Los secretarios generales Oscar de Isasi (ATE Buenos Aires) y Francisco Banegas (ATE Ensenada) denunciaron una “judicialización de la protesta” luego de que el fiscal platense de la UFI 6, Marcelo Romero, los imputara por el delito de “coacción” durante la toma del edificio del Ministerio de Economía bonaerense.

En ese reclamo del 18 de septiembre, los trabajadores del Astillero Río Santiago habían pedido una reunión con el ministro Hernán Lacunza para la provisión de elementos básicos como gas y oxígeno y para destrabar los créditos necesarios para continuar con las obras que se encuentran detenidas. También habían pedido la devolución de los ítems salariales que recortó el gobierno violando el Convenio Colectivo de Trabajo que venían cobrando desde hacía veinte años.

Romero imputó a los gremialistas por los presuntos delitos de coacción agravada en grado de tentativa, incitación a la violencia física y atentado a la autoridad. “Quienes criminalizaron la protesta desde el vamos fueron los imputados, responsables de Ate en la región […] urdiendo y promoviendo una acción delictiva”, justificó Romero.

“Aunque los funcionarios de Vidal nos quieran poner con sus declaraciones en la Justicia en un plano delictivo, nosotros vamos a seguir peleando por un Astillero Río Santiago estatal, con inversión en tecnología y seguridad laboral”, dijo Oscar de Isasi.

oscar de isasi: “los funcionarios de Vidal nos quieren poner en la Justicia en un plano delictivo. nosotros vamos a seguir peleando por un Astillero Río Santiago estatal, con inversión en tecnología y seguridad laboral”.

“Faltan a la verdad porque no hubo violencia ni al ingreso ni durante la presencia pacífica dentro del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires”, dijo por su parte Banegas. “No fueron ‘dos sujetos masculinos‘ violando de esta forma ‘la tregua’ a la que su gobierno se comprometió, porque fuimos muchos los compañeros y compañeras que ingresamos buscando una respuesta que vienen negando”, añadió.

Tras la toma, el gobierno puso el foco en los “desmanes” que hicieron los trabajadores de la empresa de Ensenada que ingresaron al edificio. “Nosotros somos los primeros en cuidar el patrimonio del Estado, porque somos empleados del Estado y nunca atentaríamos en su contra. Luchamos y lucharemos contra quienes quieran desguazarlo. Nuestro enemigo es el modelo económico que implementa el actual gobierno”, sostuvo Banegas.

francisco banegas: “Nosotros somos los primeros en cuidar el patrimonio del Estado, porque somos empleados del Estado y nunca atentaríamos en su contra. Luchamos y lucharemos contra quienes quieran desguazarlo”.

Durante el 18 de septiembre, desde la mañana hasta la medianoche, los trabajadores del ARS, que en total son 3.300, ingresaron al Ministerio para exigir una reunión con Lacunza, quien había incumplido un acta acuerdo firmada días atrás para sentarse a negociar. La intervención de la Pastoral Social del Arzobispado de La Plata hizo que los trabajadores se retiren de Economía y que las partes firmen una nueva acta para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, ayer desde la comisión administrativa de ATE Ensenada advirtieron sobre el incumplimiento de esta segunda acta debido a una denuncia penal que presentó Lacunza.

“Hemos sido víctimas una vez más del incumplimiento del acta acuerdo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza María Eugenia Vidal”, afirmaron desde ATE Ensenada en un comunicado. Esta vez, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires violó el pacto al que se comprometió ante la mediación de la Pastoral Social de la Iglesia, representada por el cura Rubén Marchioni, radicando una denuncia penal en contra de los secretarios generales de ATE Ensenada, Francisco Banegas, y de ATE Provincia, Oscar de Isasi, en el marco de la presencia pacífica que se realizó en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires el día 18 de septiembre.

Banegas señaló que desde la intervención que hizo Vidal en el Astillero en mayo de este año ubicando a Daniel Capdevila como presidente de la empresa -quien también presentó una denuncia penal contra ATE Ensenada por corrupción gremial-, “los trabajadores hemos sido víctimas de la paralización total de las seis obras navales en curso”.

En este sentido, se refirió a los trabajos inconclusos: el buque Eva Perón, al cual le queda un 3% de alistamiento y donde hacen falta cien millones de pesos para terminarlo y entregarlo a Venezuela; el buque Juana Azurduy y las lanchas de instrucción para la Armada Argentina también están detenidas porque las inversiones del gobierno no llegan.