Brasil: el asesinato de la Justicia

El juez que condenó a Lula y ordenó su arresto, Sergio Moro, es uno de los tantos magistrados cooptados por Washington. Desde hace varios años, el Departamento de Estado mantiene una especie de Escuela de las Américas para policías y judiciales que funciona en El Salvador. El nuevo modelo: las “Democracias de Seguridad Nacional”.

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Federal Judge Sergio Moro during a session of the Committee on Constitution and Justice of the Senate that discuss changes in the Code of Criminal Procedure, in Brasilia, on September 9, 2015. Judge Moro leads Brazil's huge anti-corruption drive that investigates the cases of corruption in the state-owned oil company Petrobras. AFP PHOTO/EVARISTO SA

Por Stella Calloni

¿Puede el Supremo Tribunal Federal (STF) en un país como Brasil funcionar y sesionar  como si nada hubiera sucedido, después de que al menos tres generales -uno de ellos, el jefe actual del Ejército- advirtieran públicamente que si el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva no iba preso se verían “obligados” a dar un golpe militar?

Después de un intento de homicidio contra Lula ocurrido la semana pasada en el estado de Paraná, el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa dijo a la prensa en forma amenazante que el STF induciría a la violencia en el país y amenazó con un golpe de Estado

También el general Paulo Chagas dijo que “nuestro objetivo (Fuerzas Armadas) es evitar que se cambie la Ley y que el jefe de una organización criminal, condenado a 12 años de prisión, circule libremente, pregonando el odio y la lucha de clases”. Una clara connotación de Guerra Fría.

Si algo faltaba, pocas horas antes de que sesionara el STF, el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, afirmó que su fuerza “comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudiar a impunidad”. Más diplomáticamente, pero la amenaza es la misma.

Cualquier magistrado mínimamente decente o simplemente apegado a la ley debió negarse a estar sentado en un tribunal que ante tal amenaza había perdido toda su autoridad. Además, en todo caso se trataba de una amenaza de golpe, en un golpe que ya se ha dado.

El golpe de Estado mediático, jurídico, parlamentario sucedió en agosto de 2016, cuando la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por una conjunción de medios de comunicación con la Rede Globo a la cabeza, una Justicia manejada por jueces que trabajan desde hace tiempo para Estados Unidos, como Sergio Moro, cumpliendo el papel que les asignaron, y un Parlamento mayoritariamente corrupto que destituyó sin pruebas a la mandataria, lo que resultó en un golpe de Estado.

En mayo de 2016, Rousseff fue separada de su cargo y asumió el vicepresidente Michel Temer, quien, sin que nadie interviniera, cambió el Gabinete, lo que no le correspondía porque simplemente estaba reemplazando a la presidenta mientras durara el juicio. Sin embargo, tomó medidas en forma ilegal, todas en contra del pueblo y los trabajadores. Medidas que lesionaron gravemente la soberanía en Brasil, comenzando por la entrega de los grandes yacimientos petroliferos (presal), sacándolos del control de Petrobras. Esta empresa, como todas las estatales, fue víctima de espionaje, como los gobiernos de Lula y Dilma. Lo revelaron las denuncias documentadas del exagente de la Seguridad norteamericana, Edward Snowden.

El juez que persiguió a Dilma y Lula, Sergio Moro, es uno de los tantos jueces o empleados judiciales cooptados por Washington. El Departamento de Estado mantiene una especie de Escuela de las Américas para policías y judiciales en El Salvador. La condena de Moro contra Lula es una monstruosidad jurídica, ya que –como en el caso de Dilma– no existe ninguna prueba en la causa por la cual fue condenado, lo que lo convierte en un rehén político, no ya de Brasil, sino de Washington, favorecido por el exinformante del Comando Sur, el actual presidente Temer.

El esquema estadounidense de infiltrar las estructuras judiciales de América Latina surgió como metodología de trabajo en los planes contrainsurgentes y estratégicos para la región en los noventa. En los primeros años del siglo XXI se planteó un nuevo modelo: las “Democracias de Seguridad Nacional”, en reemplazo de las dictaduras de Seguridad Nacional que convirtieron en un cementerio América Latina en el siglo XX.

La “democracia” planeada en encuentros en la sede del Comando Sur no eran sino dictaduras encubiertas para manejar los conflictos de baja intensidad en el siglo XXI. Dispersar el Comando Sur de su sede en la zona del Canal de Panamá mediante la instalación de bases y establecimientos militares en territorios estratégicos fue otra de las decisiones para acabar con la rebelión en el continente, golpear todo proyecto de integración y controlar directamente al mejor estilo colonial.

El juez Moro, quien estudió Derecho en la Universidad Regional de Maringá, muy rápidamente entró en contacto con Estados Unidos asistiendo a un programa “especial” para instrucción de abogados en la Harvard Law School. Además, participó en el “Programa para Visitantes Internacionales” organizado en 2007 por el Departamento de Estado norteamericano, especializado en la prevención y el combate al lavado de dinero. En ese curso realizó visitas a distintas agencias de Estados Unidos, entre ellas las de inteligencia, como la CIA y el FBI.

Ya Estados Unidos había previsto que para “controlar” la región debía infiltrar las estructuras judiciales, además de apropiarse de la mayoría de los medios masivos de comunicación, o al menos  controlarlos mediante sociedades multimillonarias. En el caso de los Parlamentos, el control se lograba mediante la cooptación ideológica de legisladores y la corrupción.

El juez Moro fue también instruido en el análisis de crímenes financieros y delitos realizados por grupos criminales organizados, y desde esos momentos  pasó a ser un hombre al servicio de Washington.

Es uno de los tantos magistrados que trabajan conjuntamente con algunas de las fundaciones estadounidense y sus ONG que invadieron silenciosamente América Latina desde los años ochenta.

Como se conoció durante los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil estuvo sujeto a un espionaje  intenso por Estados Unidos y especialmente sus grandes empresas, sobre las que Washington había puesto la mira desde hace tiempo, lo cual permitió preparar la ofensiva.

Esto es parte de la estrategia de las derechas del continente, que responden directamente a los intereses imperiales de Estados Unidos y a su proyecto geoestratégico de recolonización continental. Se utilizan diversos y renovados mecanismos golpistas, como hemos visto en los últimos años, especialmente en los casos de Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016), donde los golpes de Estado estaban destinados a acabar con gobiernos auténticamente populares.

Otro método es el tema de las elecciones con fuerte injerencia de Washington, como fueron las celebradas en Argentina en 2015, para lo cual se gastaron unos 40 millones de dólares en la decisión estadounidense de terminar con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sometida a una brutal guerra psicológica de desgaste, desacreditación y, en la actualidad, persecución despiadada tanto mediática como judicial.

En ese trabajo de destrucción fue clave en Brasil tanto la figura de Sergio Moro como de otros jueces, y la brutal guerra de la Rede Globo, similar a lo actuado por el Grupo Clarín en Argentina. La prensa como arma de guerra, imprescindible en los planes de dominación continental.

En un artículo publicado en Brasil, Fato Daniel Giovanaz ubica el caso del juez Moro –convertido en un “héroe “ en Estados Unidos, país para el que trabaja– y demuestra que esta acusación no es una “teoría conspirativa”, como suele banalizar cualquier denuncia, porque existen pruebas suficientes en hechos y documentos. Siempre se dudó del sorprendente ascenso de Moro, a quien se señaló como un hombre de la CIA o el FBI. En junio de 2016, la filósofa e investigadora Marilena Chauí, citada por Giovanaz, afirmó que el juez de primera instancia había sido cooptado por el FBI para atender los intereses estadounidenses en la conducción de la operación Lava Jato. El vídeo con la denuncia de Chauí emitido por el canal Nocaute de Brasil fue visto por más de 160 mil personas y originó debates entre juristas, historiadores, expertos en ciencias políticas y sociólogos brasileños. “Él recibió un entrenamiento característico de lo que hacía el FBI en el Macarthismo [política de persecución anticomunista adoptada por Estados Unidos en los años 1950], y fue después del 11 de septiembre que la ‘intimidación y la delación’ se extendieron”, señala Chauí.

La filósofa brasileña establecía que Estados Unidos tenía un objetivo: desestabilizar Brasil para apoderarse de los grandes yacimientos petroleros y otros inmensos recursos y controlar nada menos que a la gran potencia latinoamericana. “En este sentido, la iperación Lava Jato es, vamos a decir, un preludio de la gran sinfonía de destrucción de la soberanía brasileea para el siglo XXI)”, denunció Chauí, cuya hipótesis fue respaldada por un documento de WikiLeaks que se conoció el 30 de octubre de 2009.

“El nombre de Sergio Moro –además de su relación clave con Estados Unidos– es citado como participante de una conferencia ofrecida en Rio de Janeiro por Bridges Project, vinculado al Departamento de Estado, cuyo objetivo era consolidar el tratamiento bilateral para la aplicación de la ley. Para esto, Washington comenzó a asesorar en temas de justicia, contando no sólo con Moro, sino con otros jueces que pasaron por sus cursos.

De acuerdo con este documento, “los juristas brasileros que participaron en la conferencia con el pretexto del “combate al terrorismo” señalaron a las autoridades estadunidenses –entre ellas, la xonsejera residente para Cuestiones Legales de la embajada de Estados Unidos– cierta “incapacidad” del Código Penal de Brasil para enfrentar estas situaciones. En este caso, Sergio Moro era la figura clave que planteaba los problemas legales más frecuentes en los casos de lavado de dinero en las Cortes brasileras.

Entre las conclusiones tomadas por WikiLeaks sobre aquella conferencia, los responsables del Proyecto Pontes sostuvieron “la necesidad continua de asegurar el entrenamiento a jueces federales y estudiantes de Brasil para enfrentar el financiamiento ilícito de conducta criminal”. La estrategia debía ser  de “largo plazo” y coincidir con la formación de “fuerzas de tarea de entrenamiento” que podrían establecerse en São Paulo, Campo Grande o Curitiba.

Cinco años después de ese evento de Rio de Janeiro estalló la operación Lava Jato y demostró el “perfeccionamiento” del Poder Judicial en las investigaciones sobre causas y lavado de dinero en Brasil, pero al mismo tiempo instauró en el país un clima  de inestabilidad política muy importante  para los planes de Estados Unidos.