Una manera quizás frívola pero no por ello falsa para referirse a lo que ocurre en Argentina a mediados de este 2018 se podría resumir en la frase “este país es cualquier cosa menos aburrido”. 

El luminoso triunfo histórico logrado por el movimiento de mujeres con la media sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) transcurre al mismo tiempo que se sigue agravando el descontrol económico y la masacre social perpetrada por el régimen de derecha que encabeza Mauricio Macri. Las consecuencias de la gestión oficial que conducen al derrumbe del país provocan a su vez un aumento de la protesta y la resistencia popular en sus múltiples formas. Todos son datos de una realidad presente que tendrá incidencias determinantes en el porvenir, probablemente a muy largo plazo.

En el plano de la economía, son tremendos los daños actuales, pero además son máximos los peligros a futuro. La devaluación del peso argentino desde que el macrismo se hizo cargo del país con apoyo de todas las corporaciones y los factores de poder extranjeros ronda el 200%. 

En caso de que no se acumule fuerza social y política para frenar y revertir el rumbo, nuestra patria puede llegar a perder su moneda, que es uno de los atributos esenciales para que un Estado nacional –un país– pueda considerarse como tal. Si la catástrofe sigue su curso y algún día llegara a implantarse el dólar como moneda local, Argentina pasaría a ser una provincia monetaria de Estados Unidos. Así de grave. 

Otro de los peligros extremos que se avizoran es la bancarrota del sistema previsional, o sea, el dispositivo institucional y financiero que administra el dinero para pagar jubilaciones y pensiones tanto actuales como futuras. El proceso está en marcha: el régimen gobernante empieza a reventar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

Dicho fondo acumula más de 1.200.000.000.000 (un billón doscientos mil millones de pesos). Una estimación publicada en el portal El Destape y firmada por Ezequiel Orlando afirma que, traducido a dólares, el FGS finalizará este año con 57.913 millones de dólares, pero que por las erogaciones con que el actual oficialismo condiciona a los próximos gobiernos, en el año 2040 lo dejaría con apenas 4.083 millones de dólares. 

Aunque parece que para ese año falta muchísimo, un cálculo rápido y superficial indica que para entonces deberían jubilarse o estar jubiladas las personas que actualmente tienen (por decir una aproximación) cuarenta o cincuenta años. Por lo tanto, las cifras mencionadas significan que “quienes hoy trabajan no contarán con este enorme colchón de respaldo para cuando lleguen a la edad de retirarse”, según advierte lúcidamente el periodista autor de la nota del pasado jueves 14.

Hasta el momento hubo escasas reacciones públicas ante tamaña catástrofe anticipada. La más importante fue promovida por la diputada nacional Luana Volnovich (Frente para la Victoria-PJ), quien elaboró un proyecto de ley para frenar la venta de activos del FGS y de ese modo “garantizar y preservar la sustentabilidad” del Fondo de Garantía (la edición digital de Ámbito informó sobre el tema este viernes 15).

Dirigencias y multitudes 

La reacción desde las bases sociales a medida que transcurre la devastación nacional ha seguido la misma tendencia paradójica de etapas anteriores: múltiples y valiosas expresiones sectoriales de resistencia y protesta, y al mismo tiempo dificultad o imposibilidad de forjar una acumulación de fuerza suficiente como para revertir una situación. No obstante, la sociedad civil argentina es activa, las presiones sobre las dirigencias van en aumento y los avances son muchos. 

A punto tal que la conducción de la CGT, cómplice necesario del macrismo hasta el momento, se vio obligada a llamar a un paro general para el próximo lunes 25. Lo hizo a desgano, a pesar de su vocación de acuerdo y conciliación con el oficialismo y las corporaciones empresarias, pero el peso político de la convocatoria trasciende sus motivaciones.

De forma similar, el Sindicato de Camioneros se ha convertido en un factor decisivo de oposición al gobierno, luego de haber contribuido al desgaste de Cristina Kirchner en su segunda presidencia. Durante este año, el poderoso gremio que dirigen Hugo y Pablo Moyano ejerció presión dentro de la CGT para que hubiera una reacción, realizó el jueves último una huelga de veinticuatro horas, tendrá un protagonismo esencial en el paro general del 25, y anticipó que efectuaría otra medida de fuerza propia y por 48 horas en los dos días siguientes, martes 26 y miércoles 27.

Otro espacio sindical que contribuyó al desgaste del kirchnerismo, la CTA Autónoma liderada por Pablo Micheli, desde los inicios del macrismo sostuvo una estrategia de rechazo y confrontación. Ese posicionamiento fue una condición importante para que, un paso tras otro, se forjara un auspicioso proceso de acciones conjuntas con la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky, como el paro nacional con marcha hacia Plaza de Mayo el pasado jueves. Ambas expresiones gremiales, junto con la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que encabeza Sergio Palazzo, han llevado la delantera de la resistencia contra el régimen de la derecha que azota al país.

La vigorosa movilización de distintos sectores populares de Argentina tuvo seis expresiones multitudinarias en sólo veintidós días. Y a lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, que es el centro del poder y las disputas políticas en el país, deben agregarse sus equivalentes en las principales ciudades de las provincias. En total, son varios millones de personas participando cuerpo a cuerpo en la lucha democrática y haciéndolo con métodos rigurosamente pacíficos.  A saber: el 23 de mayo convergió en la Capital Federal la Segunda Marcha Federal por la Educación. Dos días después, durante la celebración cívica del 25 de Mayo, una multitud en la Av. 9 de Julio repudió la vuelta del FMI y advirtió que “la Patria está en peligro”. El viernes 1º de junio ocuparon el centro porteño los movimientos sociales que realizaron la Marcha Federal por Pan y Trabajo. El lunes 4 hubo otra movilización contra la violencia machista bajo la consigna Ni Una Menos, sumada en esta ocasión al reclamo por el derecho al aborto legal. Finalmente, marcha y acto de las dos CTA el jueves 14, y ese mismo día –en verdad, entre el miércoles y la histórica mañana del jueves– la marea feminista frente al Congreso.

“Revolución de las pibas”

El protagonismo adolescente y joven en el movimiento de mujeres, tanto en los colectivos feministas organizados como en las más heterogéneas y plurales movilizaciones callejeras, todo lo cual se traduce en una inmensa participación en el espacio público comunicacional del sistema de medios clásico más la comunicación digital, ha sido bellamente denominado “La revolución de las hijas y nietas” o “La revolución de las pibas”. 

(Una digresión: “piba”, y su masculino “pibe”, son considerados en los estudios de la lengua como “argentinismos”. Es decir, palabras o usos propios del idioma castellano tal como se lo habla en Argentina. No se utiliza en ningún otro lugar del mundo, salvo excepcionales y mínimos usos en algunos países vecinos o en pequeños grupos de la sociedad española, surgidos del contagio por turismo, migraciones, cercanía geográfica, etcétera. Por eso, y aunque podría ser señalado como intrascendente o innecesario atribuirle al tema una impronta nacional, llamarlo “revolución de las pibas” deja plasmada claramente, y aunque tal vez nadie lo pensara, la singularidad argentina –su particular potencia, no su exclusividad– de semejante fenómeno de participación pública y politización de las nuevas generaciones de mujeres.)

Con la aprobación por una ínfima mayoría de diputadas y diputados, la demanda por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito atravesó una muralla. En las próximas semanas o meses tendrá que hacer lo mismo en el Senado. Nuevamente el resultado es incierto. Pero la fuerza arrolladora del movimiento de mujeres sostenido fundamentalmente por las jóvenes y adolescentes ya hizo historia, y garantiza que se hará sentir la presión de las bases sociales sobre una representación legislativa habitualmente burocrática, corporativa y conservadora.

Y aun si el resultado de la votación fuera contrario a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ese mismo movimiento y ese mismo vigor juvenil garantizan que la lucha continuará. El golpe sería terrible en el momento, pero la fortaleza del nuevo sujeto político femenino –y también feminista– está más allá de una eventual derrota parlamentaria. Con la nueva composición del Congreso después de las elecciones del año que viene, el proyecto podría volver a ser presentado. Una y otra vez. Como debe ser en cualquier lucha popular. Hasta la victoria siempre.