“Buscan proscribirme”, advirtió en diciembre de 2016 Cristina Fernández de Kirchner, tras declarar ante el juez Julián Ercolini. En aquella ocasión, sin rodeos aseguró: “es una maniobra a nivel regional”.

“Es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático. No es original, lo vemos en Brasil con respecto al expresidente Lula y tiene como destinatarios a quienes representamos, por lo menos simbólicamente, los procesos de inclusión social más importantes que han tenido lugar y que han incorporado a millones. Creo que es una maniobra a nivel regional. Y acá, en este contexto también, es una maniobra del actual gobierno, que además trata, de esta manera, de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina”, afirmó.

La expresidenta sostuvo en aquella ocasión: “Buscan proscribirme, lo dicen claramente los dirigentes opositores; alguna denunciadora profesional de la oposición lo dice directamente. Yo creo que buscan la proscripción de un movimiento político”.

La arremetida mediático-judicial contra Cristina Fernández de Kirchner es un calco de la que se lleva adelante en Brasil contra el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio “Lula” da Silva, quien era claramente favorito para las elecciones presidenciales de octubre con un 40% de intención de voto, el doble de lo que tenía el segundo, y hoy se encuentra preso y proscrito.

La misma arremetida mediático-judicial se lleva adelante en Ecuador contra el expresidente Rafael Correa y en Paraguay contra el exmandatario Fernando Lugo. La avanzada parece calcada y de manual y podrían simplificarse en cinco pasos para un golpe a la democracia:

1. La demonización mediática: a través de un bombardeo incesante de los medios hegemónicos (Clarín en Argentina, O Globo en Brasil, etcétera), se busca crear en el “sentido común”, en el imaginario colectivo, la idea de culpabilidad en temas de corrupción (caballo de batalla que suele estar sostenido sobre preconceptos de raigambre histórica y prejuicios de clase).

2. La retroalimentación mediático-judicial: fiscales de dudosa trayectoria inician causas que se basan en las denuncias mediáticas y los medios toman la investigación del fiscal como prueba de que las denuncias tienen fundamento.

3. La aparición de supuestos “arrepentidos”: personajes de cuarta línea en las estructuras de los exgobiernos o empresarios comprometidos legalmente que tras la extorsión judicial acuerdan un beneficio en su situación se transforman en la principal (y única) herramienta para sostener las denuncias.

4. El Poder Judicial por un lado, la justicia por otro: jueces de reconocida cercanía con los medios hegemónicos de comunicación, con el poder económico concentrado y con el Departamento de Estado de Estados Unidos (como el juez Sergio Moro en Brasil y Claudio Bonadio en Argentina) avanzan sobre causas que no tienen fundamentos legales y que son señaladas como “mamarrachos jurídicos” por especialistas en derecho.

5. El procesamiento y la condena: con la condena mediática dictada antes del inicio del proceso, los jueces avanzan con el procesamiento y la condena judicial que busca cerrar el círculo de la arremetida. El objetivo: la proscripción y el encarcelamiento de los líderes que pueden encabezar el retorno de los procesos populares. El caso más avanzado es el de Brasil, donde Lula se encuentra arbitrariamente preso y proscrito. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recientemente procesada, en Ecuador, Rafael Correa, también procesado, y en Paraguay, Fernando Lugo, con una investigación judicial en proceso, parecen seguir el mismo camino.

El estado de excepción, lawfare o arremetida mediático-judicial es el mecanismo que el poder ha encontrado para reproducirse e intentar sostener modelos que producen un amplio rechazo en la sociedad y que sólo benefician a unos pocos. En ese contexto, se vuelve imperioso poner un freno a la avanzada que pone en jaque la democracia de toda la región.