Un capítulo más en el intento de desprestigio de nuestra Universidad pública

La discusión sobre el gasto público y las Universidades no se puede reducir a una serie de datos inconexos y sin conocer la complejidad del sistema de educación superior. La comparación con países con ingresos restringidos y aranceles elevados es una desprolijidad y una estrategia de desprestigio.

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Por Sebastián Novomisky y Federico Rodrigo

En su discurso de ayer en el Centro Cultural Kirchner, el presidente Mauricio Macri se refirió a la necesidad de que las Universidades mejoren su desempeño y contribuyan a reducir el gasto público. Para ejemplificar su posición planteó –de modo vago e impreciso– una supuesta falta de correlación entre el aumento de la planta del personal docente y no docente y del número de Universidades y carreras, con el incremento de la matrícula y la tasa de graduación.

Frente a estas menciones partimos de una idea: es cierta la preocupación del presidente por el uso eficiente de los recursos públicos, pero ¿cuál es el criterio de eficiencia que corresponde aplicar a las instituciones de educación superior? Es importante recordar que, de acuerdo con la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe (realizada por la UNESCO en el año 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias a la que la República Argentina suscribió), la Universidad se considera un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. En este sentido, el rendimiento de la inversión debe evaluarse en función de su capacidad para responder a este mandato.

¿Qué significa, entonces, que a los habitantes de este país los asista el “derecho a la educación superior”? La cuestión es compleja, pero aquí queremos remarcar un aspecto básico: implica que cada uno de nosotros debería, si es que lo desea, poder acceder a una carrera universitaria y desarrollar una profesión calificada. Esta potestad no sólo se vincula con la libertad para desarrollar nuestra vocación, sino también con las posibilidades de acceso al mercado de trabajo.

La creación de Universidades durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández fue fundamental en la ampliación extraordinaria de este derecho experimentada por nuestro país. En el año 2001 el país tenía 1.412.999 estudiantes universitarixs, mientras que en el año 2013 esa cifra creció a 1.912.406, lo que representa un incremento del 35%. De esta manera, la Argentina se destaca en América Latina por tener una de las tasas brutas de educación superior más altas, llegando al 75,8% de la población entre los 20 y los 24 años en el año 2011.

Además, estos datos agregados invisibilizan un aspecto de suma importancia desde una perspectiva de derechos: como lo demuestran estudios académicos que se basan en la Encuesta Permanente de Hogares, en este período los sectores de ingresos más bajos (quintiles uno y dos en términos técnicos) fueron los más beneficiados en cuanto al acceso universitario. Entre los grupos poblacionales más excluidos, en los que una porción muy pequeña accede a la educación superior, se dio un incremento relevante, llegando a presentar una tasa bruta de educación superior (porcentaje de jóvenes entre los 20 y los 24 años pertenecientes a ese quintil que estudian o estudiaron en alguna carrera) del 12%.

Desde una perspectiva que asume el mandato de democratizar la Universidad, entendemos que este porcentaje continúa siendo bajo. Pero la autocrítica debe reconocer que el crecimiento experimentado durante los períodos presidenciales anteriores se fundamentó, por un lado, en la creación de nuevas instituciones de educación superior volviendo accesible –geográfica y simbólicamente– la posibilidad de estudiar a personas que nunca lo habían considerado. Y, por el otro, a los programas de becas como el Programa Nacional de Becas Bicentenario, el Programa Nacional de Becas Universitarias y el PROG.R.ES.AR.

Claro que el derecho no se satisface sólo con el ingreso, sino que implica la posibilidad de continuar los estudios y culminarlos. En términos absolutos, la Argentina también experimentó un crecimiento notable de la graduación. Mientras en el año 2001 se graduaron un total de 65.104 nuevos profesionales, en 2013 la cifra ascendió a 117.374, lo que representa un incremento porcentual interanual 2001-2013 del 80% en la cantidad de graduados por año.

Ahora bien, como el ingreso también se multiplicó, es evidente que una cantidad significativa de estudiantes no culminan sus estudios. Las investigaciones nos marcan que las posibilidades de abandono responden fundamentalmente a dos variables. En primer lugar, la interrupción de los estudios es notablemente mayor entre quienes pertenecen a los estratos de menor nivel socioeconómico. A su vez, al examinar el abandono por región, se observa que otro aspecto fundamental es la zona de residencia de los universitarios, siendo más baja en el área metropolitana del Gran Buenos Aires y más alta en las regiones del NOA y NEA.

Para decirlo sintéticamente: el derecho a la formación superior se encuentra más vulnerado entre los sectores de la población que sufren simultáneamente la vulneración de muchos otros derechos. Entonces, ¿cómo volvemos más eficiente el gasto, reduciendo la cantidad de profesores y Universidades o multiplicando los apoyos?

Otra de las aristas que es necesario retomar y que ya fue profundamente analizanda en una nota publicada también en este medio el 26 de junio de 2016, con motivo de los recurrentes editoriales del diario La Nación, de los cuales parecen hacer eco las declaraciones de ayer del presidente Macri, tiene que ver con cómo se compacta el presupuesto universitario en la falsa relación presupuesto ingresantes-egresados.

Allí se plantea como el dato central el costo por graduado, que se saca dividiendo el monto total asignado a las Universidades por el número de egresados de ese mismo año. Este criterio, que se retoma de una serie de análisis realizados por el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA), de la Universidad de Belgrano, es una forma limitada y capciosa de mirar la educación superior.

Esta metodología de análisis omite otras actividades que son cubiertas con el mismo presupuesto. Entre ellas se destacan aquellas que tienen un impacto directo en la comunidad a través de la extensión/transferencia y la producción de conocimientos nuevos en ciencia y tecnología, fundamentales para el desarrollo soberano de una nación.

Un elemento central de la política científica del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner fue el aumento de presupuesto universitario no solo para la formación, sino derivado en proyectos y programas de ciencia y tecnología o de extensión que no se les puede imputar a lxs estudiantes como costo. Por ejemplo, el Hospital de Clínicas –hospital escuela de la UBA–, el Hospital Odontológico de la UNLP, el Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad de Córdoba y el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología también de esa casa de estudios brindan atención gratuita a cientos de personas que de otro modo quizás no tendrían acceso a la salud. Por ello es necesario ampliar la mirada a la hora de evaluar para qué el Estado invierte en la educación universitaria y cómo son utilizados estos fondos.

Por ello, el debate por el presupuesto no debe ser reducido a una serie de datos inconexos, aportados por quienes desconocen la complejidad del sistema universitario argentino. Paralelamente, compararnos con países que poseen ingresos restringidos, aranceles muy elevados y sobre todo condiciones diferentes de inserción de las Universidades en sus comunidades es una desprolijidad, además de una estrategia de desprestigio. Estrategia utilizada contra todo el sistema educativo estatal, como la manipulación de los resultados del operativo Aprender 2016 para primaria y secundaria, o la liviana deslegitimación del sistema de educación terciaria realizado desde el examen Enseñar.

Aquí lo que se pone en juego es una matriz que concibe que lo público debe ser reducido, el acceso debe limitarse y que en nombre de la calidad se puede prescindir de las mayorías. Es por ello que es necesario repensar y seguir modificando cada vez más nuestras instituciones educativas, pero el esfuerzo no debe estar dirigido al achicamiento del gasto, sino a la mejora y la universalización de la educación, como derecho humano universal que debe ser garantizado por el Estado.

Ana María García de Fanelli, investigadora del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y la economista Cecilia Adrogué de Deane aseguran en un informe de 2015 que la “Argentina se destaca en América Latina por tener una de las tasas brutas de educación superior más altas, similar a la de los países desarrollados, fruto de un sistema no selectivo de admisión”, aunque advierten que “la igualdad de oportunidades en el acceso no ha sido suficiente para garantizar la equidad en los resultados”.

“En un sistema de educación universitaria que ya alcanzó el estadio de universalización” es esperable que comience a ganar presencia el estudiante no tradicional, o sea “jóvenes adultos que trabajan y estudian, que interrumpen momentáneamente sus carreras por motivos laborales o familiares y que por tanto demoran mucho más de lo esperado en obtener un título universitario”.