Por Pablo Pellegrino

Los tarifazos en los servicios públicos que se aplican religiosamente desde 2016 convirtieron las empresas energéticas y distribuidoras en uno de los negocios más rentables del país junto con la timba financiera. Marcelo Mindlin, amigo del presidente, comprador de la constructora de los Macri, su “hermano del alma”, Nicolás Caputo, el magnate británico que “presta” su residencia en la Patagonia para el descanso de la familia presidencial, son algunos de los beneficiarios del “sinceramiento tarifario” de Cambiemos.

La provincia de Buenos Aires no está exenta de esa realidad: el gobierno de Vidal, con la anuencia de funcionarios de Macri, permitió que desde 2017 un solo empresario, vinculado a Mindlin y Lewis, se quedase con las cuatro principales distribuidoras de energía eléctrica en territorio bonaerense que concentra más del 65% de todo lo que se distribuye y casi el 60% del total de los usuarios: Rogelio Pagano.

Valiéndose de la irregular concentración del mercado eléctrico bonaerense que viola las normativas vigentes, por lado, y los nexos entre el empresario y los funcionarios de ambos gobiernos, la Asociación de Consumidores Argentinos presentó una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

la Asociación de Consumidores Argentinos presentó una denuncia penal contra Vidal y Pagano por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Entre los denunciados aparecen el propio Pagano, la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, el presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Nación, Esteban Greco, los integrantes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y miembros del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

“Esto se inicia en el año 2017, donde una sola empresa se queda con las cuatro distribuidoras de la provincia (Edelap, Edes, Eden y Edesa) sin cumplir con los pasos de intervención del tribunal de la competencia, la autorización del ENRE, y tampoco se entiende por qué el Ministerio o la propia Gobernación no intervienen, considerando que una sola empresa se queda con toda la distribución eléctrica y el riesgo que eso implica”, dijo a Contexto el abogado denunciante, Sergio Procelli.

En su denuncia manifiesta que en la provincia existió “acelerado proceso de concentración dentro del mercado energético mediante el cual se benefició a distintos empresarios del entorno de ‘Cambiemos’, con la evidente anuencia tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de la nación”. El beneficiado fue Pagano a través de su firma Desarrolladora Energética Sociedad Anónima (DESA), que en sólo dos años logró hacerse de la cuatro distribuidoras que concentran el grueso de la electricidad bonaerense.

“Hay otras situaciones que también denunciamos, que tienen que ver con el acercamiento que hay entre los dueños de estas empresas con funcionarios nacionales y provinciales, por un lado, y también lo que se relaciona con los fondos: cuando uno averigua cómo llega DESA a comprar las cuatro distribuidoras, vemos que en 2016 esta empresa estaba con un balance bastante ajustado y cuatro meses después gasta más de 250 millones de dólares en comprar las distribuidoras”, dijo en ese sentido Procelli. “Esto lo hace emitiendo deuda que pertenece a distintos fondos de financiamiento, de los cuales ninguno tiene sede en Argentina, y a partir de ahí hay otra sospecha: están financiadas con capitales que no se sabe de dónde provienen, y si el día de mañana hay que hacer algún reclamo existen solamente deudas, no hay empresa que pueda responder”.

Una de las principales irregularidades que denuncia la asociación de usuarios y consumidores es sobre el rol de los organismos de control, que, según el abogado, “no lo hicieron como debían”. En esa línea, apuntó que “el ENRE no se expidió, el tribunal de la competencia tampoco lo hizo y OCEBA se excusó diciendo que tenía que intervenir el Ministerio de Infraestructura de la provincia, que tampoco lo hace con un informe que explique si conviene o no conviene, sino que solamente dio el ‘okey’ para avanzar”.

“En el dictamen del secretario de Comercio lo que decían es que, como estas distribuidoras tienen territorios diferentes y no se cruzan, no hay una competencia, pero justamente la provincia se dividió en cuatro distribuidoras para tener una especie de referencia de costos, porque si una empresa dice que tiene ‘x’ costo de distribución, se lo puede comparar con el otro”, explicó el abogado.

También destacó que “otra de las situaciones que denunciamos es que los bonaerenses pagamos en la factura una ley que es el Fondo Compensador, que justamente es para compensar las diferencias tarifarias entre distribuidoras, considerando las distintas redes de cada uno, con el objetivo de que no haya personas que pagan más que otras por el simple hecho de vivir más lejos de la generadora”, y agregó que “hoy este Fondo tampoco tiene sentido porque es una sola empresa que tiene toda la energía eléctrica de la provincia y que se compensa a sí misma”.

El titular del grupo DESA, Luis Rogelio Pagano, junto al ministro de Justicia Gustavo Ferrari, en la firma de un convenio (Foto: prensa Justicia PBA).

La denuncia

En el escrito que presentó en la Justicia, Procelli hace un recorrido por todas las operaciones que derivaron en la concentración actual de la distribución eléctrica en la provincia de Buenos Aires.

El abogado explica en el documento que Rogelio Pagano inscribió en 2014 a DESA en el Registro Público de Comercio y su primera “gran operación” fue en 2016, cuando adquirió EDEN Y EDES, que estaba en manos del empresario venezolano Miguel Martínez Mendoza. Antes había sido director ejecutivo del Grupo Dolphin de Marcelo Mindlin y director suplente de Pampa Energía, también de Mindlin.

Sobre esta adquisición, en causa figura el dilatado proceso que llevó adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que resolvió en mayo de 2017 que la operación no constituía una concentración que vulnere la competencia, y en julio Miguel Braun firmó la resolución de la Secretaría de Comercio que la autorizó.

Las otras dos grandes adquisiciones por parte de Pagano fueron las de Edelap y Edea, que se terminó de concretar en enero de 2018 cuando Braun firmó el dictamen que autorizó la operación. En esa oportunidad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia remite notificaciones al ENRE, el OCEBA y el ente regulador de servicios públicos de Salta (Pagano también controla la distribuidora de esa provincia). En este momento es cuando OCEBA se excusa –según el denunciante, “en un llamativo abandono de sus funciones”– y sostiene que el facultado para emitir una opinión sobre la compra es el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Roberto Gigante. Ninguno de los tres consultados objetó y la comisión dictaminó a favor de la operación que luego fue ratificada con la firma del secretario de Comercio.

En su diálogo con este medio, Sergio Procelli sostuvo que “después del último aumento que se dio el martes pasado y habiendo antecedentes, como la destitución del juez Luis Arias, se hace muy difícil que los jueces manifiesten la ilegalidad de cómo se fijan las tarifas, entonces decidimos avanzar con esta denuncia”. Y concluyó: “La concentración es una gran transferencia de los usuarios hacia las distribuidoras de electricidad en este caso, y esto tiene que ver con una decisión política que se ha tomado, donde los usuarios pagamos el costo que implica la electricidad, pero también las inversiones que las empresas dicen que hacen y las deudas que tienen”.