Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas coparon las calles del centro platense en repudio al Código de Convivencia presentado hace unas semanas por el gobierno de Julio Garro. Los manifestantes repudiaron el proyecto, caracterizándolo como “represivo” y “persecutorio”, destacando que profundiza la exclusión de los trabajadores de la economía popular y pone serias limitaciones a la protesta social.

Si bien el Código de Julio Garro es planteado con “el objetivo de preservar el espacio público como lugar de convivencia”, este anteproyecto presentado sanciona a vendedores ambulantes, limpiavidrios, manteros, cartoneros, así como a trabajadores sexuales.

“Este Código avasalla los derechos de las personas y sobre todo el derecho a trabajar libremente, ganarse el mango libremente”, dijo a Contexto Osvaldo Casanovas, referente de la CTEP. “En estos dos años hay muchos compañeros que se han quedado sin trabajo y tienen que salir a la calle a ganarse el mango”, sostuvo, y agregó que con este proyecto se cercena el derecho de poner un plato de comida para nuestros pibes”.

osvaldo casanovas (CTEP): “Este Código avasalla los derechos de las personas y sobre todo el derecho a trabajar libremente, ganarse el mango libremente”.

A partir de las 10 de la mañana, diversas organizaciones marcharon por el centro de la ciudad para llegar al mediodía al Palacio Municipal, donde estaba el Concejo Deliberante sesionando. Mientras el Colectivo de Abogados Populares La Ciega entregó un documento firmado por los sesenta espacios que se movilizaron, los concejales de Unidad Ciudadana bajaron a dialogar con los manifestantes y ratificaron su rechazo al Código de Garro.

“Este Código viene a perseguir a la gente, ya que solamente busca criminalizar cualquier tipo de acción”, dijo a Contexto el concejal Gastón Castagneto. “Es un Código contravencional, de Convivencia es el título mediático que ellos le están poniendo”, analizó.

Gastón Castagneto (UC): “Este es un Código contravencional, de Convivencia es el título mediático que ellos le están poniendo”.

“Con palo y con represión quieren combatir el hambre. La historia de nuestro país nos ha demostrado que esa no es la solución, que la solución es generar herramientas de integración”, agregó el edil de Unidad Ciudadana, espacio desde el cual están trabajando, junto con un amplio abanico de organizaciones, un Código alternativo.

Uno de los sectores que se ve perjudicado es el de los cartoneros, a quienes se les prohíbe el uso de la tracción a sangre con multas de 8.600 a 86.000 pesos y/o arresto de hasta cinco días. Sabrina, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), explicó a Contexto que el Código “prohíbe a los cartoneros que vengan a trabajar a la zona más céntrica de la ciudad de La Plata, a juntar el material reciclable que es la fuente de trabajo”. Este sector viene denunciando una constante persecución por parte del gobierno local, por lo que destacaron que se profundiza la lucha. “Sólo quieren que salgamos de las calles, que no sea visible nuestro trabajo, y no nos dan otra alternativa”, agregó

Los manteros y vendedores ambulantes, uno de los sectores más hostigados por parte de Control Urbano, se deberán enfrentar a multas de 3.440 a 344.000 pesos y/o arresto de hasta treinta días de cárcel.

Jey, vendedor senegalés, consideró que “van a aumentar las multas, van a salir más, y no nos quieren dejar tranquilos en las calle. Complicando mucho la venta”. El vendedor senegalés destacó que con los controles “estamos viviendo re mal, antes no era así”. “Se puede hacer un nuevo Código, pero sin lastimar a los ciudadanos, y nosotros también somos ciudadanos de acá”, dijo.

Jey (vendedor callejero senegalés): “Se puede hacer un nuevo Código, pero sin lastimar a los ciudadanos, y nosotros también somos ciudadanos de acá”.

La persecución a los trabajadores sexuales se cristaliza en el artículo 216, que criminaliza la oferta sexual en la vía pública, penando también al cliente, con multas de 17.200 a 154.800 pesos y/o arresto de hasta quince días.

“Nosotras entendemos que el poder punitivo no es la solución. Es un Código arbitrario y es inconstitucional. Esto viene a retroceder en materia de derechos cuarenta años o más”, consideró Valentina Pereyra, secretaria adjunta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).

Las trabajadoras sexuales vienen denunciando el hostigamiento y persecución policial que viven permanentemente en la zona roja de la ciudad por las fuerzas de seguridad, por lo que este artículo y sus sanciones podrían profundizar la situación. “Esto hace caso omiso a nuestro reclamo. Esto viene a darle más fuerza a la policía para violentarnos”, agregó Pereyra.