Por Pablo Pellegrino

“Quiero dejar este testimonio para las jubiladas y los jubilados, para los chicos y chicas de la Asignación Universal por Hijo, para los que recibían las computadoras y este gobierno por decisión propia dejó de dárselas, para todos y todas las que me votaron y los que no: la única verdad es la realidad y yo voy a enfrentar siempre con la misma convicción, con la misma fuerza y con la misma alegría de ser parte del proceso político que cambió la República Argentina y que realmente hizo que haya mucha más justicia en nuestro país”.

Esas fueron las últimas palabras que dijo el exvicepresidente de la nación, Amado Boudou, antes de la lectura de la sentencia firmada por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez, que lo condenaron a la pena de cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Además del exministro de Economía durante el kirchnerismo, fueron condenados los otros cinco imputados, aunque recibieron penas menores. José María Núñez Carmona, amigo de Boudou, fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por ser partícipe necesario de la comisión de los delitos; Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, fue hallado culpable del delito de cohecho activo y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión domiciliaria. Por su parte, uno de los principales engranajes de la trama que, en una causa paralela, se acogió al régimen de testigo arrepentido, Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou y titular de The Old Found que se quedó con la mayor parte del paquete accionario de la ex Ciccone Calcográfica S.A., también fue encontrado partícipe necesario del cohecho y recibió una pena menor de dos años de prisión en suspenso y tres años de tareas comunitarias.

Rafael Resnick Brenner, exfuncionario de la AFIP, también recibió una pena de tres años de prisión en suspenso con tareas comunitarias, y César Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía, dos años y medio de prisión en suspenso.

“Yo no soy un profesional del derecho, pero en la carrera nuestra hay algunas materias de derecho, y si hay algo que del derecho penal a uno le queda es la carga de la prueba que en este juicio estuvo invertida: había que probar que uno no conocía a alguien, que uno no estuvo en reuniones, algo que es materialmente casi imposible y, sin embargo, se pudo hacer”, sostuvo Amado Boudou horas antes de la lectura del veredicto que se produjo cerca de las 15 hs.

El exfuncionario manifestó que “jamás negocié por mí ni a través de terceros el 70% del paquete de Ciccone”, y le advirtió a los jueces que, si esa acusación fuera cierta, esa porción del paquete accionario de la empresa no le pertenecía enteramente a Nicolás Ciccone, por lo que “falta alguien que también cometió el cohecho y ni siquiera pasó por acá”.

Durante la exposición de sus últimas palabras, Boudou repitió la versión que sostuvo desde el inicio del escándalo en 2011: que él no conocía a su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, quien dijo exactamente lo mismo; que en el levantamiento de la quiebra no tuvo ninguna participación como ministro de Economía y que lo único que había hecho fue firmar una nota redactada por el testigo José Capdevilla que fue “respuesta legal y en términos correctos” a la AFIP; y que el único momento en que estuvo con Nicolás Ciccone se dieron un apretón de manos a la salida de un canal de televisión.

“El supuesto del cohecho no tiene ningún asidero ni ningún vínculo con la prueba porque no existió: el propio confeso, el señor Vanderbroele, explicó que la empresa era de empresarios, que supuestamente había escuchado que yo tenía un acuerdo con esos empresarios, y no dijo cuál era el acuerdo ni cómo”, expresó, y añadió: “Se intenta tomar como verdaderas cosas que el señor Vanderbroele dice que le contaron que yo dije”.

“Respecto de las negociaciones incompatibles, el asesor jurídico del Ministerio de Economía (el antes mencionado Capdevila), una persona que evidentemente simpatía no nos guarda porque hizo un montón de declaraciones públicas, dejó en claro no sólo que él había hecho el dictamen y que la nota que yo firmé tenía todo ese dictamen imbuido dentro de la nota, sino que el párrafo que era llamativo para la fiscalía se lo adjudicó como propio”, afirmó.

Finalmente, el exvicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Férnandez se refirió a “algunas cuestiones adicionales”. “A mí, hace seis o siete años me vienen diciendo ‘nunca te van a perdonar lo de las AFJP’. Yo no entendía mucho qué quería decir todo eso. Hoy tenemos un gobierno que está plagado de funcionarios que fueron parte de las AFJP: parte de esos funcionarios están en la Unidad de Información Financiera, alguno fue ministro, alguno dirigió el Fondo de la ANSES hasta hace algunos días”, dijo Boudou.

También consideró que “hay una cuestión de revancha” en la acusación de “aleccionamiento”. “Que nadie se atreva a cambiar las cosas: los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden caminan sin problemas; los políticos que deciden cambiar la realidad son perseguidos”, enfatizó.

La sentencia

Durante la lectura del veredicto, los jueces que integran el Tribunal Oral Nº 4 de Capital Federal rechazaron todos los planteos de nulidad que habían alegado las defensas de los acusados. El abogado Alejandro Rúa, que representa a Amado Boudou, le dijo al juez Bertuzzi “usted no puede estar acá”, porque existe una recusación en su contra que deberá ser tratada por la Corte Suprema. Bertuzzi es un juez ligado a la Casa Rosada y había sido propuesto por el gobierno a ocupar un lugar en la Cámara Federal, y por eso tanto la defensa del exvicepresidente como la del ahora condenado Núñez Carmona lo acusaron de parcialidad.

Los magistrados también desestimaron los pedidos para que se aparte de la querella a la Unidad de Información Financiera y que se anule el alegato de los representantes de la Oficina Anticorrupción. En el primer caso, porque la participación de la UIF se dio en el marco de la acusación de lavado de activos, delito que fue finalmente desestimado por el propio organismo. En caso de la entidad que conduce Laura Alonso, porque durante la instancia de acusación y pedido de penas el representante de la OA leyó su alegato y, según la defensa de Boudou, eso está prohibido por la ley.

Otra de las polémicas es por la inmediata detención de los condenados. En este punto, si bien se esperaba que fuera así, lo que corresponde es que luego de la lectura del veredicto los acusados deban esperar a que el fallo quede firme. Pero en tiempos donde prima la teoría del “poder residual” de los exfuncionarios era esperable la detención al final de la audiencia.

La causa

Los delitos que se le imputan a Amado Boudou son los de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública mientras se desempeñaba como ministro de Economía. En el primer caso, se lo acusa de haber recibido como “coima” el 70% del paquete accionario de la empresa que, al momento de los hechos, estaba al borde de la quiebra. En el caso de las negociaciones incompatibles, la hipótesis era que Boudou influenció a la AFIP para levantar la quiebra de la empresa a través de un plan de pagos que permitiría llevar adelante la maniobra delictiva para quedarse con el manejo de la imprenta.

La línea inicial que siguió la investigación fue que el abogado Alejandro Vandenbroele era testaferro de Boudou, vínculo que había nacido gracias al amigo del exvicepresidente, José María Núñez Carmona.

Vandenbroele era titular de la empresa The Old Found, que es la que finalmente se quedó con el 70% de las acciones. Pero el propio abogado negó haber conocido a Boudou o haber mantenido reuniones con él, y reconoció que el dinero que pagó para quedarse con el manejo de la empresa era del banquero Jorge Brito, propietario del Banco Macro, que según él era quien pagaba los sueldos. Allí aparece otra figura más, la de Raúl Moneta, otro empresario que fue quien reclamó la suma de 50 millones de pesos luego de la nacionalización de Ciccone. Es decir que todo apunta a que los propietarios eran ellos.

Sin embargo, aquí aparece el relato al que hizo mención Boudou en sus últimas palabras cuando cuestionó que la Justicia sostenga “como verdaderas cosas que el señor Vandenbroele dice que le contaron que yo dije”. El testimonio del propietario de The Old Found había señalado un supuesto acuerdo entre Brito y Boudou para quedarse con el manejo de Ciccone, pero la única prueba de ese acuerdo son las sospechas de Vandenbroele.

También existe una nota que según la acusación probaría las intenciones de efectuar el plan de pagos para salvar a la empresa de la quiebra. Este es el punto donde ingresa la figura de José Capdevila, exfuncionario del Ministerio de Economía, que reconoció en el juicio que la famosa nota había sido redactada por él y negó haber recibido instrucciones o presiones para su confección. En la nota de contestación a la AFIP, que pedía una opinión a la cartera que conducía Boudou, sostenía que no era atribución de ese organismo expedirse sobre esa situación y que la decisión debía ser tomada por la propia agencia de recaudación tributaria. Uno de los párrafos, sin embargo, decía que la política general del gobierno era la de dar continuidad a la empresa “dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica”. Eso, según la acusación, da cuenta de “la intención” de Boudou de salvarla, a pesar de que el propio Capdevila reconoció haber redactado esa nota.