Tras volverse público el audio en el que ordena a una subordinada “inventar los presupuestos” para una serie de obras y “tirar para arriba” los precios totales, se vuelve cada vez más complejo el panorama para el director de Infraestructura Provincial (DPI), Mateo Nicholson. En la noche del martes se hablaba de una “apartamiento preventivo” del funcionario.

En el audio, Nicholson le dice a una funcionaria que había acordado que las obras de cada cocina, que en total son 79, cuesten 700.000 pesos, pero luego le remarca que “invente el presupuesto” y “tire para arriba” esa cifra a un millón. Con estos sobreprecios, las cocinas en lugar de costar 53 millones, costarían 79 millones.

La filtración del audio provocó revuelo seguido de pedidos a la gobernadora María Eugenia Vidal para que desplace a Nicholson, y de denuncias penales para que la Justicia intervenga e investigue qué ocurrió. El caso significa un duro golpe para el gobierno provincial, que fundamenta sus políticas en la “transparencia” y la “lucha contra la mafias”.

La situación en la que está envuelto Nicholson por el audio se produce tras reiteradas ocasiones en las que las comunidades educativas de distintas escuelas bonaerenses y gremios han criticado al funcionario por persecución gremial contra sindicalistas y por su deficiente gestión encargada de la administración y ejecución de los proyectos de obras de construcción y ampliación de escuelas, un punto crítico de la educación provincial. Pero ayer, a eso se le sumaron denuncias de las principales bancadas opositoras, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador.

La senadora y presidenta del bloque bonaerense de Unidad Ciudadana, Teresa García, presentó ayer una denuncia penal contra Nicholson en el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata “para que se investigue la probable comisión de delitos de acción pública”. La senadora pide la investigación de la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos”, según los Artículos 248, 261 y 292 del Código Penal.

García señaló que, en caso de que se compruebe en la Justicia que el audio es de Nicholson, existe “hay un claro incumplimiento de sus deberes, ya que se evidencia que los presupuestos para el cumplimiento de sus funciones son inventados y no –como establece la normativa que crea el organismo– resultado de una planificación de obras”.

La senadora también pide que se investigue la responsabilidad de Gabriel Sánchez Zinny, titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), de la cual depende la DPI.

Sobre Nicholson y Sánchez Zinny cargaron también los legisladores del segundo espacio más grande de la oposición, el Frente Renovador. Los presidentes de los bloques, José Luis Pallares y Rubén Eslaiman, presentaron un pedido de informes en ambas Cámaras de la Legislatura para determinar si Provincia hizo una denuncia penal y si hay un sumario administrativo abierto. También hicieron un pedido de interpelación a Sánchez Zinny y exigieron que Nicholson sea corrido de su cargo. “Queremos saber cómo actuará Vidal ante el primer hecho de corrupción comprobado en su gobierno”, apuntaron desde el massimo.

Desde el arco gremial, ATE Buenos Aires también pidió que Nicholson sea desplazado, a raíz de la fuerte sospecha de corrupción que pesa en su contra.

El titular de ATE, Oscar de Isasi, instó a Vidal y Sánchez Zinny “a que separen a Nicholson de su cargo y el cese de la persecución a delegados y trabajadores en la DPI”. En una conferencia ayer por la mañana en el gremio, añadió que “hay elementos serios en ese audio que probarían un acto de corrupción. Se escucha ahí la necesidad de inventar presupuestos, de inventar el costo de las obras”.

oscar de isasi (ate provincia): “hay elementos serios en ese audio que probarían un acto de corrupción. Se escucha ahí la necesidad de inventar presupuestos, de inventar el costo de las obras”.

“A la vez denunciamos que Nicholson está ejerciendo persecución sobre los trabajadores de la DPI”, afirmó De Isasi sobre el conflicto que se desató cuando funcionarios de Nicholson iniciaron sumarios contra tres delegados de ATE que protestaban por mejores condiciones de trabajo. “Entendemos que ambos temas están relacionados. Romper la organización de los trabajadores en el sector es generar las condiciones de impunidad para poder hacer todo tipo de acciones autoritarias y sin control”.

La respuesta de Provincia

Frente a la repercusión que tomó el tema y mientras la imagen de los principales políticos de Cambiemos cae en picada por la crisis económica, Provincia también decidió hacer una presentación judicial para que se investigue el caso.

Acorralada por las críticas, la Administración bonaerense envió un comunicado donde expresa que la Dirección General de Cultura y Educación “pidió a la Justicia que investigue un audio difundido en algunos medios donde un funcionario de esa cartera realiza una estimación de precios para una reunión de seguimiento ministerial donde se analizarían cotizaciones tentativas para la construcción de cocinas”.

Y agregan que “tal como establece la ley, todas las compras y contrataciones son realizadas a través de licitaciones públicas y transparentes publicadas en el boletín oficial”. La presentación fue en la UFI Nº 17.