Continúan los cuestionamientos hacia la gestión de la Dirección Provincial de Infraestructura (DPI). Tras la decisión de Provincia de desplazar momentáneamente a Mateo Nicholson por las sospechas de corrupción en las que está envuelto, ayer los diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana Florencia Saintout y Miguel Funes presentaron un proyecto de solicitud de informes dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal para que el Ejecutivo explique “todo lo referido a la persecución gremial que viven los trabajadores, delegados y delegadas” de la DPI.

Amenazas de despidos, violencia física, sumarios y traslados son las lógicas que han denunciado los trabajadores de la DPI durante la gestión de Nicholson, quien recientemente pidió una “licencia extraordinaria” hasta tanto la Justicia investigue la denuncia penal en su contra presentada por la senadora de Unidad Ciudadana, Teresa García. La causa penal es por los posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.

“Mateo Nicholson no sólo debe dar explicaciones sobre el audio de los sobreprecios. También debe explicar sobre la persecución sindical por parte de la DPI, a los compañeros Teresita Hiriart, Diego Makedonsky y Alberto Acosta”, afirmó Miguel Funes, en referencia a los tres trabajadores sumariados por los funcionarios de Nicholson.

En diálogo con Contexto, el referente de ATE Diego Makedonsky, trasladado de su puesto de trabajo por el asesor Hernán Palumbo, señaló que “las acciones antisindicales buscan desarmar nuestra estructura sindical y van de la mano con el vaciamiento de tareas y falta de controles de las políticas de la DPI bajo el mando de Nicholson”, que en los últimos meses recibieron duras críticas de gremios y autoridades escolares por la falta de respuestas a los pedidos de refacción, ampliación y construcción de escuelas, función de la DPI. La “crítica situación edilicia” de las escuelas bonaerenses es uno de los principales reclamos del Frente de Unidad Docente en medio de la paritaria paralizada por el gobierno.

“Las acciones antisindicales buscan desarmar nuestra estructura sindical y van de la mano con el vaciamiento de tareas y falta de controles de las políticas de la DPI bajo el mando de Nicholson”

El pedido de informes, que lleva la firma de los diputados Saintout y Funes, solicita que el Ejecutivo, a través de la Dirección General de Cultura y Educación de la cual depende la DPI, “detalle las conductas antisindicales llevadas adelante” por las autoridades del organismo –Nicholson y su asesor Palumbo– para establecer “si son considerados hechos aislados o forman parte de una línea de trabajo de la DGCyE”, dicen los diputados en el proyecto.

El texto añade que el Ejecutivo ponga en claro “si está al tanto de las amenazas sufridas por el trabajador afiliado a ATE verde y blanca, Diego Makedonsky, la trabajadora María Teresita Hiriart y el delegado Alberto Acosta, por parte de Palumbo y Nicholson”, y también pide explicaciones sobre cuáles fueron los motivos que incitaron a los sumarios contra los trabajadores.

El conflicto en la DPI se desató cuando Palumbo amenazó y agredió a Makedonsky en medio de las protestas de los trabajadores por mejores condiciones laborales, lo que redundó en una denuncia contra el funcionario, quien, como represalia, lo trasladó y sumarió junto a dos delegados.

Las protestas consisten en la defensa de la carrera administrativa, el blanqueo de trabajadores contratados que provienen de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) –cerrada por Vidal en diciembre pasado–, y que se formalice la totalidad del salario, ya que con la implementación del sistema biométrico crece la incertidumbre sobre qué pasará con los montos que se perciben en negro.

La incertidumbre crece ante posibles nuevos recortes en el Estado bonaerense. “Hasta Macri salió a reconocer que no hay más gradualismo, y esto nos dice que tarde o temprano esto llega a provincia sin que tengamos la garantía de continuidad laboral”, apuntó Makedonsky.

En medio de este conflicto con los trabajadores de la DPI, la semana pasada se volvió público un audio en el que Nicholson le pide a una empleada que “invente” y “tire para arriba” un presupuesto para refacción de cocinas escolares, con sobreprecios por 27 millones de pesos. El hecho generó el pedido a Vidal de expulsión del funcionario por parte de legisladores de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador, y también de gremios. Pero Vidal sólo apartó transitoriamente a Nicholson, que fue suplantado por Francisco Pigretti, funcionario de la DGCyE cercano a Sánchez Zinny, a quien los trabajadores le presentaron los reclamos laborales y ahora esperan respuesta.