Inmerso en una profunda crisis política y judicial producto de los escándalos de corrupción, tras que el presidente peruano Martín Vizcarra invocara la “Cuestión de confianza”, y frente a la amenaza de que el mandatario cierre el Congreso, los legisladores comenzaron a tratar los cuatro proyectos de reforma del sistema político y judicial.

En los últimos dos años la sociedad peruana vio cómo tres expresidentes fueron investigados por la Justicia y, en algunos casos, procesados: Ollanta Humala tiene prisión preventiva, Alejandro Toledo se encuentra con pedido de detención y Alan García está bajo investigación judicial.

En los últimos dos años la sociedad peruana vio cómo tres expresidentes fueron investigados por la Justicia: Ollanta Humala tiene prisión preventiva, Alejandro Toledo tiene pedido de detención y Alan García está bajo investigación judicial.

A ello se suma que, quien debería estar ejerciendo la presidencia en este período, Pedro Pablo Kuczynski, debió renunciar tras conocerse que estaba involucrado en el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht. Ante un primer intento de juicio político, Kuczysnki negoció su permanencia en el cargo con un sector del fujimorismo. Para ello concedió un indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien había sido condenado por delitos de lesa humanidad. Ante una segunda posibilidad de juicio político, Kuczynski debió renunciar.

Recientemente, también se revelaron audios de jueces y fiscales negociando fallos. El que más escándalo causó en la sociedad peruana fue aquel donde se escucha al presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi, mientras negociaba rebajar la pena y otorgar la libertad a un violador de menores que había sido condenado a treinta años de prisión.

Todos estos hechos profundizaron la enorme crisis política y judicial peruana (en definitiva, de representación y de sistema), que se da en un contexto de un modelo económico y social de profunda desigualdad que no ha sido modificado con los sucesivos gobiernos.

El grito “¡Que se vayan todos!” se hizo cada vez más fuerte. Las manifestaciones cada vez más grandes reclamaban –y reclaman– la realización de una Asamblea Constituyente, una reforma constitucional y una nueva elección para todos los cargos.

Para intentar salvar el sistema y evitar el colapso total, el presidente Martín Vizcarra (quien era vicepresidente y asumió el poder de facto luego de la renuncia de Kuczynski) presentó cuatro proyectos de reforma del sistema judicial y político, aunque algunos aseguran que sea trata sólo de “una actitud gatopardista” (cambiar algunos aspectos coyunturales para que nada de fondo cambie).

Los proyectos implican la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que nombra, evalúa y desplaza a jueces y fiscales, la no reelección de los congresistas (hasta ahora la reelección era indefinida), el control de la financiación de los partidos políticos y el regreso a la formación bicameral del Poder Legislativo (desde 1993 el Congreso está compuesto por una sola Cámara de 130 miembros). Todos estos proyectos habían sido presentados hace cuarenta días, pero ninguno había sido tratado y se encontraban “cajoneados”.

Frente a la inacción de los congresistas, el domingo, el presidente Vizcarra invocó la cláusula constitucional denominada “Cuestión de confianza” para exigir que el Congreso trate esta semana los proyectos. De no hacerlo, el mandatario estaría autorizado a cerrarlo y convocar a elecciones legislativas para reemplazar a todos los integrantes.

Tras esta amenaza, los congresistas comenzaron a debatir los proyectos que deberán ser aprobados en el corto plazo para ser sometidos a un referéndum el 8 de diciembre. Este jueves se realizarán nuevas manifestaciones de movimientos sociales que ven insuficiente el proceso de reforma y exigen mayor profundidad.