Por Jorge Luis Bernetti 

Los anuncios del presidente Macri y su ministro de Defensa radical sobre el papel de las Fuerzas Armadas constituyen un cambio drástico respecto del consenso democrático alcanzado a partir de 1983 sobre la base de la experiencia terrible de la dictadura y el fracaso en la guerra de Malvinas. Tres leyes fueron sancionadas con presidentes diversos: la de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior y la de Inteligencia.

Establecían, entre otras disposiciones, la separación entre Seguridad y Defensa, dado que cada una de estas materias tiene una especificidad notable. Carece de veracidad la afirmación de que las Fuerzas Armadas no puedan ser convocadas por el presidente de la república, su comandante en jefe, para respaldar en caso de desborde a las fuerzas de seguridad.

De manera burdamente engañosa se pretende afirmar que frente a un ataque de Al Qaida estaríamos desarmados si no intervinieran las Fuerzas Armadas. Como ya se ha dicho, ¿cómo hubieran prevenido las Fuerzas Armadas norteamericanas el ataque a las Torres Gemelas desarrollado en un marco “civil”, típico de una operación policial? No fue la falta de tanques alrededor de los edificios ni la ausencia de sobrevuelo de aviones lo que permitió el ataque. No se ven tropas norteamericanas en la “guerra contra el narco” en su territorio. Para eso tienen la DEA, el FBI y las policías estatales.

La Argentina dispone de un enorme dispositivo de fuerzas federales y provinciales para operar en la seguridad. A veces se olvida. Está constituido por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las veintitrés policías provinciales y la de la ciudad de Buenos Aires. Y la “inteligencia” a cargo de la Agencia Federal de Seguridad (AFI), la ex SIDE.

La reforma de las Fuerzas Armadas que realizó el gobierno kirchnerista a través de la gestión de la ministra Garré no se extendió a las fuerzas policiales provinciales. Para muestra basta un botón: la reforma emprendida por la gestión del ministro León Arslanián en la gobernación de Felipe Solá fue frenada por la gestión posterior. Y muchas policías provinciales, como es el caso de Córdoba y Santa Fe, hasta hace poco se mantenían como si la democracia y los derechos humanos no hubiesen llegado. Y la SIDE está manejada por un intermediario de pase de futbolistas.

El Decreto 727/2006 firmado por el presidente Néstor Kirchner y la ministra Garré y elaborado por el subsecretario de Asuntos Militares Germán Montenegro hacía operativa la ley de Defensa. Nos colocaba en el marco de la definición de las Naciones Unidas acerca de la guerra y en posición de enfrentar a un Estado que atacara al país. Es decir, en posición defensiva, en contra de las doctrinas expansivas y agresivas, precisamente condenadas por la ONU.

Colocar a las Fuerzas Armadas en la custodia de edificios como usinas nucleares y puentes estratégicos presentará el problema de si los efectivos militares se ocuparán de detener a presuntos agresores. ¿Cumplirán las funciones de auxiliares de la Justicia que tienen las fuerzas policiales? Seguramente, los ideólogos de la contrarreforma macrista avanzarán en ese caso para que efectivamente se policialicen. 

Está la política norteamericana en el continente. Cuando un exministro radical alineado plenamente con estas políticas afirma que sólo la Argentina separa Seguridad y Defensa cita bien pero no nos dice directamente si eso es bueno o no. Esta unidad de Seguridad y Defensa es una convicción de la política de Defensa norteamericana aplicada por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos para América Latina. Los efectivos de la Gendarmería crecieron en los últimos años de 18 mil a 30 mil. ¿Eso es poco para atender el territorio argentino? ¿Su labor no es específica para el control policial de las fronteras?

Los supuestos fanáticos del republicanismo no solamente no envían el acuerdo con el FMI al Congreso de la Nación, sino que tampoco lo hacen con las contrarreformas de Defensa. Ello no es ni democrático ni republicano.

También macanean los ideólogos que hacen apología de la contrarreforma en medios y círculos de especialistas cuando pretenden sostener las “hipótesis de conflicto”. Aquellas que aludían a Chile y Brasil quedaron liquidadas por la integración latinoamericana y sudamericana, por el vínculo establecido, ahora en condiciones democráticas, entre las Fuerzas Armadas del subcontinente. Y en Malvinas, tema de soberanía territorial, la Constitución Nacional determina que la lucha se hará de acuerdo al derecho internacional y con respeto a los actuales habitantes de la misma.

El punto más alto de esta política lo constituyó la conformación del Consejo Sudamericano de Defensa (CSD) de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), una coalición de la región que se orientaba a dejar de depender de los Estados Unidos. Sostener al CSD-UNASUR frente al embate contrarreformista del macrismo constituye un punto de construcción y profundización de una política de Defensa. Por ello, esta coalición es incompatible con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), cuya aplicación nos fue negada por Estados Unidos en la guerra de Malvinas, y también con la condición de “aliado extra OTAN” que el menemismo claudicante le endosó a la política exterior y a la Defensa nacionales.

Es cierto que las Fuerzas Armadas están mal equipadas. Pero no relacionar este problema con la correcta definición de cuáles son sus tareas de Defensa e ignorar los graves problemas económicos y sociales del país miente sobre el problema.

El gobierno pretende internarse en un camino a cuyo final se encuentra la situación de México cuando, por la decisión de los presidentes Calderón y Peña Nieto, inició la “guerra contra las drogas” y profundizó la masacre feroz vigente en el país hermano que, obviamente, no resolvió el problema sino que creó otro. ¿No se ha enterado el gobierno de Macri del resultado de las elecciones en las que triunfó Andrés Manuel López Obrador con uno de sus puntos programáticos relativos a la retirada militar de donde los gobiernos del PAN y el PRI las llevaron? 

La complejidad del tema de las drogas, su consumo y tráfico, es de una complejidad que nos debe hacer evitar “la guerra” contra ellas, como nadie emprende un combate al vino pese a que el alcoholismo constituye un azote notable en la sociedad argentina. Ni tampoco el contrabando es un problema de las Fuerzas Armadas.

Urge una respuesta gubernativa y social al consumo de drogas, el estudio del consumo de marihuana como lo ha hecho Uruguay y el combate contra las grandes organizaciones criminales. Esta es una tarea policial, de inteligencia y enfrentamiento también en el espacio de los intercambios económicos.

El país necesita profundizar su política de Defensa nacional. Lo debe hacer a partir del respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos. En estos largos años desde el 83, las Fuerzas Armadas han asimilado esas lecciones. La justicia está vigente para crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas que no son los actuales. 

Y hay un mundo multipolar en el que las zonas de influencia y la competencia entre naciones se incrementan. La Argentina, como América Latina, está en la zona de influencia de los Estados Unidos, y frente a esa política, ese poder y esa presión hay que jugar. Con la unidad latinoamericana y la recurrencia como factores de equilibrio a otros países en el mundo. La Argentina debe poder fabricar todo lo posible del armamento que necesite y conjugarse con las naciones sudamericanas para realizar programas conjuntos en la materia. Debe abstenerse de comprar armas en la zona de influencia en donde existimos y hacerlo con países que nos den el dominio de lo que nos vendan. Con la convicción de comprar a China, India o Rusia no nos debe colocar en la posición de nuevos tributarios neoimperiales.

La política de Defensa, como lo afirmó históricamente el coronel Perón en su “Discurso de la Defensa Nacional” pronunciado en 1944 en la Universidad Nacional de La Plata, es una tarea no de los militares solamente, sino de toda la nación. Es hoy una política democrática, nacional, popular, latinoamericana y de género, y se enfrenta a la contrarreforma demagógica del macrismo.