Los trabajadores del Ministerio de Trabajo denunciaron que la gestión del ministro Marcelo Villegas está logrando el “vaciamiento de las políticas de Estado en materia de trabajo en la provincia”, y llamaron a defender una herramienta “determinante para el fortalecimiento de las organizaciones gremiales y la resolución en tiempo y forma de las controversias individuales y colectivas del trabajo”. Los trabajadores elaboraron un detallado documento en el que advirtieron sobre “el desguace” de la cartera del Ejecutivo bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal. Uno de los principales problemas que señalan es la tercerización de las conciliaciones laborales.

En un documento de nueve páginas, trabajadores, el cuerpo de delegados y el gremio de ATE denunciaron el “cierre de la Asesoría Jurídica Gratuita”, que fue establecida como función esencial del Ministerio por la Ley N° 10.149, y también “el vaciamiento de las otras herramientas esenciales del organismo como son las conciliaciones, inspecciones, servicio médico, aparejando a su vez consecuencias para todo el resto de las áreas (administrativos, notificadores, etc.), la negación de la participación sindical en el procedimiento de inspecciones y poniendo en riesgo puestos de trabajo y oficinas regionales en toda la jurisdicción provincial”, aseguraron.

Respecto del cierre de la Asesoría, denunciaron que el Ministerio avanzó en la realización de un convenio por el que delega en el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA) la provisión del servicio de asistencia jurídica gratuita a los trabajadores, que es una función estatal, violando la ley provincial que indica la obligatoriedad del servicio de asesoría en cada Delegación Regional. Según la norma, esa tarea está a cargo de la Subsecretaría de Trabajo y tiene como objetivo “representar y patrocinar a los trabajadores en juicio”.

En ese camino, otro señalaron las limitaciones a las conciliaciones laborales que las vuelven inexistentes, lo que, sumado al cierre de la Asesoría Jurídica Gratuita, también determina una menor cantidad de conciliaciones, ya que los asesoramientos que hacían los abogados del Ministerio derivaban obligatoriamente en la formación de audiencias conciliatorias en el mismo organismo.

El sistema de conciliación laboral del Ministerio permitía a los trabajadores, sindicatos e incluso a los empleadores llegar a acuerdos, lo que hacía que llegaran a la Justicia sólo lo casos controvertidos. “Por todo eso entendemos que la sumatoria de las medidas adoptadas sólo busca desalentar el reclamo laboral favoreciendo al sector empresario”, explicaron.

También denunciaron que en la actualidad las inspecciones se dirigen a los pequeños establecimientos comerciales, a las pymes, dejando de lado los principios generales vinculados a salubridad, seguridad e informalidad, “y apuntando sólo a la faz recaudatoria”.

Por otro lado, denunciaron la falta de inversión en salud para los trabajadores y el incumplimiento de la obligación de “consultorios médicos para todas las cuestiones vinculadas al trabajo” que indica la Ley N° 10.149. “En muchas Delegaciones Regionales no hay servicio médico y no se han repuesto los cargos en caso de jubilación o cese de los profesionales, ahondando también en esta temática la indefensión del trabajador que padece un infortunio laboral o una enfermedad inculpable no reconocida por su empleador”, agregaron.

En el interior provincial el panorama es desalentador: “La presente gestión anunció el cierre de las subdelegaciones, lo que generó el rechazo del movimiento obrero regional. Hoy entendemos también en riesgo la continuidad y existencia del conjunto de las Delegaciones Regionales, ya que no se repone el personal que se jubila o cesa por motivos personales, no se renuevan alquileres y el contexto descrito de cese o limitaciones en el cumplimiento de las funciones esenciales del organismo (asesoría, conciliaciones, notificaciones, inspecciones laborales y de higiene y seguridad) torna una cuestión de tiempo el desguace de las delegaciones de toda la provincia”, explicaron.

También denunciaron la inestabilidad laborar del personal con tareas en el Ministerio y limitaciones en la Subsecretaría de Empleo. En ese camino, explicaron que, si bien esa dependencia se creó para aplicar programas para atender situaciones de desocupación y con propuestas específicas para sectores con mayor vulnerabilidad (personas con capacidades diferentes, seguimiento de la prohibición de trabajo infantil, entre otras), no hay propuestas que apunten al trabajo productivo ni a que el que ya hay tenga desarrollo provincial.