Por Pablo Pellegrino

“Lamentablemente, la revancha personal del juez Bonadio se trasladó a este expediente en el que, sin lugar a dudas, no existe mérito alguno ni siquiera para convocarme a prestar declaración indagatoria y, mucho menos aún, para mantenerme sometido a este proceso”, dice el descargo presentado por el diputado nacional del Frente para la Victoria, Eduardo “Wado” de Pedr, en el marco de la causa que investiga el supuesto esquema de recaudación de coimas en el Ministerio de Planificación.

El dirigente de La Cámpora presentó en Comodoro Py el descargo en el que desmiente los dichos de José López, que había apuntado que el actual legislador recibía dinero de Planificación, pidió su sobreseimiento y recusó al juez Bonadio en los términos del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que un juez deberá abstenerse de actuar en la causa “si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio político”.

“Ante todo deseo manifestar que, dadas las extrañas e inéditas características de este proceso judicial, bastaría con que mi descargo contenga, simplemente, la escueta referencia a que no intervine en ningún hecho delictivo y que, por ello, no existe –ni existirá– un solo elemento probatorio que indique algún grado de participación en los sucesos investigados”, comienza el escrito presentado por el diputado, en el que sostiene también que se enteró por los medios de comunicación que debía participar de la indagatoria antes de recibir la notificación del juzgado.

 

En la cédula de notificación, dice de Pedro, el juez lo convoca “a la luz de las manifestaciones efectuadas por José Francisco López y Hugo Martín Larraburú, y de los elementos de prueba secuestrados”. Sobre esos tres aspectos se centran las explicaciones del diputado.

Durante su declaración, en la que el fiscal Stornelli y Claudio Bonadio lo aceptaron como “imputado colaborador”, el exsecretario de Obras Públicas había señalado que “a través de José María Olazagasti le pasábamos financiamiento a De Pedro”, y según López “De Vido decía que teníamos que seguir la relación con él porque tenía buena relación con un sector de la Justicia, me refiero a Justicia Legítima”.

“La relación de Julio era con Wado. El que se relacionaba con el resto de La Cámpora era José Olazagasti. Respecto a que nos veían como ‘escoria’ y si había financiamiento de Planificación a La Cámpora, manifestó que estuve en una reunión con De Vido y llego Olazagasti y comentó que sí había financiamiento a ‘los chicos de La Cámpora’, que eran Wado, (Andrés) Larroque, Julián Alvarez, (José) Otavis. Máximo lideraba todo pero estaba mucho en Santa Cruz, venía esporádicamente a Capital”, dice el expediente que firmó Bonadio y por el cual imputó por asociación ilícita a varios exfuncionarios y empresarios.

Sobre estas expresiones de López, “Wado” de Pedro manifestó en su escrito que “como vimos en las transcripciones, José Francisco López en ningún momento manifestó haberme entregado dinero, ni relató nada que se asemeje a un delito en el que el suscripto hubiera participado como para justificar este llamado a prestar declaración indagatoria”, sino que “se limitó a hacer simples comentarios sobre cuestiones que otras personas le habrían, supuestamente, comentado a él (es decir, todo de oídas, nada en primera persona), sin ningún tipo de precisiones en cuanto al modo, tiempo y lugar en que habrían sucedido esos presuntos hechos y sin siquiera describir cuál habría sido mi acción”.

Asimismo, el diputado señaló el exsecretario de Obras Públicas, que “nunca dijo haber participado de un financiamiento” y que sólo “aludió a un supuesto comentario de Julio De Vido, quien, por su parte, negó la versión de López”. La situación se repite sobre las versiones que señalan a Olazagasti como el financista de La Cámpora, que negó la versión de López. “Las manifestaciones (de oídas) del ‘arrepentido’ López no sólo no tuvieron sustento alguno, sino que fueron autocontradictorias y también controvertidas por los dos nombrados”, dijo De Pedro.

Sobre la supuesta “relación” del actual diputado y la asociación Justicia Legítima señalada por López, el escrito expresa “nos encontramos, nuevamente, con que López lanzó esa frase que no tiene ninguna trascendencia ni valor en el mundo jurídico y resulta, además de falaz, huérfana de todo sustento”.

“Lo llamativo (o no tanto) es que al Dr. Bonadio le haya resultado suficiente para ordenar mi convocatoria estas únicas, infundadas y contradictorias manifestaciones transcriptas –y explicadas– párrafos arriba, que, lo reitero, fueron esbozadas en un contexto cuanto menos sospechoso por una persona que está privada de su libertad desde hace mucho tiempo, lo cual genera, tal como lo reconoció el propio López en su declaración, un estado de ‘vulnerabilidad’ extremo”, consideró.

Sobre las declaraciones de Martín Larraburú, exsecretario de Juan Manuel Abal Medina, el dirigente de La Cámpora dijo que “ni en su indagatoria ni en su escrito menciona mi nombre”, por lo que se abstuvo de realizar comentarios sobre ese aspecto detallado en la notificación que recibió. Lo mismo con los “efectos secuestrados” que menciona Bonadio: “No he tenido acceso ni conozco de qué tratan”.

“es una clara revancha personal del juez Bonadio contra mi persona en virtud de los conflictos en los que ha transitado ante el Consejo de la Magistratura”.

Finalmente, en su descargo, el diputado sostiene que hay dos verdades irrefutables: “La primera, que no existe prueba ni motivo válido alguno para que el juez Bonadio me haya convocado a prestar declaración indagatoria”, y la segunda es que la decisión de convocarlo “es una clara revancha personal del juez Bonadio contra mi persona en virtud de los conflictos en los que ha transitado ante el Consejo de la Magistratura”.

La recusación, justamente, está vinculada al paso de “Wado” de Pedro por el Consejo de la Magistratura, desde donde el actual diputado firmó dos pedidos de juicio político contra el juez. Además, suscribió a una resolución de ese órgano que le aplicó una sanción disciplinaria al magistrado por la que tuvo que pagar una multa equivalente al 30% de su sueldo.

De Pedro, patrocinado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, sostiene que el artículo 55 del Código Procesal Penal detalla los motivos por los cuales un juez deberá “inhibirse de conocer en la causa”. Uno de ellos es si uno de los participantes pidió su juicio político antes de iniciarse la causa.