Durante una rueda de prensa en la localidad de Trenque Lauquen, la gobernadora María Eugenia Vidal insistió el viernes con la explicación que brindó antes sobre los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y reiteró el pedido de que se haga una auditoría “para ver si definitivamente hay personas que no aportaron y que figuran como aportantes”.

El mismo día, una de las principales señaladas como responsable de la maniobra fraudulenta, María Fernanda Inza, que durante la campaña se desempeñó como tesorera del PRO, fue nombrada al frente de la Contaduría General de la Provincia a la espera de la decisión final del Senado bonaerense, donde el oficialismo tiene mayoría.

teresa garcía (senadora provincial UC): “María Eugenia Vidal es la presidenta del Pro de la provincia de Buenos Aires y María Fernanda Inza es la tesorera, son las dos responsables”.

Tanto Inza como Vidal son las principales figuras junto con Jorge Macri, intendente de Vicente López, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y Federico Salvai, quienes aparecen en la denuncia penal presentada por la senadora de Unidad Ciudadana María Teresa García en el marco de la investigación que inició el periodista Juan Amorín de El Destape.

La ahora contadora general de la provincia se desempeñaba como secretaria legal y técnica del gobierno de Vidal y ya había recibido cuestionamientos, como durante las elecciones de 2015, cuando nombró a su tía de 84 años como responsable financiera del partido.

“María Eugenia Vidal es la presidenta del PRO de la provincia de Buenos Aires y María Fernanda Inza es la tesorera, son las dos responsables”, dijo García en declaraciones al canal C5N, donde ratificó la denuncia contra las máximas autoridades del PRO bonaerense y anunció que será ampliada con nuevos testimonios de vecinos e incluso candidatos de la propia fuerza oficialista que aparecían como aportantes y dijeron no haberlo hecho.

“La gobernadora debería responder si la denuncia sobre falsificación de documento público, usurpación de identidad y lavado de activos es cierta o no, porque semejante acusación que ha tomado estado público merece una única respuesta. A esta altura, María Eugenia Vidal debería poder decir si los hechos denunciados son ciertos o no lo son”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a las explicaciones que dio Vidal sobre las “lagunas” de la ley que regula el funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos. García manifestó que eso no es cierto y que “la ley es muy clara y dice que los aportes que reciba una agrupación política deben realizarse mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del donante”.

“Además de los delitos que denunciamos, lo que nos genera mucha tristeza es que han pisoteado la dignidad de la gente, porque los vecinos de Villa Itatí que se presentaron ante la Justicia Electoral quizás esta noche no tengan el dinero necesario para comprar una garrafa y sin embargo figuran en una lista de aportantes para una campaña política”, expresó la senadora.

La investigación que comenzó Amorín hace algunas semanas reveló el caso de cientos de personas que figuraban como aportantes a la campaña electoral de Cambiemos para las elecciones legislativas de 2017. Muchas de esas personas eran beneficiarias de programas de asistencia social y, consultados por el periodista, negaron haber realizado esos desembolsos en efectivo.

Más tarde la investigación fue ampliada y se encontraron casos incluso de candidatos que integraban las listas oficialistas que tampoco habían puesto dinero. Uno de esos casos fue el de el excandidato a intendente de Ituzaingó, Osvaldo Marasco, que el viernes apuntó directamente contra el primo del presidente de la nación, Jorge Macri, y dijo que “no sólo no hubo donaciones, sino que se gastó plata negra”.

“El bunker de Vicente López es una municipalidad paralela que tiene Jorge Macri, que es el que más manejaba esta plata”, dijo Marasco, y manifestó: “Cuando vimos las listas nos sentimos indignados, porque nadie ha aportado nada. Ni en mi caso, que fui candidato a intendente, ni los candidatos a concejales y consejeros escolares, nadie aportó ni un solo centavo”.

Florencia Saintout (diputada provincial de UC): “Vidal es la presidenta de Cambiemos a nivel provincial. Tiene que ponerse a la cabeza de la investigación si no es cómplice”.

Paralelamente a la denuncia de García, Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, presentó otro pedido para que se investigue la financiación de la campaña electoral del PRO, y la causa que instruyen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli ya cuenta con los primeros cincuenta testigos.

“La Justicia avanza con la investigación sobre los aportantes truchos. Vidal es la presidenta de Cambiemos a nivel provincial. Tiene que ponerse a la cabeza de la investigación si no es cómplice”, consideró por su parte Florencia Saintout, la jefa del bloque de UC en Diputados.

La primera denuncia

En la campaña de 2017, la alianza Cambiemos tuvo 4.800 aportantes particulares que contribuyeron con un total de 43.145.000 de pesos, de los cuales 22.290.000 corresponden a la campaña del actual senador nacional Esteban Bullrich y 20.855.000 a la de la actual diputada nacional Graciela Ocaña. Lo llamativo de estos datos es que hay una gran cantidad de pequeños aportantes, cuyas contribuciones oscilan entre los 300 y los 2.000 pesos.

Del 18 de junio, cuando se difundió el primer informe de El Destape que daba cuenta de 205 de aportantes truchos, a hoy, el portal ya refiere a 465 casos.

Del 18 de junio, cuando se difundió el primer informe de El Destape que daba cuenta de 205 de aportantes truchos, a hoy, el portal ya refiere a 465 casos. A medida que la noticia tomó mayor espacio en los medios masivos y fundamentalmente en las redes sociales, se fueron conociendo más y más casos de personas que se encuentran en los listados de aportantes sin haber hecho ellos ninguna contribución dineraria real.

Para García, este aumento de casos, por simple difusión de la aparente metodología fraudulenta en prensa y redes sociales, confirma la importancia de que se investigue en profundidad el alcance de esta operatoria con el fin de dilucidar si se violó la legislación mencionada.