Con más de mil trabajadores concentrados en la puerta, el gremio ATE Ensenada llevó adelante en la tarde del domingo una asamblea de trabajadores del Astillero Río Santiago, luego de que un fiscal reclamara que la Policía de la Provincia de Buenos Aires se ocupe de “salvaguardar el orden” a fin de cuidar “material probatorio”.

Los trabajadores denuncian que se trata de una orden que implica la posible militarización de la fábrica estatal. En la convocatoria, que incluyó una marcha hasta el ARS, se decidió mantener una guardia del cuerpo de delegados.

Martín Esquerra, soldador y delegado del Astillero, aseguró que “se trata de una nueva provocación a los trabajadores por parte del gobierno”, e indicó que “es un paso más del gobierno en su intento por privatizar o directamente cerrar la fábrica”.

“Si el Astillero se encuentra parado es porque el gobierno de María Eugenia Vidal no destraba las cartas de crédito necesarias para terminar los trabajos pendientes y porque el presidente Mauricio Macri compra buques y lanchas en el exterior cuando los podríamos hacer acá mismo y por mucho menos dinero”, agregó el operario.

Asimismo, desde el sindicato se emitió un comunicado. “Queremos comunicarle a toda la población de la región y a los miles y miles que han expresado la solidaridad con la lucha de los trabajadores del Astillero Río Santiago que se acercan momentos decisivos”, advertía la misiva.

Martín Esquerra (soldador y delegado del Astillero): “Si el Astillero se encuentra parado es porque el gobierno de María Eugenia Vidal no destraba las cartas de crédito necesarias para terminar los trabajos pendientes”.

“Un fiscal ha librado un oficio requiriendo la intervención del Ministerio de Seguridad de la provincia al cual le ‘solicitan a fin de garantizar el normal desenvolvimiento del personal del Astillero y el desempeño de las funciones inherentes del mencionado organismo, resguardando la seguridad e integridad de bienes de dicho establecimiento’”, detallaba el escrito.

Fue el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, de la UFI 16 de La Plata, quien se dirigió al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, para lograr “la preservación y resguardo del material probatorio” dentro del ARS en el marco de la causa por Fraude en la Administración Pública, en la cual se apunta a gremialistas. La denuncia fue realizada por el interventor Daniel Capdevila.

En el lugar también se hizo presente Oscar de Isasi, de ATE Provincia, y otros dirigentes de la región. “Nos movilizamos en el marco del vaciamiento del Astillero, contra un nuevo programa de Jorge Lanata para difamar a los trabajadores y por la idea de militarizar las instalaciones”, comentó el propio De Isasi a los medios presentes.