El intendente Julio Garro sacó a la cancha el proyecto del tan fogoneado nuevo Código de Convivencia Ciudadana de la ciudad de La Plata, que antes de pasar por el Concejo Deliberante será debatido en los barrios platenses a fin de que los vecinos puedan dar sus aportes a una iniciativa que por lo pronto profundiza la exclusión sobre los trabajadores de la economía popular, al tiempo que pone serias limitaciones a la protesta social.

El proyecto es planteado con el objetivo de “preservar el espacio público como lugar de buena convivencia, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y esparcimiento, con pleno respeto a derechos de los demás”, con “los principios básicos de mantenimiento de un ambiente sano, tolerancia, colaboración y respeto social” como rectores.

“Queremos enriquecer el anteproyecto, es importante que los vecinos puedan hacer mejoras, sumar temáticas a abordar y aportar en la construcción colectiva de esta normativa que apuntará a generar una ciudad más sana, segura y de respeto con el otro”, aseguró el intendente Julio Garro, que si bien plantea un debate con los platenses divididos en cuatro zonas (Casco Urbano, Oeste, Sur y Norte), el anteproyecto no ha llegado todavía a los concejales.

“Se está diciendo públicamente que hay un proyecto presentado cuando esto no es real”, denunció en diálogo con Contexto el edil Gastón Castagneto. “(Fernando) Ponce y Garro están haciendo periodismo barato con mentiras. Esa es la única realidad, no tenemos ningún proyecto oficial en mesa de entradas”, sostuvo el concejal por Unidad Ciudadana, quien detalló que el presidente del Concejo (Ponce) le dijo que primero lo van a charlar con los vecinos, “antes que dárnoslo a nosotros, que somos los representantes y que tenemos el día de mañana que votarlo”.

Se estipula que la discusión en los barrios se dé lunes a viernes, ordenada alrededor de tres tópicos de discusión a fin de que los vecinos brinden sus aportes y puntos de vistas del anteproyecto: convivencia en calles y espacios públicos, convivencia con animales y arbolado, y convivencia sana.

El anteproyecto que evaluarán los vecinos tiene puntos controvertidos, estableciendo multas, sanciones y/o arresto, por ejemplo, para los dueños de perros que ladren después de las 21 horas, para las personas que laven sus autos en las veredas, a los padres de los jóvenes que causen disturbios en los famosos “último primer día”, y aquellas personas físicas o jurídicas que peguen carteles en la vía pública, lo que incluye también a los candidatos políticos.

Sin embargo, los puntos más polémicos tienen que ver con la limitación de la protesta social y la avanzada sobre los trabajadores callejeros: vendedores ambulantes, limpiavidrios, manteros, cartoneros y trabajadoras sexuales.

Manifestaciones y protesta social

El artículo 143 establece que “se pondrá a disposición el uso de la explanada del edificio municipal” para actos y manifestaciones, al tiempo que se brindará servicio de sonido para aquellos que lo soliciten con 48 horas de anticipación.

“Las movilizaciones y/o manifestaciones que tengan origen en un lugar distinto al indicado en el párrafo anterior deberán trasladarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas”, detalla el anteproyecto. En el caso de que, por la cantidad de participantes, no se pueda transitar solo por la vereda, se deberá librar un carril “para la circulación vehicular, sin excepción”. Los organizadores de la protesta que no respeten estos puntos serán sancionados con multa de 50 a 1.000 módulos (de 8.600 a 172.000 pesos) y/o arresto de hasta treinta días.

“Se haría como un protestódromo en la puerta de la Municipalidad, obviando que en nuestra ciudad no sólo existe la Municipalidad de La Plata sino que tiene sus delegaciones, así como también las tiene Provincia. Es decir que si algún manifestante quiere ir a ejercer su derecho a la puerta de Desarrollo Social de la provincia no va a poder ir porque el único ‘protestódromo’ va a ser en la puerta del Municipio”, sostuvo Castagneto, quien accedió a un borrador del anteproyecto.

Los cartoneros, manteros, vendedores y limpiavidrios son apuntados por el anteproyecto de Julio Garro, quien ya viene avanzando desde el inicio de su gestión sobre este sector. “La gente no tiene para comer. Nadie tiene ganas de estar vendiendo en la calle, pero necesitan hacer eso para que en su casa pueda estar el pan arriba de la mesa. No están comiendo ni sushi ni caviar, están queriendo el pan arriba de la mesa para que su familia pueda comer”, apuntó Castagneto. “Este es un gobierno dictatorial, persecutorio, que lejos está de tener sensibilidad para entender la situación que está atravesando la gente”, manifestó.

La multas a la economía popular

Los cartoneros que ayer denunciaron a Contexto la persecución y hostigamiento por parte de la comuna tendrán en este anteproyecto un gran obstáculo. “La selección de residuos domiciliarios, su recolección, adquisición o transporte, almacenaje, manipulación o venta en contravención a las normas reglamentarias pertinentes, será sancionado con multa de 50 a 500 módulos (8.600 a 86.000 pesos) y/o arresto hasta cinco días”, establece el artículo 115. El 215 establece la prohibición en todo el territorio municipal de la tracción a sangre –el uso de los caballos– y establece multas de “500 a 1.500 módulos (86.000 a 258.000 pesos) quien infrinja la presente prohibición”.

“Ellos están por sacar un Código que de convivencia tiene poco, sino que prohíbe, pone multas y pone la quita de la herramienta de trabajo. Estamos en una situación bastante complicada”, había dicho ayer Rodrigo Bernales, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, en diálogo con Contexto.

Los limpiavidrios, en tanto, también se pueden ver afectados. “El que ofreciera cualquier servicio a quien se encuentre en el interior de vehículos, cuando estos se detengan en los semáforos, que pudieren poner en peligro su propia integridad física o afectaren el tráfico en la vía pública, serán sancionadas con multa de 50 a 1.000 módulos y/o arresto de hasta quince días”, señala el artículo 205.

Respecto a los manteros y vendedores ambulantes, que ante la crisis y una escalada del desempleo que en la región alcanza casi a un 30%, el Municipio de Julio Garro tampoco trae buenas noticias: establece en los artículos 178 y 179 multas de 20 a 2.000 módulos (3.440 a 344.000 pesos) y/o arresto hasta treinta días. El 181 señala que “el ofrecimiento a viva voz de productos o el empleo de adminículos sonoros destinados a llamar la atención del público será sancionado con multa de 20 a 1.000 módulos” (3.440 a 172.000 pesos).

En este marco, los trabajadores de la economía popular se están organizando para armar un feriazo y participar de cada una de las instancias vecinales de discusión que plantea el Ejecutivo municipal. “Nosotros no estamos delinquiendo, no vamos a permitir que sea arrestado nadie”, opinó María Rosa, vendedora de la ciudad, en diálogo con Contexto.

“Garro está en un sillón en vez de ver las necesidades que tenemos”, sostuvo la mantera, quien detalló que ante la crisis son cada vez más los jubilados, madres y desempleados que se han volcado a vender en las calles. “Están llevándose el pan para sus casas, eso no es un delito. Garro tiene que ver la necesidad de cada persona”, insistió.

“Garro tiene que entender que el sueldo no alcanza, que por eso salimos a vender. ¿Qué quiere que nos muramos de hambre?”, preguntó. “En vez de atacarnos, tendría que ocuparse más de los pobres. No le importa el pueblo ni la gente”, opinó la mantera, que detalló que este jueves desarrollarán un feriazo frente al Municipio para visibilizar la situación. “Quiere ocultar la necesidad, pero no se puede ocultar el sol con un dedo”, apuntó.

Trabajadoras sexuales

Otro de los puntos controvertidos tiene que ver con las trabajadoras sexuales, que se ven directamente afectadas con el artículo 206: “El que ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en el espacio público, será sancionado con multa de 100 a 900 módulos (17.200 a 154.800 pesos) y/o arresto de hasta quince días”.

Al respecto, el sindicato Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) salió a repudiar el proyecto. Su secretaria general, Georgina Orellano, consideró que “el gobierno de Garro quiere impulsar un código de Convivencia propio de la dictadura militar, violando nuestros derechos y libertades”, al tiempo que convocó a las trabajadoras a una asamblea.