La crisis educativa de la provincia de Buenos Aires adquirió un clima de fuerte tensión y repudio tras el secuestro y tortura que sufrió la docente de Moreno Corina De Bonis el pasado miércoles, en el marco del paro de 48 horas dispuesto por los gremios bonaerenses para pedir llamado a paritaria y reparaciones en los establecimientos, que se encuentran en un ruinoso estado que en más de ochocientas escuelas bonaerenses impide el normal funcionamiento de las clases.

Ayer, la CTERA llevó a cabo a través de sus gremios de base una serie de marchas de antorchas en plazas de distintos puntos del país para repudiar el hecho y pedir que se esclarezca lo sucedido. Con guardapolvos y antorchas en mano, se expresaron en “defensa de la educación pública y la democracia”.

A la medida se sumaron organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y de distintas corrientes sindicales porque “es un compromiso de la democracia, excede el ámbito de la educación”, apuntaron los gremios docentes.

También pidieron “una investigación profunda” que identifique a los responsables de las muertes de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, muertos a principios de agosto por una explosión de una instalación de gas en la Escuela Nº 49 de Moreno, que ni el Consejo Escolar de esa localidad ni el gobierno de Vidal habían reparado a pesar de los reclamos previos.

En la provincia, la medida fue organizada por Suteba y el resto de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que completaron una semana de protesta contra el gobierno de Vidal en repudio al secuestro en Moreno. Incluyó paro de 48 horas miércoles y jueves y una movilización al Congreso junto con gremios de todos los niveles educativos del país para pedir una sesión especial a fin de tratar cinco proyectos de ley en favor de la educación pública. Sin embargo, los diputados y diputadas oficialistas la frustraron al no bajar al recinto para dar quorum.

“Estas marchas de antorchas son una expresión de repudio a la utilización de estas amenazas que pertenecen a una etapa que en Argentina dejamos atrás, que fue la dictadura. Por eso decimos ‘Nunca Más’ “, dijo a Contexto Silvia Almazán, secretaria general adjunta de Suteba.

El miércoles, desconocidos secuestraron y torturaron a la docente Corina De Monis de Moreno, del Centro de Educación Complementaria Nº 801. Le marcaron en la panza con un punzón “ollas no”, en relación a su trabajo para dar de comer a los y las estudiantes de ese centro comunitario que, al igual que la totalidad de los alumnos de Moreno, están sin clases y por lo tanto sin comedores del Servicio Alimentario Escolar (SAE) por la falta de reparaciones en las escuelas que fueron cerradas tras las muertes de Calamano y Rodríguez.

“Fue un secuestro por el sólo hecho de mantener un compromiso solidario y colectivo. La marcha es un abrazo a Corina y a la comunidad de Moreno, porque las madres también han sido amenazadas”, afirmó Almazán, quien pidió también que, además de la Justicia, el gobierno tome cartas en el asunto para llevar adelante la investigación.

“Por supuesto hay una responsabilidad de la Justicia, pero también del gobierno de la provincia de Buenos Aires de resguardar la vida de docentes, estudiantes y comunidades”, sostuvo la gremialista.

Durante las marchas de ayer, los y las docentes subrayaron que estas situaciones de amenazas son posibles en Moreno por la “ausencia total” del Estado para resguardar la vida y seguridad de docentes y estudiantes. “Moreno es tierra liberada porque el Estado no está presente para resolver las demandas planteadas”, apuntó Almazán.

En La Plata, el Bloque Sindical de Educación (ATE, AMET, FEB, Suteba, SADOP, UDOCBA) se movilizó a Plaza San Martín, frente a la Gobernación. “Queremos plantear la gravedad de este hecho, esta voluntad de algunos sectores de instalar el miedo, de reprimir la protesta y censurar la palabra”, dijo a Contexto Paula Tardón, secretaria gremial de Suteba La Plata. “Esto es gravísimo, es un límite que jamás debería haberse pasado y atenta contra los valores fundamentales de la democracia. Le vamos a exigir a las autoridades que se esclarezca el hecho porque hay que saber lo que sucedió”.

El secuestro de la docente de Moreno deviene del conflicto educativo que arrastra el gobierno desde meses atrás. Por un lado, Vidal ha fijado en un 19% los aumentos para los docentes en las negociaciones paritarias, cuando la inflación proyectada por el propio gobierno nacional para este año es del 42%. A su vez, existe un reclamo para que la cartera educativa que conduce el cuestionado Gabriel Sánchez Zinny ponga en mejores condiciones a las escuelas, que tras las muertes de Calamano y Rodríguez han visibilizado su crítica situación de infraestructura.