Por Pablo Pellegrino

El magro esquema de retenciones establecido por el gobierno de una suma fija en pesos por cada dólar que liquiden los exportadores ya encontró dos escollos, uno esperable y otro escandaloso.

Por un lado, el diario BAE Negocios adelantó que, desde la semana pasada, el volumen de operaciones comerciales de granos bajaron en un 56% respecto del mismo período del año pasado, en un intento de los grandes jugadores del agro por licuar la retención de cuatro pesos por dólar anunciada por el gobierno. La operatoria es esperar a que el tipo de cambio y la inflación sigan subiendo y que eso redunde en la insignificancia del tributo.

Pedro Peretti (Agrupación Grito de Alcorta): “Con un horizonte inflacionario del 40% como piso, esos cuatro pesos son cuatro caramelos hoy, mañana son dos y dentro de un mes no son nada”.

Pero un dato escandaloso que le sumó una denuncia más al prontuario del secretario de agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, fue la difusión de un audio de WhatsApp donde uno de sus funcionarios, Santiago del Solar, le anunciaba a representantes del sector el esquema que el gobierno luego aplicó.

Según el diario La Nación, el funcionario de la Secretaría que conduce el extitular de la Sociedad Rural reconoció que efectivamente se comunicó con el presidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), y sostuvo además que el propio Etchevehere se comunicó con otras cámaras.

La sospecha es que esa comunicación fue la que desencadenó que un día antes de que se suspenda el expendio de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) los operadores agropecuarios inscribieran ventas de 8,5 millones de toneladas que se “salvaron” de ingresar en el esquema de nuevas retenciones. 

“Con un horizonte inflacionario del 40% como piso, esos cuatro pesos son cuatro caramelos hoy, mañana son dos y dentro de un mes no son nada; un cargo fijo de esas características tiene valor simbólico que incita a seguir presionando por más devaluación, porque hay millones de toneladas de soja sin vender que están en muy pocas y poderosas manos que no necesitan vender para pagar la luz, el gas o el teléfono como sí lo tienen que hacer los pequeños productores”, dijo a Contexto el referente de la Agrupación Grito de Alcorta de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti.

Además, consideró que con la dolarización de insumos y servicios y la abrupta suba de la divisa norteamericana en medio de la corrida cambiaria “le han tirado un misil a la línea de flotación de supervivencia que tiene el pequeño y mediano productor”.

Sostuvo también que, para evitar la especulación con el precio del dólar y la licuación de la retención que pagarán los exportadores, “primero habría que haber cerrado el registro de exportaciones antes y, segundo, obligar a las trasnacionales a que liquiden en un plazo perentorio, que en quince días pongan los dólares arriba de la mesa”.

En este sentido, cabe recordar que, cuando el gobierno de Mauricio Macri eliminó el denominado “cepo cambiario”, no sólo relajó los controles que existían para la compra y venta de divisas, sino que eliminó y modificó varias regulaciones que existían para poner un freno a la fuga de capitales que hoy llega a niveles récord. Una de ellas, justamente, era un plazo de tiempo determinado para la liquidación de divisas por exportación en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC). Durante el gobierno de Cristina Fernández, el plazo promedio era de quince días con excepción de productos industriales, que tenían entre 30 y 360 días, dependiendo el producto.

Según detalla el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las modificaciones introducidas por el gobierno de Mauricio Macri comenzaron en abril de 2016, con la extensión del plazo de 30 a 180 días, luego ese tiempo se extendió a cinco años en agosto de ese mismo año y, finalmente, en noviembre de 2017 directamente se eliminó la obligatoriedad de liquidar en el MULC.

“primero habría que haber cerrado el registro de exportaciones antes y, segundo, obligar a las trasnacionales a que liquiden en un plazo perentorio”

“Hay un elemento adicional que es que se ha importado soja como nunca. En Santa Fe se ha importado por un valor casi de 1.200 millones de dólares de soja para mantener activa la capacidad de molienda y mantener bajo el precio interno”, destacó Peretti, y añadió: “Esto es un desquicio como hemos visto muy pocas veces”.

“Lo primero que hay que hacer es desideologizar el tema de las retenciones: son sólo un instrumento de política económica, no un fin en sí mismo, es decir, si sirve se aplica y si no sirve no se aplica”, manifestó el referente agrario, y agregó que “cuando se aplica, tiene que ser diferenciada, porque no se puede tratar de iguales a los que son estructuralmente distintos: no se puede tratar de iguales a Eduardo Elsztain, que tiene 420.000 hectáreas, que a Juan ‘Chacarero’, que tiene treinta, o a José ‘Campesino’, que no tiene nada”.

Dictamen de Cambiemos para eliminar el fondo sojero

El decreto de necesidad y urgencia firmado por Mauricio Macri que elimina el Fondo Federal Solidario que repartía entre las provincias y los municipios el 30% de la recaudación por retenciones a la soja y que beneficiaba principalmente la obra pública tuvo dictamen favorable en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, con ocho votos que logró Cambiemos sobre los siete que reunió la oposición.

Durante la reunión estuvieron presentes intendentes que se opusieron fuertemente a la medida, entre ellos Verónica Magario, de La Matanza, en representación de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que ella preside. A través de sus redes sociales, la jefa comunal del distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires difundió un video de la reunión en el que habló a viva voz cuando finalizó la sesión y denunció que el senador formoseño Luis Naidenoff “se negó a escuchar el reclamo”.

La defensa del DNU que realizó el oficialismo fue la misma que antes había hecho el ministro de Economía, Nicolás Dujovne: la mejora en los términos de coparticipación hace irrelevante la continuidad del programa.

Sin embargo, desde la oposición denunciaron el desfinanciamiento que significa para los municipios y la falta de federalismo en la decisión. Además, adelantaron que, pese a que el dictamen que logró más firmas fue el de Cambiemos, seguirán insistiendo desde el recinto para anular el decreto.

Cabe recordar que, hace unos días, intendentes de todo el país encabezados por Magario hicieron una presentación judicial contra el decreto de Macri y pidieron una audiencia con el presidente, pero no fueron recibidos.