Un amplio espectro de cincuenta organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos de La Plata se movilizarán este miércoles hasta el Palacio Municipal para rechazar el anteproyecto para el Código de Convivencia que propone el intendente Julio Garro. Denuncian que la norma tiene como objetivo “reprimir la protesta social, así como el trabajo ambulante, sexual y de la economía popular”.

El proyecto de Garro fue presentado con el objetivo de “preservar el espacio público como lugar de buena convivencia, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y esparcimiento, con pleno respeto a los derechos de los demás”, todo bajo el ánimo rector de “los principios básicos de mantenimiento de un ambiente sano, tolerancia, colaboración y respeto social”.

Sin embargo, no todas las personas pueden desarrollar sus actividades: el Código plantea serias limitaciones a la protesta social y una avanzada sobre los trabajadores de la calle. Por eso, la movilización nucleará a una diversidad de espacios que rechazan el Código de Convivencia Ciudadana. Desde las 10 hs marcharán desde Plaza Italia hasta el Municipio organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, colectivo de abogados, gremios y sindicatos, cooperativas de trabajo, colectivas feministas y LGBT, organizaciones de trabajadoras sexuales, estudiantiles, culturales, políticas, entre otras.

Si bien la propuesta inicial de Julio Garro fue que el anteproyecto circule por los barrios en diferentes instancias de debate, lo que exigen los espacios involucrados es poder participar y dar sus puntos de vista. “Vamos a movilizar, a plantar nuestro repudio al proyecto que está armando el intendente, que no ha convocado a discutir a ninguno de los sectores. Queremos que se abra una mesa de debate donde podamos charlar y construir un proyecto mejor. En este se pena tanto a los derechos civiles como sociales”, explicó a Contexto Edgardo Jalil, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Edgardo Jalil (ctep): “Vamos a movilizar, a plantar nuestro repudio al proyecto que está armando el intendente, que no ha convocado a discutir a ninguno de los sectores”.

“De la forma que está construido este proyecto no puede salir. No se resuelven los problemas sociales con castigo y represión, sino que se deben resolver con una integración real, y para eso necesitamos estar todos en una mesa y poder discutir en serio cuál es nuestra manera de relacionarnos”, agregó Jalil, quien consideró que es un “código represivo”.

Por su parte, Damián Brumer, del Colectivo de Abogados La Ciega, explicó que este código “mal llamado de convivencia -porque de convivencia no tiene nada- es un código de normas contravencionales, que criminaliza, que hostiga, que persigue, en particular a determinados sectores que en general son los más vulnerables a nivel social”.

Damián Brumer (La Ciega): “es un código de normas contravencionales, que criminaliza, que hostiga, que persigue, en particular a sectores vulnerables”.

Vendedores ambulantes, limpiavidrios, manteros, cartoneros, así como también trabajadoras sexuales, son sectores que vienen denunciando un hostigamiento por parte del gobierno local y de las fuerzas de seguridad. Este código promete una profundización.

Con esta normativa, por ejemplo, quien salga a cartonear se encontrará con multas por “manipulación de residuos” (de 8.600 a 86.000 pesos y/o arresto de hasta cinco días) y por el uso de la tracción a sangre, que estará prohibido en todo el distrito (86.000 a 258.000 pesos). Además, manteros y vendedores ambulantes deberán afrontar sanciones de 20 a 2.000 módulos (3.440 a 344.000 pesos) y/o arresto de hasta treinta días de cárcel.

Los limpiavidrios también se pueden ver afectados. “El que ofreciera cualquier servicio a quien se encuentre en el interior de vehículos, cuando estos se detengan en los semáforos, que pudieren poner en peligro su propia integridad física o afectaren el tráfico en la vía pública, serán sancionados con multa de 50 a 1.000 módulos y/o arresto de hasta quince días”, señala el artículo 205.

Otro de los puntos controvertidos tiene que ver con las trabajadoras sexuales, que se ven directamente afectadas con el artículo 206: “El que ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en el espacio público, será sancionado con multa de 100 a 900 módulos ($17.200 a $154.800) y/o arresto de hasta quince días”.

Valentina Pereyra (ammar): “Es un retroceso importante. Es volver a los Códigos de la época de Onganía, de la dictadura cívico-militar”.

Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) también convocan a movilizarse este miércoles. “Teniendo en cuenta que Argentina es un país abolicionista y que el Código de Faltas fue derogado en provincia, este código es una gran contradicción”, explicó Valentina Pereyra, secretaria adjunta de AMMAR. “Es un retroceso importante. Es volver a los códigos de la época de Onganía, de la dictadura cívico-militar”, consideró.

Damián Brumer explicó que el proyecto “es un código que violenta no solamente derechos y garantías establecidos en la Constitución nacional, sino que además violenta tratados internacionales de derechos humanos contemplados también en la Constitución”. En este marco, el anteproyecto de Garro le da “continuidad a una serie de normas contravencionales que están vigentes hace décadas pero que ya han caído en desuso por la práctica misma, e incorpora una nueva serie de normas que criminalizan por ejemplo las manifestaciones sociales, violando el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”.

Los límites a la protesta social los establece el artículo 143 del anteproyecto, que plantea como si fuera un “protestódromo” el uso de la explanada del edificio municipal para actos y manifestaciones, al tiempo que se brindará servicio de sonido para aquellos que lo soliciten con 48 horas de anticipación. Sin embargo, “las movilizaciones y/o manifestaciones que tengan origen en un lugar distinto al indicado” deberán “trasladarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas”.

En el caso de que, por la cantidad de participantes, no se pueda transitar sólo por la vereda, se deberá liberar un carril “para la circulación vehicular, sin excepción”. Los organizadores de la protesta que no respeten estos puntos serán sancionados con multa de 50 a 1.000 módulos (de 8.600 a 172.000 pesos) y/o arresto de hasta treinta días.

Desde La Ciega consideran que el código represivo de Garro “afecta directamente el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”.