El expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva debió ser liberado este domingo luego de que el juez federal Rogerio Favreto aceptara el habeas corpus presentado por tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT); sin embargo, la derecha logró frenar la medida, desconocer la orden judicial e imponer un nuevo fallo para que el exmandatario siga detenido.

En la mañana del domingo, Favreto aceptó el pedido de habeas corpus presentado por los diputados Paulo Pimenta, Wadih Damous y Paulo Teixeira, y dispuso que el exmadatario fuera liberado de inmediato. Pero la negativa a cumplir la orden por parte de la Policía Federal y del juez federal de primera instancia, Sergio Moro, frenaron la liberación.

Moro, un hombre vinculado con el poderoso multimedia Rede Globo, con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con el gobierno de facto de Michel Temer, fue quien condenó a Lula en primera instancia. En ese fallo el magistrado admitió que no tenía pruebas contra el exmandatario pero que tenía “la convicción” de que el expresidente había cometido el delito del que se lo acusaba y que eso, para él, era suficiente para condenarlo.

Laborde: “el encarcelamiento de lula no tiene que ver con una cuestión legal, es una decisión política”.

En esta ocasión, Moro no sólo no podía anular la decisión del juez Favreto por encontrarse de vacaciones (y por ende, fuera de funciones), sino que además no tenía autoridad para hacerlo dado que se trataba de una medida de un juez de una instancia superior. Esto hizo que Favreto reiterara su fallo y anunciara que si Moro volvía a interponerse sería acusado de obstrucción de la Justicia.

Allí el poder jugó una nueva carta: el juez del Tribunal Regional Federal N° 4 João Pedro Gebran (quien también se encontraba de vacaciones) anuló la decisión de Favreto, pero este volvió a ratificar la medida alegando que no necesitaba la autorización de otro juez para dictar ese fallo.

Tras la presión de la Red Globo, los militares, el poder económico y del gobierno de facto de Michel Temer, el presidente del TRF4, Thompson Flores, emitió un nuevo fallo en el que dictaminó que Lula debe permanecer detenido.

Moro, un hombre vinculado con el poderoso multimedia Rede Globo, con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con el gobierno de facto de Michel Temer, fue quien condenó a Lula en primera instancia.

En diálogo con Contexto, el diputado del Parlasur y coordinador del Comité Argentino de Solidaridad Lula Presidente, Oscar Laborde, aseguró: “Lo que demostró esta puja judicial es que el encarcelamiento de Lula es una decisión política. Esto quedó evidenciado desde un primer momento cuando el juez que lo cita a declarar, Sergio Moro, lo va a buscar a su casa con más de quinientos policías a pesar de que Lula jamás se había resistido ni había faltado a ninguna citación. Luego, cuando el juez dicta su prisión, a pesar de que era claramente una injusticia, Lula se entrega y acepta la decisión. La Policía hace cumplir esa medida judicial de inmediato. Ahora que un juez de garantías de segunda instancia, Favreto, dictamina que Lula tiene que continuar su proceso en libertad, la Policía no cumple con la orden y el juez Sergio Moro, desde Portugal, dice que no se debe acatar la orden de liberarlo. Todo esto demuestra que hay un decisión política de que Lula siga preso”.

“El juez de Garantías es el que tiene que tomar las precauciones para que al acusado se le respeten todos los derechos. Él no analiza el fondo de la causa, evalúa en qué condiciones el acusado tiene que seguir con el proceso. Lo que dice el juez de Garantías es que Lula tiene que seguir con este proceso en libertad. Sobre ese tema no lo corresponde decidir al juez de primera instancia, que además es un juez inferior, ni al juez de la Corte de Apelaciones de Porto Alegre”, sostuvo.

Laborde remarcó que “ni el juez Sergio Moro ni el juez de la segunda instancia, João Pedro Gebran, tienen autoridad sobre esta decisión. A todo esto se suma que tanto Moro como Gebran se encuentran de vacaciones. Sin embargo, estos jueces y la Policía desconocieron la orden del juez de Garantías porque el encarcelamiento de Lula no tiene que ver con una cuestión legal, es una decisión política”.