidalismo propone modificar el modo de ejecución de esos fondos que, en el caso del Conurbano, deberán destinarse en un 100% a infraestructura escolar, y en el interior de la provincia esa cifra alcanza el 70% del total recibido.

Desarrollo Social tendrá en el próximo ejercicio un aumento del 44%. Educación, por su parte, tendrá una suba en el orden del 35%, y emparda prácticamente las proyecciones inflacionarias. Salud tendrá frente al presupuesto de 2018 un incremento de 28 puntos porcentuales con 51.000 millones de pesos, y se destinarán a Seguridad unos 82.000 millones que representan un 33% más que lo presupuestado este año.

Con la norma presupuestaria también entraron a la Cámara de Senadores de la provincia las modificaciones impositivas para el año próximo que incluyen, como adelantó Contexto ayer, una rebaja en Ingresos Brutos para actividades productivas que ronda entre el 0,5 y el 1% y un aumento en el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano que representa un incremento del 38%. Según el gobierno, por IIBB, el sector privado tendrá un extra de 10.000 millones de pesos, mientras que la suba en la recaudación por el Inmobiliario sería de unos 8.000 millones.

Un párrafo aparte merece la caída en lo presupuestado para el Ente Administrador del Astillero Río Santiago, que nominalmente alcanza el 12%. En el presupuesto de este año se contempló una inversión de 3.598 millones de pesos, mientras que el año próximo recibirá unos 3.170 millones. Cabe recordar que los trabajadores de esa dependencia mantienen desde hace meses una carpa instalada en Plaza San Martín frente a la Gobernación, desde donde denuncian un sistemático vaciamiento del astillero.

Duras críticas del peronismo al “presupuesto de ajuste”

Integrantes del equipo económico del Partido Justicialista Bonaerense, junto a legisladores, intendentes y representantes gremiales de la provincia se reunieron en la sede del Sindicato de Personal Mensual del Hipódromo de La Plata, donde cuestionaron fuertemente el proyecto enviado por Vidal.

“Estuvimos reunidos con los compañeros desde temprano para analizarlo profundamente y tener todos los argumentos: ahora sabemos claramente qué podemos esperar de este gobierno de Cambiemos, que tanto a nivel nacional como provincial nada de lo que ha propuesto al pueblo es bueno”, dijo la presidenta del bloque de diputados de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, presente en la jornada.

Estuvieron presentes el secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti; la exministra de Economía de la provincia durante el gobierno de Daniel Scioli, Silvina Batakis; la secretaria de Producción de La Matanza y exministra de Industria, Débora Giorgi; y la economista Mercedes La Gioiosa.

También participaron el secretario general de S.U.P.e.H, Ramón Garaza; el secretario general de Suteba, Roberto Baradel; el secretario general de La Bancaria Seccional La Plata, Federico Bach; Miguel Forte del Sindicato de Camioneros de La Plata; Omar Alegre del Sindicato del Personal Mensual del Hipódromo; el diputado nacional Omar Plaini y secretario general de Canillitas; Julio Castro, secretario general de la CGT Rucci Regional La Plata; y Gustavo Hernández, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata; entre otros.

“La transferencia de la tarifa social y el transporte comunal es de un impacto muy grande sobre las arcas municipales”, advirtió Feletti, y consideró que los municipios se verán “sometidos a una pérdida de autonomía”. “La situación real de la provincia es de quiebra”, sostuvo el secretario de Hacienda de La Matanza, y llamó a los distintos espacios de la oposición a no ser “socios de la crisis”.

La exministra de economía bonaerense, Silvina Batakis, expresó también su rechazo: “No sólo es un presupuesto de ajuste, sino que lo ponen en un año electoral y nos va a dejar sobreendeudados y casi quebrados”.

“Este gobierno viene por la desintegración del régimen municipal”, se quejó el intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, y manifestó: “Este es un presupuesto que hay que derrotar con política”. “Los intendentes lo miramos con mayor preocupación porque nos tenemos que hacer cargo de las tarifas sociales que no fijamos nosotros”, advirtió el jefe comunal, y agregó: “Ante este gobierno tenemos que defender la autarquía, porque van a convertirnos en simples delegados. Los intendentes tenemos que recuperar el poder de decisión”. Alfredo Fisher, intendente de Laprida, coincidió con su colega y agregó que el gobierno “centraliza los recursos cada vez más”.

“El presupuesto bonaerense es un reflejo del que se votó en nación. María Eugenia Vidal siempre hace la tarea que le pide Mauricio Macri y nuestra provincia va a pagar las consecuencias”, consideró la senadora María Teresa García.

“Lo que se quiere acá es tomar deuda para pagar más deuda. Nosotros queremos que mejore la educación, la salud, la justicia, las cosas que se necesitan. Nosotros lo rechazamos”, explicó Baradel.