El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas exigió al gobierno de Brasil que le permita al exmandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva ser candidato en las elecciones presidenciales de octubre y hacer campaña.

El expresidente fue condenado por el juez Sergio Moro, un magistrado de conocidos vínculos con al Rede Globo, el Departamento de Estado norteamericano, el gobierno golpista de Michel Temer y los sectores del poder económico concentrado. Tras su fallo, Moro admitió que no tenía pruebas contra el máximo referente del Partido de los Trabajadores (PT), pero aseguró tener “la convicción” de que Lula había cometido el delito del que se lo acusaba y que con eso, para él, “era suficiente”.

Laborde: “Los pueblos de América Latina deberán reflexionar sobre qué hacer ante esta nueva estrategia que tiene la derecha de perseguir, encarcelar e inhabilitar a los dirigentes políticos populares”.

Desde abril de este año, a pesar de que aún le quedan instancias de apelación, el expresidente fue encarcelado y permanece en prisión. El pasado 15 de agosto, el Partido de los Trabajadores registró oficialmente la candidatura. El Tribunal Superior Electoral (TSE) analiza si aprueba o no la postulación del exmandatario.

El Poder Judicial prohibió a Lula hacer campaña, participar del debate presidencial y dar entrevistas. A pesar de todo ello, el líder del PT sigue como favorito para las elecciones de octubre con cerca del 35% de intención de voto, casi el doble de quien va segundo, el derechista Jair Bolsonaro.

La resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas da nuevas esperanzas de que la presión internacional y la lucha local le permitan al pueblo brasileño elegir libremente a su presidente y que el gigante suramericano retome el camino democrático que abandonó desde el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff.

En diálogo con Contexto, Oscar Laborde, diputado del Parlasur y coordinador del Comité Argentino Lula Presidente, aseguró: “Es muy difícil que se revierta esta situación porque el Tribunal Electoral está en complicidad con el sector del Poder Judicial que ha condenado a Lula y que ha ratificado esa condena. Pero el valor que tiene esta resolución de Naciones Unidas es marca, una vez más, de que la condena a Lula es política y no judicial. Pone en evidencia que esa condena es parte de una persecución y pone en duda que en Brasil haya una democracia.

Desde abril de este año, a pesar de que aún le quedan instancias de apelación, el expresidente fue encarcelado y permanece en prisión.

“Esta resolución aumenta el cuestionamiento de la democracia en Brasil, donde se destituyó a una presidenta mediante un golpe parlamentario y se encarceló sin pruebas al máximo referente de la oposición y principal candidato a ganar las elecciones presidenciales de octubre”, señaló.

El parlamentario remarcó que, “más allá del deseo de que Lula sea candidato, todo indica que estos sectores del poder no se lo van a permitir. El PT ha resuelto presentarse. La falta de movilización en Brasil obligó al PT a defender otros lugares”.

“A Brasil le va a costar mucho recuperar el prestigio. Luego de las dictaduras, esta es la mancha más grave que le queda a la clase dominante y a todo el Estado brasilero”, afirmó.

Por último, Laborde aseguró que “la situación de Brasil hace que la democracia de toda América Latina sea cuestionada. Los pueblos de América Latina deberán reflexionar sobre qué hacer ante esta nueva estrategia que tiene la derecha de perseguir, encarcelar e inhabilitar a los dirigentes políticos populares. Por ahora, el movimiento popular no han encontrado respuesta y la democracia en América Latina está en terapia intensiva”.