Tras las complicaciones por un aborto clandestino, ayer en la localidad bonaerense de Pilar murió Soledad, una joven de 24 años, y se convirtió en el segundo caso que se conoce esta semana tras la muerte de Elizabeth, de 34 años. Estas muertes se dan en la misma región sanitaria, a sólo unos días del rechazo del Senado al Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de las declaraciones de “alivio” de la gobernadora María Eugenia Vidal.

En este contexto, la diputada provincial de Unidad Ciudadana Lucia Portos exigió en la sesión del día de ayer que se trate de manera urgente “el proyecto de regulación del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, que tiene como objetivo garantizar el acceso legal a esta práctica y defender la salud de las mujeres” en el territorio bonaerense. Sin embargo, esta iniciativa no entró en la orden del día ante la falta de apoyo del oficialismo.

“Es raro que esta Cámara pueda juntar los veintitrés votos para plantear sobre tablas a La Plata como la Capital de la Música Italiana, pero no para hablar de un tema de salud publica que incluye a las mujeres de nuestra provincia”, denunció Portos en Diputados, y recordó las dos muertes por abortos clandestinos en la Región Sanitaria V.

“Cuando una mujer se produce un aborto con un perejil, ¿qué es lo que el Estado le está dando? ¿Qué confianza tiene en un sistema de salud que no la piensa como una destinataria de la política pública”, preguntó la diputada, y advirtió que “esto no pasaría en la provincia si la gobernadora no hubiera decidido desfinanciar todos los programas que tiene que ver con la salud de las mujeres”.

“Si la gobernadora no hiciera eso, las mujeres no tendríamos que recurrir al perejil, y si hubiera misoprostol tampoco. Y si no viviéramos el ajuste que tenemos, por lo menos podríamos acceder al misoprostol”, destacó Portos.

Mediante este proyecto, la diputada kirchnerista plantea la regulación del “Protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la interrupción legal de un embarazo (ILE)”, vigente desde 1921 de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L.” de 2012. Esta normativa es de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” por parte de “todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales, y establece que el aborto no es punible en ninguna de las siguientes causales: si representa un peligro para la vida o salud de la persona embarazada o si es producto de violación. De esta normativa se desprende la Guía Técnica de Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación.

En 2017, la por entonces ministra de Salud Zulma Ortiz adhirió al Protocolo ILE, pero María Eugenia Vidal dio marcha atrás y la titular de la cartera renunció a su puesto. Fue reemplazada por Andrés Scarsi, un confeso opositor a la legalización del aborto, al igual que la propia gobernadora, quien manifestó su alivio ante la no sanción de la ley.

“Sabemos que Zulma Ortiz salió eyectada del Ministerio por haber adherido. ¿Qué confianza pueden tener las mujeres a la hora de enfrentar esa situación si pueden salir eyectadas como salió la ministra?”, sostuvo Portos en el recinto, y lamentó el no ingreso del proyecto. “Que lástima que no podamos mirarnos a la cara y votar si queremos que las mujeres se metan un perejil o si queremos que tengan educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, concluyó, retomando el lema de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Lucía portos: “Zulma Ortiz salió eyectada del Ministerio por haber adherido (al protocolo ILE). ¿Qué confianza pueden tener las mujeres a la hora de enfrentar esa situación si pueden salir eyectadas como salió la ministra?”.

Dentro del oficialismo, la diputada María Alejandra Lorden salió a responderle a Portos, argumentando que el Protocolo (ver a parte) se garantiza en la provincia desde 2012. “Está reglamentado, le da directivas a los hospitales sobre cómo actuar sin judicialización para que accedan a un aborto no punible. La gobernadora lo hace cumplir independientemente de su opinión personal”, aseguró.

Las restricciones del Protocolo de la Resolución 3146/2012

El Protocolo que hoy rige en la provincia de Buenos Aires fue impulsado por la anterior gestión y tiene medidas restrictivas que se alejan de la normativa nacional. Según explicaron profesionales de la salud en diálogo con Contexto, contiene aspectos que pueden obstaculizar el acceso a la práctica, entre ellos: no contempla un procedimiento en casos de desacuerdos entre el profesional y la mujer respecto de la procedencia del aborto, no estipula sanciones en caso de incumplimiento de los deberes impuestos a los profesionales de la salud, en los casos de niñas y adolescentes establece el consentimiento mediante un representante legal y ordena la intervención de un equipo interdisciplinario, algo con lo que no todos los hospitales cuentan.

“El Protocolo de nación es más amplio y más explicativo. Tiene más ventajas y sería interesante su aplicación”, destacó la médica Mara Martínez Monteagudo, integrante de Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS). “Sería ideal que el protocolo provincial no tuviera estas restricciones”, y detalló que “el Protocolo de nación muestra ser más amplio y genera más recursos” para los profesionales.

Esta semana, tras la muerte de Elizabeth, en declaraciones a Clarín el ministro Scarsi manifestó que “la ILE está garantizada en la provincia en 19 hospitales”, cuando la provincia de Buenos Aires cuenta con ochenta hospitales y, según datos oficiales, 2.606 establecimientos públicos de salud. Consultado si va a adherir al Protocolo nacional teniendo en cuenta lo restrictivo del propio, el titular de la cartera de salud dijo: “Hay decisiones que no son solo del área de Salud sino que tienen que ser consensuadas con todo el gabinete”.

“Hoy las mujeres tiene que encontrar los espacios, donde no haya objetores, donde las escuchen y les puedan brindar respuestas”, explicó Martínez Monteagudo.

En este marco, el proyecto de regulación de la ILE de Portos determina que la ley “será de cumplimiento obligatorio en todos los servicios de salud de la provincia de Buenos Aires, tanto en los subsistemas público, privado y de la seguridad social”.