El gobierno avanza nuevamente contra las personas con discapacidad

Ayer trascendió un documento interno que recibieron los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad que dejará de otorgar pensiones a menores por no tener “incapacidad laboral”. Además, se endurecerán los trámites para las personas con Síndrome de Down, Parkinson, VIH, cáncer y Epoc u oxígenodependientes.

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Por Pablo Pellegrino

Después de haber dado de baja 170 mil pensiones en 2017 a través del Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno vuelve a avanzar contra las personas con discapacidad. Este martes, el portal Nuestras Voces reveló un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad -creada en noviembre del año pasado en medio de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos especializadas en discapacidad- que las autoridades del organismo hicieron circular entre los trabajadores y que contiene nuevos criterios para el otorgamiento de pensiones.

La nueva modalidad implica un endurecimiento en los requisitos para ingresar al sistema y deja de lado a los menores de diecisiete años. Además, unos 20 mil expedientes con trámites ya iniciados y que estaban a punto de adjudicarse, serán anulados y deberán volver a evaluarse todos los casos bajo los nuevos criterios médicos establecidos por las autoridades.

Esos 20 mil casos deberán ser revisados por un equipo compuesto por sólo cinco médicos, lo que redundará en un atraso en la entrega de pensiones.

En diálogo con Contexto, la abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redim), Varina Suleiman, consideró que esa ralentización corresponde a un recorte que hubo en el presupuesto nacional aprobado para este año. “Nosotros esperábamos esto porque el año pasado, analizando la ley de presupuesto de la nación, determinamos que se iban a pagar menos pensiones porque había una reducción; si uno lo  comparaba con el presupuesto del año anterior, había 38 mil pensiones menos contempladas para el ejercicio de este año.”

“Nosotros creemos que se va a hacer un revisación, se van a ir retrasando algunas y negando otras, porque nunca entendimos cómo es que ya sabían que se iban a dar menos pensiones”, sostuvo la abogada.

También recordó que frente a la reducción presupuestaria, desde la Red pidieron información a diputados y fueron invitados para participar del debate de comisiones. Durante el agitado mes de diciembre, Diputados debatió conjuntamente en comisiones la Reforma Previsional y el Presupuesto. En esa reunión iba a pedir explicaciones Suleiman como representante de la Redim, pero “Eduardo Amadeo, que presidía el debate, no me dejó hablar”.

El planteo en aquella oportunidad iba a ser doble: no sólo se estaba afectando el derecho de una persona con discapacidad a recibir una pensión, sino también se debatía, a través de la reforma jubilatoria, el ajuste sobre las personas que ya contaban con una.

La orden que recibieron los trabajadores de la Agencia detalla los cambios en la tramitación de expedientes para personas con Síndrome de Down, que deberán presentar Certificado Único de Discapacidad (CUD), con porcentaje en el Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista

Los casos de personas con enfermedades como VIH o cáncer también serán revisados y podrían perder el beneficio si no demuestran tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.

También se complejizan los requisitos para personas con Parkinson, Epoc, esquizofrenia y otro tipo de enfermedades.

“El trámite administrativo, si ya pasó por todas las instancias que debía pasar, debiera resolverse. Este nuevo cuerpo médico que se crea, que son cinco médicos, es una reforma que no puede afectar a los futuros pensionados que ya estaban en trámite”, explicó Suleiman, y detalló: “Si vos ya tenés un dictamen médico, y ese dictamen no fue impugnado, no podés volver atrás porque hay un principio del derecho que es la preclusión, es decir, que se cierra una etapa en todo proceso; uno no puede estar indefinidamente yendo y viniendo. Si ese informe médico ya está y no fue impugnado por el Estado, no tiene por qué ser revisado ahora”.

Por otro lado, la abogada analizó el caso de los trámites que sí seguirán el curso normal según el documento, y que son los de las personas que tienen curatela, que son aquellas con la firma de un juez. “Como hay un juez de por medio que avala el trámite, no lo tocan porque la posibilidad de reclamo es mucho mayor”, dijo, y manifestó que “es tan perversa la forma en que atacan al más vulnerable que hasta en eso se nota”.

Según el portal que reveló la información, una fuente de la Agencia dijo que los menores “quedarán momentáneamente a la espera de nuevas definiciones” con el argumento de que “no tienen incapacidad laboral”. Mientras tanto, los menores que ya hayan iniciado el trámite no podrán recibir la pensión hasta tanto no se defina la situación.

“Primero, por supuesto que un menor no puede tener invalidez laboral porque no debería trabajar -explicó en este punto Suleiman-, pero además nosotros estamos pidiendo que se derogue el decreto de 1997 que regula las pensiones porque no es lo mismo una persona con discapacidad que una con invalidez laboral: alguien con Síndrome de Down está en condiciones de trabajar pero no por eso se transforma en una persona que no puede recibir la protección social por su discapacidad”.

Un organismo que nació trunco

La Agencia Nacional de Discapacidad fue creada por Decreto de Necesidad y Urgencia en noviembre del año pasado, se disolvió el anterior ente y pasó de estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a depender de Presidencia.

“Este gobierno tiene una forma rara de hacer los decretos, porque mete en una misma bolsa un montón de temas distintos. En aquella oportunidad se creó esta agencia y el Instituto Nacional de la Mujer”, recordó Sulemain. La Redim junto a otros organismos se opusieron fervientemente porque se violó el principal lema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es “Nada sobre nosotros sin nosotros”, que, según la abogada, “es muy fuerte porque, como han sido excluidos tantos años y otros han decidido sobre ellos, significa que cada reforma que se vaya a hacer tiene que contar con consultas a la sociedad civil y a las organizaciones especializadas en discapacidad”.

“Esto de la consulta no es una pavada: por ejemplo, es imposible que uno se imagine al Instituto Nacional de la Mujer presidido por un hombre. Bueno, para esta Agencia no se puso ninguna condición para que una persona con discapacidad o con reconocida trayectoria en la materia esté al frente del organismo”, dijo, y concluyó: “Es más, se puso a una persona que viene de trabajar con el ministro Sergio Bergman en vaya a saber cuál de todas las guitarreadas en las que anda el rabino”.

El decreto que creó la Agencia fue rechazado por la comisión bicameral encargada de revisar esos instrumentos del Poder Ejecutivo, aunque todavía no se avanzó en la disolución del mismo porque debe tratarlo el recinto.