Tras la audiencia desarrollada el último martes con las empresas prestatarias de gas de la provincia para comunicar los nuevos aumentos, representantes de asociaciones de consumidores junto a referentes gremiales y políticos manifestaron ayer un rechazo rotundo a los nuevos cuadros tarifarios. Del encuentro participaron el ahora exjuez de La Plata Luis Federico Arias y la presidenta del bloque de diputados provinciales de Unidad Ciudadana Florencia Saintout. La reunión buscó hacer visible la necesidad de frenar los nuevos cuadros tarifarios, impulsados tras la escalada del dólar.

El supuesto aumento del 30% acorde al consumo de septiembre que anunció el gobierno fue desmentido de manera categórica por los representantes de las Cámaras de consumidores, que certificaron que el incremento real superó el 60% de acuerdo con las boletas. Encabezada por Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) y el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la convocatoria tuvo como escenario el Instituto de Políticas Públicas, lanzado de manera reciente por el referente gremial Ramón Garaza.

“Estamos planteando, tanto nosotros como las otras asociaciones de consumidores, que se trata de un aumento impagable. Ya no resiste la economía familiar, que está en una franca quiebra virtual”, manifestó el referente de DEUCO, Roberto Daoud, frente a la gravedad del aumento que impulsa la distribuidora Camuzzi.

roberto daoud (deuco): “se trata de un aumento impagable. Ya no resiste la economía familiar, que está en una franca quiebra virtual”.

“El aumento de las tarifas del 30% es totalmente falso. Los cuadros que presenta Camuzzi en La Plata y sus alrededores oscila en el 62% y, en la categoría más alta –que es minoritaria– el 20%. El aumento es anunciado por Camuzzi en audiencia pública, pero no está acordado con los productores de gas”, expresó Pedro Bussetti, titular de DEUCO. Los distintos representantes de las asociaciones coincidieron en que el aumento representa un paso más en la “transferencia de riquezas del usuario a las empresas energéticas impulsada por el gobierno de Macri”.

Uno de los principales puntos críticos reside en la “dolarización” del servicio de gas, disparado en los últimos meses a partir de la escalada de la moneda extranjera. “Camuzzi quiere cobrarse el ajuste con los consumidores y la diferencia con lo que cuesta dragar un pozo”, aseguraron desde DEUCO.

“Camuzzi quiere cobrarse el ajuste con los consumidores y la diferencia con lo que cuesta dragar un pozo”

El CEPIS logró frenar los aumentos por medio de recursos judiciales. Y su referente, Mariano Lovelli, explicó que “el gobierno delegó en las empresas la versión oficial del tarifazo”. En ese camio, remarcó: “El precio de gas por boca de pozo es la principal parte que pagamos en la factura. Es el único precio que no se discutió en la audiencia, porque las principales distribuidoras plantearon que eso ‘no tiene precio’. Le quieren trasladar a la ciudadanía la consecuencia de algo que fue responsabilidad del gobierno, que fue dolarizar el valor del insumo”.

En este punto coincidió el exjuez Luis Arias, protagonista de varias intervenciones judiciales para frenar anteriores tarifazos en la provincia. En diálogo con Contexto, definió: “Acá hay que observar quién gana y quién pierde. Se están transfiriendo riquezas que equivalen al 5% del Producto Bruto, es exorbitante”. “Yo creo que el gobierno que resulte de las elecciones próximas se va a ver envuelto en un grave problema, porque va a estar acumulando un aumento tarifario que va a tener una gran expectativa por parte de las empresas”, agregó.

Por la reunión pasaron también el concejal platense de Unidad Ciudadana Cristina Vander, el dirigente política Guillermo “Nano” Cara y el referente de la Multisectorial Contra el Tarifazo Facundo Ferro, entre otros. Otra de las voces escuchadas durante la reunión fue la de la presidenta del bloque de diputados provinciales de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, quien expresó: “Venimos pidiendo desde hace rato que las tarifas se retrotraigan a un precio razonable. Estas tarifas pueden llegar a aumentos del mil por ciento, mientras que el bolsillo del consumidor apenas sube un 15%. A este nivel, estamos hablando de tarifas confiscatorias para los ciudadanos”.

Cabe destacar además que el Boletín Oficial anunció ayer la eliminación de la Tarifa Social de energía eléctrica, medida que entrará en vigencia a partir de enero de 2019 y tendrá un fuerte impacto en los sectores más desprotegidos de Buenos Aires. La iniciativa firmada por el ministro de Energía, Javier Iguacel, dispone que la Tarifa Social deje de depender de nación y corra por cuenta de cada provincia.