El viernes a la noche, “Elizabeth”, de 34 años, llegó desangrándose al hospital Manuel Belgrano de San Martín. Se había practicado un aborto clandestino con perejil y, ante las grandes pérdidas, los profesionales le extirparon el útero. Al no haber lugar en terapia intensiva, la dejaron en el shock room. Sin mejoras, el lunes por la tarde fue derivada al hospital Magdalena Villegas de Martínez en Pacheco, donde fue internada en terapia intensiva. Finalmente, ayer por la mañana murió. Ya se había practicado dos abortos.

Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco del hecho y repudiaron el voto de los senadores que rechazaron el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo bajo el hashtag #ElSenadoEsResponsable. Desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir no sólo apuntaron a los senadores y las senadoras, sino también a las autoridades provinciales.

“En este caso, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, responsable de la implementación del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. Quien manifestó sentirse ‘aliviada’ porque el aborto siga siendo clandestino”, sostuvieron en un comunicado.

Cabe recordar que el 7 de agosto Vidal sostuvo: “Si la ley no se vota hoy, mañana voy a estar más aliviada”. Horas después, la gobernadora estaría aliviada tras el voto negativo de 38 senadores, entre ellos el bonaerense Esteban Bullrich.

La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir también acompañó un comunicado firmado por la Red de Profesionales de la Salud, la Red de Acceso al Aborto Seguro, el colectivo Ni una Menos –quienes convocaron a una protesta en las puertas de la Casa de la Provincia de Buenos Aires–, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y Socorristas en red, entre otros organismos. En el mismo sostuvieron que cada una de estas muertes es un hecho singular para el entorno de la mujer y también para los equipos de salud que las atienden y cuidan.

“Muestra la desesperación y la urgencia de los equipos en los hospitales ante la imposibilidad de salvar a una mujer en estas condiciones. La muerte de Elizabeth también es producto del ajuste. El misoprostol aumentó más de un 400% en tres años. Los abortos en la clandestinidad también aumentaron. Las mujeres somos quienes pagamos los costos de la crisis, el ajuste y las decisiones del Senado”, sostuvieron.

“Si los y las senadoras y la gobernadora no hubieran hecho oídos sordos a nuestros reclamos, si no nos hubieran dado la espalda a quienes garantizamos abortos seguros, Elizabeth estaría viva. Porque de eso se trata, de evitar muertes evitables. En un país donde ya se produce misoprostol, donde los equipos de salud están capacitados para garantizar prácticas seguras, los representantes y la gobernadora siguen eligiendo la clandestinidad, la exclusión y la mediocridad”, sostuvieron, al tiempo que exigieron que se avance con la ley.

Ayer, en declaraciones a la prensa, Andrés Scarsi, ministro de Salud bonaerense, dio pocas muestras de empatía y volvió a ratificar su posición negativa a la legalización del aborto, misma postura de la gobernadora, y minimizó el hecho: “Lo que le pasó a esta mujer es que sufrió un shock séptico, es decir, un cuadro infeccioso. Eso pasa con muchos otros cuadros, no sólo con los abortos, y los atendemos a todos”.

Cabe destacar que, según datos arrojados por la Campaña y por Amnistía Internacional en Argentina, se estipula que en nuestro país se realizan alrededor de 500 mil abortos clandestinos al año, lo que deja de manifiesto que, a pesar de su penalización e ilegalidad,reforzada en el Senado, la interrupción del embarazo es un hecho y las mujeres se rebelan ante la maternidad obligatoria.

Sin embargo, no todas pueden acceder a un aborto de forma segura. En principio, las complicaciones para conseguir el misoprostol son un hecho, los precios exorbitantes también. Y en una clínica dispuesta a hacer este procedimiento los costos pueden llegar hasta los mil dólares, por lo que muchas veces se recurre a lugares donde no se pueden garantizar las cuestiones sanitarias ni médicas o “abortos caseros”, como en este caso, con perejil.

En este marco, se estima que por año mueren 43 mujeres por practicarse un aborto clandestino en Argentina, llegando a 3.030 desde el retorno de la democracia. Este año, en el que el foco estuvo puesto en el debate en el Senado, ya se conocieron al menos tres muertes por abortos inseguros, la última fue la de Liliana Herrera, de veintidós años, en Santiago del Estero, uno días antes de la votación en el Senado. Ayer Elizabeth engrosó esta lamentable lista.

En diálogo con Contexto, Sebastián Crespo, médico integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, responsabilizó a los senadores que votaron contra la IVE. “Se negó el fondo de la discusión que era si el aborto era legal o clandestino. No era que el aborto fuera a dejar de existir. Esto es una muestra de eso. El aborto clandestino es esto: una mujer que tiene un embarazo no deseado, que no está dispuesta a seguir con ese embarazo y que ante la desesperación recurre a lo que tiene a mano: si lo que tiene a mano es un Estado que la acompaña, la recibe y le garantiza la práctica como en la mayoría de los países donde el aborto legal, la mujer no se muere, ni siquiera se interna”, aseguró.

Por otro lado, para Crespo “Vidal fue una de las que más militó en contra del aborto legal”, y criticó sus dichos: “Es preocupante que la gobernadora con su responsabilidad salga con esas declaraciones”.

Además de declarar su alivio y posar con un joven antiderechos con el pañuelo celeste, la gobernadora de la provincia dio marcha atrás con la adhesión al “Protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la interrupción legal de un embarazo (ILE)” por tres causales (si representa un peligro para la vida o salud de la persona embarazada o si es producto de violación), al que había adherido la por entonces ministra de Salud Zulma Ortiz. Luego de darle de la baja a esta adhesión, la titular de la cartera fue desplazada y ocupó su lugar Scarsi.

El Protocolo, avalado por la Corte Suprema, es de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” por parte de “todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales. El ministro Scarsi ayer manifestó que “la ILE está garantizada en la provincia en 19 hospitales”, cuando la provincia de Buenos Aires cuenta ochenta hospitales y, según datos oficiales, 2.606 establecimientos públicos de salud.

En este marco, Crespo destacó que “ni hay educación sexual, ni hay anticonceptivos, ni equipos capacitados y ni apoyo estatal del Ministerio para garantizar el acceso a la salud. Por eso son responsables”.