Apretado por las denuncias de aportes truchos y las dificultades para resolver el conflicto docente, el gobierno de María Eugenia Vidal decidió atacar para mantener el rumbo de su gestión. Fiel a su política antisindical, amenazó con sancionar con multas millonarias a los docentes de Suteba por adherir a la jornada de protesta de Ctera, y denunció penalmente a ATE Ensenada en medio de la cruzada por el cierre del Astillero Río Santiago.

Ayer, el gremio de mayor alcance nacional, Ctera, llevó a cabo su segunda jornada de paro contra el gobierno de Mauricio Macri en reclamo por el llamado a la paritaria nacional y la resolución de los conflictos provinciales. Suteba, que depende de Ctera, se sumó al paro y a la movilización hacia el Ministerio de Educación de la Nación. La respuesta del gobierno de Vidal fue amenazar con una multa de hasta 700 millones de pesos por no acatar la conciliación obligatoria que había dictado días atrás, luego de que la negociación paritaria no haya tenido avances.

María Laura Torre (secretaria general adjunta de Suteba): “Vidal pone el foco en aquellos que organizadamente peleamos y manifestamos que no vamos a aceptar que nos cierren la boca, como tampoco vamos a firmar paritarias a la baja”.

Desde Suteba confirmaron que aún no les llegó una notificación de multa y que en caso de llegar sería ilegal, porque el paro fue en adhesión al Ctera de carácter nacional, no provincial. “El gobierno de Vidal está incurriendo en una ilegalidad, porque la medida de acción es nacional, y se replica en otras provincias (Tierra del Fuego, Corrientes, Chaco, Santa Cruz y C.A.B.A.). En todo caso tendría que hacerla a Ctera el Ministerio de Educación de la Nación”, afirmó a Contexto María Laura Torre, secretaria general adjunta de Suteba.

“Como el gobierno nacional, Vidal pone el foco en aquellos que organizadamente peleamos y manifestamos que no vamos a aceptar que nos cierren la boca, como tampoco vamos a firmar paritarias a la baja”, señaló la gremialista.

“Cuando uno se organiza, se expresa y se para fuertemente con la representatividad que tenemos, el gobierno avanza acallando voces, amedrentando y extorsionando a los directores y docentes de las escuelas, algo muy grave de los últimos días por parte de los funcionarios”, denunció, en relación con los aprietes del gobierno para desarticular el paro que en la provincia, según Suteba, tuvo un alcance del 80%.

El director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, cargó contra el gremio y alertó: “Todos acataron la conciliación obligatoria menos Suteba, que junto con la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) declararon un paro en algunas provincias, una de ellas es Buenos Aires”. En respuesta, el titular de Suteba, Roberto Baradel, consideró que las amenazas siguen la lógica de las “metodologías de los gobiernos autoritarios”. “Vamos a impugnar cualquier tipo de multa que quieran llevar adelante”, aseguró.

Movilización de Astillero

Por su parte, los trabajadores del Astillero Río Santiago tuvieron otro día agitado ayer, tras conocerse la semana pasada de manera explícita las intenciones de Macri de privatizar la empresa estatal para luego vaciarla, en su reunión en Mar del Plata con empresarios navales.

Realizaron una multitudinaria movilización al centro platense, primero al Ministerio de Producción y luego al de Economía, donde tuvieron una reunión paritaria con funcionarios de Vidal. Allí rechazaron una oferta del 15% en tres cuota con revisión y reclamaron un aumento del 30% con cláusula gatillo.

Además de lo salarial, denunciaron la persecución hacia la organización gremial y el intento de privatización y cierre. Sobre todo, luego de la denuncia de la gestión provincial a ATE Ensenada por “administración fraudulenta”.

La denuncia la presentó el lunes el presidente del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila, por “administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la Provincia de Buenos Aires”. El funcionario resalta que existieron “actos administrativos irregulares” destinados a desviar importantes sumas de dinero “en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas”.

La presentación judicial se da en el marco de la falta de una política de reactivación de las actividades en el astillero. Sus trabajadores reclaman las partidas necesarias para terminar los buques inconclusos y afirman que “no sobra nadie”. Por el contrario, el gobierno nacional ha importado buques franceses y lanchas israelíes.

La presentación judicial se da en el marco de la falta de una política de reactivación de las actividades en el astillero. Sus trabajadores reclaman las partidas necesarias para terminar los buques.

En marzo de este año, Vidal echó a nueve gerentes de la empresa y cambió a su titular, Cristian Curto, por Daniel Capdevila, proveniente del Ministerio de Modernización. Desde ese momento el clima se espesó y en las últimas semanas más aún, en el marco del plan de ajuste de Cambiemos que tiene como primeras víctimas a los trabajadores estatales.

El programa “Periodismo para Todos” (PPT) se había encargado de difamar al astillero el domingo, en sintonía con las intenciones de Cambiemos, cuando su conductor, Jorge Lanata, justificó una medida de ajuste y dijo que allí “no se fabrican barcos desde hace treinta años”, y responsabilizó al sindicalismo de “manejar el control del lugar”.