El escándalo por aportantes truchos del PRO bonaerense, que motivó una serie de denuncias contra Vidal como titular del partido, generó distintos cuestionamientos hacia la gestión provincial. Entre estos, la falta de funcionamiento de los organismos de contralor. En algunos casos son dirigidos por funcionarios allegados al gobierno, con poca independencia en su acción, y en otros directamente no funcionan.

Uno de esos organismos es la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), creada por Vidal en abril de 2017 para “luchar contra las mafias dentro y fuera del Estado”, había justificado la gobernadora en aquel momento.

Como si fueran poco las denuncias por los aportes fraudulentos para las campañas 2015 y 2017, Luis María Ferella, el titular de la OFI, encargado de velar por la transparencia del Estado, figura como aportante al PRO bonaerense desde apenas días después de haber sido designado por Vidal para ese cargo. La situación comenzó a hacerse pública tras una revelación periodística del portal Realpolitik, a través de los aportes anuales del partido que se observan en el sitio de la Cámara Nacional Electoral.

Que Ferella figure como aportante del PRO desde mayo, cuando había sido elegido en abril para ocuparse de la transparencia en el Estado y evitar hechos de corrupción, no significa un delito, pero resulta llamativo y oscurece los modos de financiamiento del partido que actualmente ponen al gobierno de Vidal en su peor etapa.

Cuando Vidal inauguró la OFI, la oposición la criticó por no haber creado el Tribunal Social de Responsabilidad Política, un órgano autárquico previsto en la Constitución provincial, a diferencia de la OFI que integra el Poder Ejecutivo y no tiene autarquía.

Según la publicación, en el informe de aportes anuales del PRO bonaerense de 2017 “se visualizan ocho transferencias bancarias del mencionado funcionario del Ministerio de Justicia: 02/05, 24/05, 06/07 y 09/08 por 2.100 pesos; y 21/09, 25/10, 30/11 y 07/12 por 2.100,16 pesos”.

Dos funcionarios más de la OFI figuran también aportando desde mayo, inmediatamente después de ser elegidos. Son Lucía Terzano, jefa de Gabinete de Ferella, y Leandro Adaro, director de control de la corrupción.

Desde la oposición legislativa han cargado contra Vidal por designar personas conocidas en cargos de organismos de contralor. Lo hizo con Ferella, hombre del PRO en Ensenada. El caso más resonante fue el de María Fernanda Inza, como contadora Ggeneral, aunque a los pocos días fue obligada a renunciar para calmar las críticas por estar implicada en las denuncias, al ser la tesorera de las campañas en las que Cambiemos afilió a personas que no lo habían hecho y que tampoco habían aportado dinero.

Por su parte, el Honorable Tribunal de Cuentas se encuentra paralizado. Su función es “ejercer el control externo sobre la Administración y Gestión de los Recursos Públicos”. Actualmente este organismo no está en función por falta de decisión política. Cuenta sólo con dos de sus cinco miembros, por lo que no tiene el quorum necesario para sesionar y emitir fallos.

Otros de los organismos de control de la gestión que Cambiemos no conforma para poner en marcha son las Comisiones Bicamerales de Seguimiento de las emergencias en materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos.

Tolosa Paz pidió “transparencia” a la gestión de Garro

En el ámbito local, la concejal platense de Unidad Ciudadana, Victoria Tolosa Paz, pidió explicaciones por aportes de campaña del PRO del intendente Julio Garro. Cuestionó la “absoluta falta de transparencia” del municipio por no publicar las declaraciones juradas de sus funcionarios pese a haber adherido a la Ley provincial 15.000 que obliga a que esos documentos sean de acceso público.

“Cuatro meses después de que la Municipalidad suscribiera esa norma, las declaraciones juradas todavía no están disponibles”, dijo Tolosa Paz, y agregó que “hoy serían muy útiles para darles transparencia a los aportes de campaña que realizaron concejales electos de Cambiemos. Eso es lo que tenemos que exigir”.

La edil también refirió al listado de 31 aportantes de La Plata a la campaña de la gobernadora María Eugenia Vidal, entre los que figuran varios concejales, secretarios, directores y hasta el propio intendente Julio Garro.

En ese marco, agregó que “independientemente de la adhesión a la Ley 15.000, La Plata contaba desde 2005 con una ordenanza propia sobre la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas. En cualquier caso, nosotros planteamos que esa información serviría ahora para despejar cualquier duda sobre donaciones a la campaña”.

“No estamos apuntando a nadie en particular, pero en medio del escándalo de los aportantes truchos no nos parece un detalle menor que los concejales hayan aportado 38 mil pesos en efectivo, todos la misma suma, como si se hubiesen puesto de acuerdo. Y esto en un Municipio que acompañó la famosa ‘ley de transparencia’ con bombos y platillos.”